La Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de  Jujuy entregó ayer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Congreso un informe que da cuenta de los hechos de criminalización de la protesta social desatados en el marco del proceso de reforma de la Constitución jujeña desde junio a diciembre. La semana próxima será entregado a los organismos internacionales que fueron designados como veedores ante los hechos represivos en Jujuy.

El informe de la Comisión creada en agosto último por el gobierno de Alberto Fernández para relevar las denuncias de violencia institucional en Jujuy refleja el abuso de poder del gobierno provincial, lo que se acentuó por la falta de respuestas de la justicia, provincial y federal, a las denuncias de víctimas de la represión.

El informe reúne testimonios de más de 320 víctimas directas y de más de 114 comunidades indígenas. La Comisión trabajó durante meses en territorio. Se realizaron entrevistas en las localidades de Perico, Palpalá, San Pedro, Libertador General San Martín, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Salinas Grandes, Purmamarca, Humahuaca, Caspalá, Coranzulí, Susques, Pozo Colorado y San Roque, lugares y poblaciones que fueron el marco represivo de la gestión del ahora ex gobernador Gerardo Morales.

El trabajo avanza sobre el contexto social de Jujuy y las consecuencias de esas vulneraciones a los derechos humanos que persisten. De los testimonios recibidos por la Comisión se desprende que gran parte de las personas relevadas están experimentando estrés postraumático, tanto quienes fueron víctimas directas de la violencia institucional como quienes no recibieron en sus cuerpos los efectos directos de la represión pero sí vieron vulnerados sus derechos.

Un caso emblemático es la persecución desde 2015 a la dirigente social Milagro Sala por parte del gobierno jujeño, lo que incluye al Poder judicial de la provincia. Sala sigue en la actualidad en calidad de presa política y con su salud gravemente deteriorada. La Comisión escuchó su testimonio sobre los distintos allanamientos "indebidos realizados en su vivienda" buscando algún elemento que pudiera indicar que fue  ideóloga o instigadora de la movilización social contra la reforma.

“El informe apunta las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han producido y que se siguen produciendo a la fecha, porque estuvimos en diciembre y se dio cuenta de los desalojos en Tilcara y también se incorporan los testimonios". “Se da cuenta de una sistematicidad de los actos represivos por parte del estado y a su vez eso constituye a una responsabilidad internacional del estado argentino”, relató la abogada Mariana Katz, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) e integrante de la Comisión, que estuvo en la provincia relevando información.

Katz dijo que el informe fue presentado en ambos poderes del Estado nacional cumpliendo con el mandato del decreto de creación de esta Comisión. "Es una obligación y deber legal que tenía el coordinador" Mariano Przybylski, y era también "un deber moral para los integrantes de la comisión que asumimos con Adolfo Pérez Esquivel", recordó.

Desde junio hubo otros organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que habían concluido que “la policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia”. Respecto de esos informes, Katz diferenció: “la realidad es que la Comisión oficial estuvo conformada a raíz de un decreto nacional. Por lo tanto las conclusiones arriban a obligaciones que el propio Estado argentino tiene en materia de Derechos humanos", subrayó.

Tras la presentación del informe, resta ahora que la nueva gestión de gobierno lo evalúe. “El informe será remitido a los veedores de carácter internacional que expresa el decreto presidencial. Ellos se iban a acercar a este proceso, de esto se tenían que hacer cargo los ex funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos (de la Nación). No obstante, vamos a presentar ante los organismos internacionales que habían sido designados como veedores”, informó Katz en cuanto al camino que seguirá este relevamiento.

“El informe es un herramienta porque el Estado argentino está reconociendo (su responsabilidad) a través de este trabajo”, precisó. “Lo que diga la Comisión hace a una responsabilidad que el Estado debe tomar", insistió. La abogada explicó que la presentación ante la Corte Suprema se hizo "a los efectos que se considere y que tácitamente el Poder Judicial incorpore a la causa judicial" que inició el Estado nacional contra la provincia de Juju a comienzos de junio" en cuyo trámite la provincia de Jujuy tiene que contestar a la demanda. "Entiendo que el informe puede ser un dictamen independiente de guía para la Corte”, opinó sobre la utilidad del informe.

Habeas corpus sin respuesta

En el informe también se advierte que las víctimas de Jujuy han realizado denuncias sobre la violencia institucional en la justicia ordinaria y en el fuero federal sin obtener respuesta. 

En ese sentido Katz señaló que “ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos se han presentado más de 20 habeas corpus en el Juzgado Federal y 400 en el foro provincial y ninguno ha servido como mecanismo jurídico concreto para poder garantizar la libertad ambulatoria o la libertad de expresión, de reunión, todos derechos garantizados en el artículo 43 de la Constitución Nacional que reconoce la acción de habeas corpus, al igual que está incorporado en tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de la Constitución argentina". 

Es decir que el Estado argentino no cumplió con la normativa que lo obliga a respetar y hacer respetar estos derechos. "Los organismos internacionales de derechos humanos usarán esta herramienta” exigiendo el cumplimiento de tratados internacionales, la remediación con políticas públicas para reparar a las personas que han sido víctimas de las represiones, sostuvo la abogada. 

“Hemos dado cuenta de mucha represión (en junio, cuando se aprobó la reforma que desató la represión) y mucha persecución posterior en el ámbito de salud y educación. La gente no tiene libertad para manifestarse. El Estado provincial ha llevado adelante actos totalitarios y eso no habla de democracia. La democracia es un valor, además de elegir cada dos años, es un valor que hace las relaciones sociales que tenemos como norma fundamental”, aseveró Katz.

A decolonizar 

Katz explicó que el artículo 26 de la Constitución Nacional habla de la primacía constitucional, y los tratados internacionales forman parte de esos mandatos. Los derechos políticos están protegidos por esta normativa, la participación es uno de los derechos fundamentales a tener en cuenta en el tratamiento de una constitución. 

“La democracia es de un valor indivisible sobre los derechos humanos". Los pueblos originarios constituyen una parte de la sociedad afectada por la reforma, que avanza  en legislación sobre sus territorios, donde se desarrolla la vida de las comunidades. Esos lugares que "el Estado denomina recursos naturales pero desde la perspectiva de los comunidades no son recursos en términos económicos sino son bienes naturales que le dan servicio para su cultura, su identidad, hay una mirada distinta en la cosmovisión de la que tiene el Estado", afirmó la abogada. 

Es más, "El Estado se fundó sobre un genocidio, y adquirió ideológicamente las miradas de la colonia. Los funcionarios toman las decisiones y la gente acata, cuando en realidad los funcionarios están en ámbitos de poderes porque las personas comunes votamos cada dos años". Y entendió que "Hay que empezar a descolonizar las cabezas a los fines de poder entender esa situación, no es solamente a los efectos de ir a votar cada dos años. Tenemos que comprender que hay otras personas con otra forma de ver el mundo y que tienen derechos como nosotros y para ellos hay mecanismos como es el derecho a la participación, derecho a la consulta libre previa e informada. Las autoridades están obligadas por las leyes a respetar los derechos de los ciudadanos”.

La Comisión estuvo integrada, con carácter ad honorem, por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el pastor Leonardo Schindler, la antropóloga Diana Lenton y los juristas Eduardo Salvador Barcesat y Humberto Podetti. A ellos se sumaron como colaboradores Mariana Katz, Leonardo Pérez Esquivel, Joel Sverdlik, Alicia Montoya, Florencia Díaz Peccinetti y Alexis Papazian. 

El Tercer Malón de la Paz regresa

Ayer integrantes del Tercer Malón de la Paz anunciaron que retornarán a la provincia tras la presentación del informe oficial de la Comisión. Maloneros y maloneras reclaman que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución porque no se garantizó el derecho a la consulta libre previa e informada, además de que afirman que limita otros derechos constitucionales.

Desiderio Olmos, integrante del Tercer Malón de la Paz, dijo en declaraciones a la agencia Télam que el informe "es lapidario porque es muy objetivo respecto de lo sucedido en materia de criminalización de la protesta y muestra la ilegalidad de la reforma" que impulsó la administración de Morales.

"Retornamos porque necesitamos volver a nuestras casas en un contexto donde esa reforma se sigue legitimando por lo cual insistimos en que se declare su nulidad", agregó antes de contar que la "comisión promotora seguirá organizada para profundizar la defensa" de sus derechos que "garanticen la existencia de las comunidad".