El dato golpeó hasta a los detractores más duros del rol Estado como regulador. En grupos de Whatsapp de empresarios y funcionarios circuló una imágen de una caja de arroz de primera marca con un precio de delirio: 5000 pesos. El alimento, que históricamente fue el producto más barato de la canasta de alimentos, hoy es un lujo. El arroz gate, además, expuso un fenómeno pocas veces visto. La foto de un gobierno preocupado por los efectos de la liberación de precios que ese mismo gobierno produjo, y que se decidió encarar aún cuando la inflación ya venía montada en un 180 por ciento tras la gestión de Sergio Massa en Hacienda. 

En este escenario, en el sector comercial están desconcertados porque los precios en las góndolas se están disparando arriba del 100 por ciento y la única señal de la Secretaría de Comercio es la de no intervención. Además, la liberación de valores les dio a la alimenticias nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) un poder absoluto para remarcar según su esquema de costos. Esto, sin la intermediación del Ejecutivo, desespera a los supermercados de todo el país, que ante la advertencia de caída en las ventas tratan de ver cómo ofertan mejor, mientras los que les venden producto aumentan todo el tiempo. 

Tan de ficción es el contexto actual que el devenir de las noticias genera sorpresas inéditas, casi bizarras. Una cámara de supermercados inventó un acuerdo del Gobierno con esas mismas cadenas, para ofrecer descuentos en determinados productos. Un acuerdo que el mismo gobierno no firmó. Hace unos días, el cordobés Víctor Palpacelli y dirigentes de las cámaras CAS y FASA —que representan a pymes del interior—, lo fueron a ver al secretario de Comercio Interior para llevarle una especie de pacto de precios con descuento de 20 por ciento en 20 productos por un plazo de 60 días. "La iniciativa es resultado de las reuniones llevadas a cabo con el secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Comercio Interior, Fernando Blanco Muiño", reza el texto del comunicado de CAS y FASA sobre la iniciativa. 

Pero la verdad es que Blanco Muiño sólo los recibió y les avisó que "si quieren hacer un acuerdo entre privados, muy bien, pero con nosotros se acabó la persecución. De ninguna manera vamos a controlar precios". En síntesis, el acuerdo no es del gobierno, no está validado por el Gobierno y es tan vago en su contenido que no detalla sobre qué precios se aplica el 20 por ciento y tampoco en qué lugares se conseguirán esos precios y productos. Incluso su nombre, "Precios Diferenciados", fue una propuesta de los privados. 

El antecedente de la carne

No es la primera vez que pasa algo similar. Hace un mes, antes de entrar en terreno de las Fiestas, Mario Ravettino, titular del consorcio exportador de carnes ABC se acercó a funcionarios del gobierno de Milei para decirles que había que acordar una barata de cortes de carne para el mercado interno, ante la disparada a cerca de 10 mil pesos del kilo de asado. 

Horas antes de eso, el mismo gobierno había dejado caer el acuerdo de 7 cortes populares que había firmado Massa. Desde el entorno de Milei le respondieron que si lo quería hacer, era un acuerdo de privados y estaba bien, pero que el Estado no se metería. Ravettino se fue de allí con la idea de que el gobierno busca que los precios del mercado interno sean los mismos que los de exportación. 

Por su parte, las empresas de supermercados grandes, nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), se mantienen al márgen porque en reuniones inviduales de los funcionarios de Comercio con empresas, les dijeron que el problema es que si no se arregla una moderación de precios con los fabricantes de alimentos, es estéril cualquier intento de forzar un acuerdo de precios finales. En Comercio, aseguraron a PáginaI12 que el rol de la secretaría es "de articulación, no coercitivo ni mandatorio" y que "queremos volver al rol de siempre de la secretaría, un rol técnico". 

La teoría de la híper para dolarizar

En el empresariado vinculado al consumo ya hay una sospecha más profunda de por qué el Gobierno habilita un despegue tan fuerte de los precios, a sabiendas de que este tipo de dinámicas no se frenan fácil. 

La idea que tienen muchos es que la bajada de línea que hizo Milei de soltar los precios es, en realidad, el camino previo para llevar a la economía a una híperinflación que pavimente el sendero hacia una dolarización. Hay empresarios que, de hecho, estuvieron en reuniones recientes con los equipos del ministro de Economía, Luis Caputo, y le preguntaron concretamente sobre ese punto. El exDeustche Bank gambetea, pero en su discurso público se han visto menciones al tema de fondo de dolarizar la economía. 

El problema central por estos días es que el Gobierno no dio señales de contención de los ingresos, ni para asalariados ni para jubilados. Es decir, el plan de ajuste sobre el ingreso pone en riesgo la calma social porque los precios de las góndolas no paran de subir. 

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