El juez federal Gustavo Lleral emitió un comunicado sobre el operativo de ayer donde se encontró un cuerpo en la zona donde desapareció Santiago Maldonado. Pero además, Página12 accedió al origen que llevó al magistrado a tomar tal decisión: la declaración de un efectivo de la Prefectura Naval, el mismo que había encabezado los procedimientos anteriores, que sugirió volver a rastrillar el río una vez más “dadas las características irregulares y las ramas” del mismo. En la resolución, fechada el 13 de octubre, Lleral explicó que también tuvo en cuenta los testimonios de los mapuches que señalan el lugar donde Maldonado fue visto por última vez y detalló que el operativo se realizó sólo con personal de Prefectura y sin que ninguno de ellos porte armas. “Ello es así puesto que tengo en consideración los sucesos derivados de anteriores diligencias cumplidas con la intervención de otras fuerzas de seguridad, y la interacción con los ocupantes del lugar que pusieron a la luz un alto grado de tensión y violencia”, expresó el nuevo magistrado del caso, en obvia alusión a los allanamientos ordenados por su antecesor, Guido Otranto. Y explicó que tomaba una serie de recaudos, tales como no permitir la participación de ningún funcionario del Poder Ejecutivo, a partir de los intereses en juego que, según consideró, han afectado el caso. Sin embargo, en la parte dispositiva requirió “al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, que de manera coordinada con la Dirección Nacional de Cinotecnia, arbitre los medios necesarios para contar con canes especializados en la búsqueda de restos humanos en agua”. El juez le está tomando declaración a los bomberos que llevaron los perros y su entrenador Leonardo Silva, bombero de Pilar.

El breve comunicado da cuenta que “en el marco del rastrillaje de ayer se produjo el hallazgo de un cuerpo humano sin vida, vestido con ropas, sumergido en el Río Chubut, a metros de la orilla ubicada dentro del predio indicado. Ante esta novedad, el señor juez federal convocó al personal de Criminalística de la Policía Federal Argentina. Asimismo tomó intervención el perito de parte de los familiares de Santiago Maldonado, doctor Alejandro Inchaurregui”. Y sin más detalles apuntó que “se llevarán a cabo todas aquellas medidas procesales pertinentes y conducentes a la satisfacción del objeto procesal del trámite judicial mencionado”, es decir del habeas corpus por Maldonado. En ese sentido, la fiscalía federal pidió que la autopsia se realice en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense en CABA.

Sin embargo, Lleral previamente había emitido una extensa resolución. “La medida procesal se llevará a cabo con el propósito de agotar todos los esfuerzos para obtener rastros y evidencia, y debe ser resguardada de toda injerencia de intereses ajenos a los objetivos del presente caso, y esto debe ser así porque no escapa al simple observador que, lamentablemente, desde que se lo habría visto, por última vez, a Santiago Maldonado, y desde el primer día desde que se inició su búsqueda, emergieron, sin demora alguna, diferentes posturas, opiniones, acciones y aparentes reclamos que no hicieron más que enturbiar y afectar la obtención de resultados positivos en este proceso de hábeas corpus”, dijo Lleral. “No puedo soslayar, en el razonamiento que se viene haciendo, que confluyeron, en ese mar de intereses, los primeros y legítimos de la familia afectada; los de la comunidad que ocupa el predio en el lugar donde ocurrieron los hechos; los de las diferentes agrupaciones de derechos humanos con diversos objetos y fines que nuclean a sus integrantes; los del Estado Nacional Argentino, que ha resultado denunciado a nivel internacional, así como también las fuerzas de seguridad y funcionarios que eventualmente pudieren estar involucrados en los hechos, y que intervienen como autoridad requerida; los del Estado de la Provincia del Chubut, lugar donde ocurrieron los sucesos; los intereses de los habitantes de esta última provincia; y por supuesto, organismos internacionales de derechos humanos, que se hicieron eco, no sólo de los reclamos de cada uno de aquellos intereses en juego, sino también, detentan un protagonismo activo en el caso”, agregó el juez. A su criterio, son todos “actores que han generado lógicas confusiones en la opinión pública, al declarar sus pretensiones a los medios de prensa, legítimos portadores del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos”.

A fojas 3632/3634 se le recibió declaración testimonial al Prefecto Principal Leandro Antonio Ruata de la Prefectura Naval Argentina. El nombrado, jefe de la delegación de San Carlos de Bariloche, y oficial a cargo de los rastrillajes realizados con anterioridad en el Río Chubut en el marco de esta causa, manifestó, en términos generales, que si bien dichas búsquedas fueron realizadas con buenas condiciones de visibilidad, “sería conveniente efectuar al menos un rastrillaje más, ello debido a las características que presenta el curso de agua. En efecto, el prefecto ha manifestado: “Creo que debería repasarse el río algunas veces más porque tiene muchas zonas irregulares y ramas. Yo haría un repaso completo de todas las zonas”.

Lleral dijo considerar que “el objeto de este proceso de hábeas corpus es dar con la persona de Santiago Maldonado y, de esta manera, dar respuesta al derecho a la verdad que poseen sus familiares”. En ese sentido, expresó que “conforme a lo que se deriva razonadamente de los datos acopiados en el expediente, un nuevo rastrillaje en el cauce del Rio Chubut y sus márgenes, comenzando el mismo dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche “Pu Lof en Resistencia, Cushamen”, lugar donde se lo habría visto, por última vez, a Santiago Andrés Maldonado”.

Dijo el magistrado: