Este miércoles 10 de enero se cumple un mes de la asunción presidencial de Javier Milei. Desde ese entonces, el actual mandatario avanzó en cientos de medidas de corte "refundacional" de la Argentina. La mayoría, enmarcadas dentro del “mega DNU” o la “ley ómnibus” enviada al Congreso — que está siendo debatida en Comisiones de la Cámara de Diputados— en donde figuran embates contra los derechos laborales, despidos de empleados públicos, la criminalización de la protesta, recortes presupuestarios, reformas electorales y desregulaciones que derivaron en aumentos y tarifazos en distintas actividades.
Esta mega reforma de la matriz legal argentina se torna aún más cuestionable si se tiene en cuenta que gran parte de las medidas que fueron decretadas en el DNU 70/2023 —compuesto por más de 300 artículos y que se encuentra vigente desde la medianoche del 30 de diciembre de 2023—, son en realidad atribuciones del Parlamento. Facultades que, a su vez, el Poder Ejecutivo pretende formalizar a su cargo en el proyecto de la denominada “Ley Ómnibus”, que en sus 664 artículos impulsa la declaración de la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
Aumentos sin freno: alimentos, nafta, transporte, prepagas y el inminente tarifazo en los servicios
La desregulación económica del mega DNU generó aumentos indiscriminados y remarcaciones de precios en varios rubros. Además de la suba desbocada que registraron los alimentos, uno de los incrementos más fuertes fue el de la nafta y combustibles. Después de dos importantes subas en diciembre, volvió a aumentar un 27% promedio el 3 de enero tras un incremento en los biocombustibles ordenado por el área de Energía.
En tanto, las tarifas del transporte público volvieron a quedar en el centro de la escena a comienzos de este año. Sobre todo el boleto de los colectivos del AMBA, que las cámaras empresarias sostienen que debería estar por encima de los $800 si se sacan todos los subsidios. Actualmente el boleto mínimo está en $76,02, tras el último incremento del 1° de enero.
En materia de subsidios también se avecina una discusión en torno a los servicios públicos. En estos días, el Gobierno declaró la emergencia energética y comenzaron las audiencias públicas para definir la medida de la quita de subsidios al gas –las empresas ya solicitaron aumentos de hasta 704% en las tarifas– y se convocó a otras audiencias públicas para este 24 de enero, en donde se discutirá de qué magnitud será el tarifazo de luz.
La desregulación también fue una buena noticia para la medicina prepaga. A partir del mega DNU, las empresas privadas aumentaron sus cuotas un 40% desde enero, y pocos días después anunciaron una nueva actualización del 30% en febrero y otra del 10% en marzo.
Desregulación laboral: indemnización, tercerización y horas extra
En el mega DNU, se modifica el Régimen de Contrato de Trabajo y se habilita el uso y abuso de la figura de monotributo, se eleva el período de prueba de 3 a 8 meses, se fomenta la tercerización laboral, se reemplazan las horas extra por el esquema de Banco de Horas, se baja la indemnización por despido, se introducen cambios regresivos en el Régimen del Teletrabajo, y se limita el derecho a huelga en el 60% de las actividades, por considerarlas esenciales.
Despidos de empleados públicos y caída de contratos
A fines de diciembre, Milei decretó la no renovación de los contratos de trabajadores del Estado que se firmaron entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, incluyendo la administración nacional y organismos descentralizados como AFIP, PAMI y ANSES. Fueron alrededor de 7.000 personas que se quedaron sin trabajo.
Además, en la Ley Ómnibus, el Gobierno incluyó una serie de artículos en donde propone la creación de un Fondo de Reconversión Laboral (FRL), un mecanismo por el cual se busca “capacitar” y reubicar a empleados cuyos cargos sean eliminados por el recorte en la administración nacional; caso contrario, serán desvinculados. Si al cabo de 12 meses, no logran reubicar a estos trabajadores, serán desvinculados, por lo que se esperan más despidos por esta vía.
Derogación de la Ley de Alquileres
En el mega DNU, se derogó la Ley de Alquileres, que había sido recientemente modificada meses antes en el Congreso. Al quedar sin efecto la norma, el mercado de alquileres quedó prácticamente desregulado, por lo que las condiciones de los contratos se definen entre las partes. En los hechos, muchos propietarios hoy están publicando en dólares, o con actualizaciones trimestrales en función de la evolución de la inflación medida en el IPC del INDEC.
Privatización de empresas públicas
Dentro de la Ley Ómnibus, Milei incorporó un apartado destinado a la privatización de las compañías estatales y las sociedades en las que el Estado argentino tiene control total o mayoritario. En total, son 41 empresas y organismos, entre las que destacan Aysa, Banco Nación, YPF, Correo Argentino, Enarsa, la agencia de comunicación pública Télam (entre otros medios estatales) y, por supuesto, Aerolíneas Argentinas.
Recorte y eliminación de programas de ayuda económica
Al prorrogar el Presupuesto 2023 para el año que viene, el Gobierno dispuso las mismas partidas presupuestarias para los programas sociales como el Potenciar Trabajo. En tanto, este plan tendrá lo mismos recursos en un año en donde el mismo Milei anticipó que la inflación seguirá acelerándose, lo que en la práctica implica un fuerte recorte.
Los datos oficiales del exMinisterio de Desarrollo Social indican que hasta agosto de 2023 el programa contaba con 1,2 millones de beneficiarios, que actualmente reciben $78.000, equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil ($156.000).
El 31 de diciembre, además, quedó sin efecto el programa “Compre sin IVA”, el sistema de reintegros del 21% en compras de productos masivos que había anunciado en septiembre el exministro de Economía Sergio Massa. Al no prorrogarlo, Milei lo dio de baja y millones de argentinos perdieron ese beneficio.
A su vez, se suspendió la vigencia de los Créditos Anses, la iniciativa que posibilitaba que jubilados, pensionados, personas de bajos recursos y trabajadores en relación de dependencia accedieran a fondos que podían devolver en cuotas a muy baja tasa de interés, respecto de las que ofrece el mercado.
Criminalización de la protesta: el derecho a huelga en el DNU y la ley ómnibus
En el decretazo, el bloqueo y toma del establecimiento laboral pasa a considerarse “injuria laboral grave”, en tanto, al quedar prohibidas estas acciones se penalizan las Asambleas y Congresos de organizaciones sindicales. Además, se limita el derecho a huelga al establecer que los “servicios esenciales” –educación, salud, transporte y otra docena– tendrán la obligación de garantizar una cobertura de al menos el 75% de la prestación normal del servicio durante las medidas de fuerza. En el caso de los “servicios trascendentales” –periodismo, siderurgia, industria alimenticia, construcción, servicios bancarios y otros– ese porcentaje es del 50%.
Por su parte, la Ley Ómnibus criminaliza la protesta en las calles en general, al establecer duras sanciones para los manifestantes. Por ejemplo, se castiga con 3 meses a 2 años de prisión a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” de los transportes por todos los medios o la provisión de servicios públicos.
A su vez, considera como “reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente".
Devaluación del dólar y baja en la tasa de interés del BCRA
Los primeros anuncios del nuevo Gobierno los hizo el ministro de Economía Luis Caputo, el 12 de diciembre. Entre el paquete de medidas anunció una devaluación del 119% en el dólar oficial, hasta los $800 (aunque finalmente terminó siendo $820 al otro día).
Además de motorizar la aceleración inflacionaria como cualquier devaluación de este tipo, el ajuste cambiario impactó en otras cotizaciones, como el dólar tarjeta –de consumos con plásticos en moneda extranjera–, aunque en ese caso tuvo un efecto amortiguado por una baja en los impuestos que se cobran sobre esos gastos. Tras mantener casi un mes la brecha, el blue ya superó los $1.100.
A mediados de diciembre, el BCRA anunció además una baja en su tasa de interés de referencia, por lo que los intereses de los plazos fijos bancarios bajaron de un 133% a 110% (poco más de 9% mensual). Así, estas colocaciones en pesos fueron fuertemente desincentivadas, ya que en comparación a una inflación que avanza entre 20% y 30% mensual, el ahorrista se vio fuertemente perjudicado y migró a otros instrumentos.
