El plan para abortar el proceso secesionista en Cataluña fija elecciones anticipadas para enero, según el acuerdo alcanzado entre el gobierno español de Mariano Rajoy y la oposición socialista en torno de las medidas que se adoptarán para intervenir en la norteña región al amparo del artículo 155 de la Constitución española.

Entretanto, el rey Felipe VI se mostró ayer convencido de que las “legítimas” instituciones democráticas españolas resolverán, dentro del respeto a la Constitución, el “inaceptable intento de secesión” de las autoridades de Cataluña, aseguró en la norteña Oviedo durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Felipe de Borbón dijo que el intento secesionista al que España tiene que hacer frente en la actualidad se solventará “ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace 39 años”, en alusión a la aprobación de la Constitución de 1978.

Entretanto, la hipotética fecha de las elecciones anticipadas se conoce un día antes de que el Ejecutivo central concrete las medidas excepcionales que adoptará para intervenir en la región, cuyo gobierno emprendió una vía de ruptura que amenaza con concretarse la próxima semana con una declaración unilateral formal de independencia por parte del Parlamento regional.

Desde Bruselas, Rajoy no quiso adelantar la actuación prevista pero dijo que contaba con el apoyo de todos sus socios de la Unión Europea (UE), tras justificar la intervención regional como una medida de “última instancia” ante la “situación límite” a la que los secesionistas llevaron a Cataluña “liquidando la ley”. 

La ex ministra socialista Carmen Calvo, quien encabezó las negociaciones del Partido Socialista (PSOE) con el gobierno de Rajoy, había confirmado horas antes que el plan era convocar elecciones en enero, algo que también avalo Albert Rivera, el líder del partido liberal Ciudadanos. Sin embargo, el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, consideró “prematuro” anticipar ese escenario, consciente de las evidentes dificultades que se derivarán de una intervención inédita en democracia, que será resistida por el movimiento independentista catalán, con el gobierno del presidente Carles Puigdemont a la cabeza. 

“El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene absolutamente claro desde el minuto uno que esto tiene que llevar a Cataluña a unas elecciones”, sostuvo antes Calvo en declaraciones al canal TVE. No obstante, Calvo añadió que hasta que se aprueben las medidas de intervención en el Senado, el presidente catalán, Puigdemont, todavía tienen en sus manos la posibilidad de convocar elecciones, algo que “le pedimos que haga”.

De lo contrario, la dirigente socialista respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, según subrayó, “no tiene un carácter punitivo ni supone la suspensión de la autonomía de Cataluña”, sino que “tiene que ver con la reposición de la legalidad constitucional y estatutaria que rompieron los secesionistas”. 

“Queremos que no se toquen las leyes de Cataluña, que Cataluña se siga sintiendo cómoda en su autogobierno y lo que queremos es llevar a la sociedad catalana a un espacio de normalidad que le permita hablar en las urnas”, remarcó. La intervención, calificada de “quirúrgica” por fuentes gubernamentales, pretende limitarse a la suspensión de competencias y sustitución de autoridades en las áreas donde se incumple la ley durante el tiempo de transición hacia los eventuales comicios. 

La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña era el objetivo que se planteaba como salida a la crisis desde que se empezó a estudiar la aplicación del polémico articulo 155, que permite al gobierno central tomar medidas excepcionales para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones si no lo hace o está en juego el interés general. 

Antes del referéndum del 1 de octubre, que los secesionistas celebraron pese a que que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, el partido liberal Ciudadanos, que también apoya la intervención del gobierno de Rajoy, ya exigía actuar al amparo del artículo 155 con esa única finalidad, con el argumento de que era la “salida democrática” al conflicto.

No obstante, el Ejecutivo del Partido Popular (PP) evitó precipitar esta opción, debido a que este precepto constitucional nunca antes se aplicó en democracia y es visto como un ataque al autogobierno regional. 

El escenario cambió después de que Puigdemont dijo el martes pasado desde la tribuna del parlamento regional que asumía el mandato del pueblo expresado en las urnas el 1º de octubre para declarar la independencia y, al mismo tiempo, lo suspendía. 

Esa formulación, que generó confusión, motivó al Ejecutivo a hacer un requerimiento formal al presidente regional para que aclarara si había declarado la independencia de Cataluña, un acto que atenta contra el “interés general” de España, porque afecta la integridad territorial del Estado, y la soberanía nacional consagradas en la Constitución. 

Al vencer el jueves pasado el plazo de ese requerimiento, Puigdemont envió una carta a Rajoy en la que sostuvo que el parlamento no había votado la secesión, pero amenazó con hacerlo si el gobierno español seguía negándose al diálogo y mantenía la represión.

El Ejecutivo español dio entonces el paso y puso en marcha el artículo 155, cuyas medidas concretas se conocerán hoy al finalizar el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Rajoy. 

Puigdemont tiene al menos una semana más para convocar él mismo elecciones dando marcha atrás a sus planes antes de que el Senado apruebe las medidas extraordinarias. 

Pero el vicepresidente catalán Oriol Junqueras no parece dispuesto a apoyar esa decisión: “Mi posición es clarísima: convocar elecciones ahora no es la mejor manera de avanzar”, dijo ayer en una entrevista en Catalunya Radio. 

A pesar de que existe división dentro del gobierno catalán la convocatoria a elecciones regionales anticipadas no parece ser tampoco una opción para los secesionistas, quienes en 2015 ya celebraron unos comicios “plebiscitarios” ante la imposibilidad de realizar un referéndum pactado sobre la independencia, lo que derivó en el actual plan de ruptura liderado por Puigdemont.