La actividad turística en Machu Picchu se vio afectada por una huelga convocada por pobladores, contra el nuevo sistema privado adoptado por el Gobierno peruano para la venta de entradas a la ciudadela inca más visitada en el mundo.

La protesta fue organizada por colectivos del distrito de Machu Picchu Pueblo, departamento de Cusco, en rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura de contratar a un intermediario privado para que gestione la venta en línea de los ingresos.

El llamado paro indefinido incluyó en su primer día marchas, el cierre de comercios y bloqueos en la vía del tren que conduce al complejo prehispánico, que es visitado por un millón de personas al año.

"Nosotros estamos en contra de la privatización sistemática de Machu Picchu. El pueblo no está de acuerdo, esta empresa ha sido contratada de manera ilegal. Las organizaciones piden que se anule el contrato con la empresa Joinnus", explicó el exalcalde de Machu Picchu Darwin Baca en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

Al caer la tarde, la policía reprimió con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que obstruía la vía férrea, sin que las autoridades reportaran heridos o detenidos.

La concesionaria Ferrocarril Transandino anunció anoche la suspensión de sus servicios para este viernes entre Ollantaytambo y Machu Picchu, debido a los enfrentamientos entre manifestantes y policía cerca de la estación de tren.

Los manifestantes, con banderas y pancartas en las que se lee "Machu Picchu no se privatiza, ni se alquila" o "Ministra de Cultura renuncia ya", interrumpieron el paso del tren, lo que obligó a los viajeros a caminar unos tres kilómetros hasta la entrada de la ciudadela.

Además del tren, se puede llegar al complejo arqueológico a pie o acercarse en colectivo.

El nuevo sistema de venta de entradas

Esa cartera dejó en manos de la empresa peruana Joinnus la venta por internet de los ingresos a Machu Picchu y la red de caminos incas, tras alegar problemas con su plataforma virtual.

Sin embargo, comerciantes y operadores turísticos se oponen al nuevo sistema, que comenzó a funcionar el sábado, por considerar que es el primer paso hacia la privatización del lugar.

El Colectivo Popular Machu Picchu denunció en un comunicado que Joinnus ganará hasta 12 millones de soles (unos 3,2 millones de dólares) al año en comisiones por la venta de los boletos.

"No hay privatización. Tenemos que asegurar un absoluto control de todas las personas que ingresan a nuestra ciudadela porque hay un tema de carga, de peso y si no controlamos eso vamos a tener consecuencias", dijo la jefa de Asesores del Ministerio de Cultura, Ana Peña, en conferencia de prensa. "Está en riesgo que Machu Picchu salga de la lista de Patrimonio de la Humanidad de Unesco. El exceso de los visitantes puede deteriorar el patrimonio", agregó.