El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, aseguró que la provincia de Buenos Aires sostendrá su posición de limitar los incrementos en las cuotas de los colegios de gestión privada. En el territorio bonaerense, siete de cada diez de escuelas privadas reciben aportes estatales. “En la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 están subvencionadas por el Estado”, amplió el funcionario.

En declaraciones radiales, Sileoni aseguró que pese al “espíritu desregulador que tiene el gobierno nacional para que haya menos Estado”, en la Provincia rige "una ley de educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo”. Y si bien señaló que “esos topes no son fijos, porque se van moviendo con la inflación", fue taxativo respecto del rol del ejecutivo provincial: "no hay desregulación”. Agregó que que la mayoría de las escuelas que reciben subvención estatal dedican ese ingreso a sostener entre el 80 y el 100 por ciento de los salarios y que, de acuerdo al porcentaje que reciben, la Provincia limita el monto de las cuota y de matrículas que cada institución cobra. “No estamos diciendo ‘no a la educación privada’, sino que le tenemos respeto por cuanto representan el 30% del sistema educativo bonaerense y ofrecen un enorme testimonio social”, aseguró. Sileoni dijo además que si bien la gestión que integra reconoce la labor de las escuelas privadas, es necesario que haya "topes en las cuotas y matrículas para defender el bolsillo de las familias” y que por el momento no advierten "una tendencia de traspaso” desde las escuelas privadas hacia las públicas. Lo que sí detectaron es "una mayor frecuencia de consultas en las jefaturas de distritos donde están nuestros inspectores”. E insistió con que "de ningún modo es un éxodo o una tendencia, sino que hay una inquietud mayor porque el tiempo que tenemos por delante es de incertidumbre”. Agregó además que la gestión bonaerense no tienen como objetivo "que haya un traspaso masivo porque no es el equilibrio que se desea”.

Sobre la posibilidad tener un conflicto gremial en ciernes debido a los recortes de fondos nacionales enviados a la provincia, Sileoni aseguró: “decíamos con orgullo que entre el 2019 y el 2023 las clases empezaron el 1° de marzo, como corresponde, pero este año no puedo contestar con la misma certeza”. Agregó que de cualquier manera, cuentan con una mesa gremial "responsable y comprometida, con la que dialogamos mucho", aunque admitio que "representan a trabajadores que verán impactado el poder adquisitivo de sus salarios”. De todos modos, consideró que “si hubiera conflictos, deberían trasladarse al gobierno nacional porque nuestro gobierno sigue activo y prefiere al Estado, así como la igualdad de las personas, mientras que la Nación toma decisiones en contra de la gente”.