Más de diez mil personas hicieron fila en el Ministerio de Capital Humano para pedirle a su titular, Sandra Pettovello, asistencia alimentaria. “¿La gente tiene hambre? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, pero no a los referentes”, le había dicho el jueves pasado la ministra a los dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que llegaron hasta su puerta —con varios centenares de manifestantes— para reclamar que el gobierno envíe insumos a los comedores comunitarios.
Ese día los referentes de los movimientos sociales no fueron recibidos, pero le tomaron la palabra. Ahora, como parte del plan de lucha de la UTEP, pero individualmente y con DNI —tal como les habían sido sugerido—, vecinos de los barrios populares del conurbano y CABA organizados en la UTEP fueron a anotarse para recibir alimentos. Arrancaron la fila en la entrada al Ministerio, ubicado en la esquina de Cerrito y Juncal, temprano en la mañana, y se fueron parando uno detrás de otro. Al mediodía, la fila tenía un largo de treinta cuadras.
Mientras ocurría la protesta, la Ministra se mostró en una iglesia evangélica de José C. Paz, en el oeste del conurbano. Acompañada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre 1responsable del área de asistencia alimentaria—, firmó un convenio por alimentos con una red de comedores vinculados a una fundación, “para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios”, según consignó la gacetilla distribuida a los medios.
A los cronistas que la consultaron sobre la fila que recorría la avenida 9 de Julio de punta a punta, Pettovello les dijo que se trataba de personas usadas por las organizaciones sociales. "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol: los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual, pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol", sostuvo.
La cartera de Capital Humano dio a conocer un comunicado indicando que “los comedores que soliciten fondos deben hacerlo a través de los canales oficiales y cumpliendo los requisitos correspondientes". A su vez el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Pettovello no recibiría a las personas que se concentraron en su ministerio porque "jamás los ha convocado".
Así, el gobierno volvió a tensar la cuerda con los movimientos sociales de la UTEP, que el 24 de enero se sumaron al paro nacional de la CGT y las dos CTA en un acercamiento entre los sindicatos y las organizaciones sociales que —a medida que se agrava la situación social, el Congreso trata la ley ómnibus y Patricia Bullrich reparte gases y palos para quienes protestan— apunta a ganar fuerza. No era algo cantado: por el contrario, antes de asumir la presidencia, Javier Milei había asegurado que el ajuste sobre el gasto público sería brutal pero con excepción de la asistencia social. No es lo que está ocurriendo, y eso tendrá efectos sobre los modos en los que la conflictividad social puede articularse.
Dos meses
El gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei, en diciembre. Son dos meses en los que, por el aumento en el precio de la comida y la caída en los ingresos de la clase media y los sectores populares, la demanda en los comedores y merenderos está en aumento.
“Se duplicó”, aseguró a Página/12 Johanna Duarte, integrante de la conducción nacional de la UTEP. Los referentes de ese espacio estiman que unas cuatro millones de personas recurren a la red de comedores comunitarios.
“Hay casi 50 mil comedores y merenderos reconocidos por el Estado y todos están en una situación muy crítica porque dejó de llegarles asistencia. Con esta inflación, no sólo se acercan a buscar comida las familias de los trabajadores informales, sino que se están agregando las de trabajadores con empleo formal, porque con lo que ganan no llegan a comer todo el mes”, explicó Duarte. La referente es chaqueña, y remarcó que de manera simultánea a la protesta en la ciudad de Buenos Aires, la UTEP hizo acciones similares frente a delegaciones de la Secretaría de Niñez y Familia de todo el país.
Con la movida, buscaron hacer visible lo crítico del panorama: los comedores de los barrios más pobres están bajo una doble presión, porque en momentos en que más personas se acercan a pedir una vianda se encuentran desabastecidos. Cocinan con lo que les pasan los intendentes —más atentos que el gobierno nacional a que el territorio no se les incendie— y con las donaciones que consiguen de comerciantes y vecinos que, según advierten las organizaciones sociales, no alcanzan. Entre los referentes sociales hay preocupación porque ven que las filas que se forman para pedir comida han ocurrido situaciones de violencia, cuando lo que hay para repartir no alcanza para todos los que esperan.
El Estado tiene dos maneras de hacer llegar comida a quienes necesitan: mediante transferencias de dinero —la tarjeta Alimentar— o con camiones que llevan insumos a los comedores de las organizaciones sociales —que en un número menor también tienen las iglesias y algunas ongs—. Hay comedores que tienen una tarjeta Alimentar especial, para hacer compras de frescos, pero son una minoría.
Si bien en estos dos meses el Gobierno aumentó el monto de la Tarjeta Alimentar —que actualmente es de 44 mil pesos—, ese dinero no asegura la comida diaria de todo un mes. Y lo recibe un universo acotado, de dos millones de niños con Asignación Universal por Hijo.
La segunda vía de asistencia, el envío de alimentos a los comedores, permanece cortada. En estos dos meses que lleva el gobierno de Milei, el Ministerio no ejecutó las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores que por ley se habían renovado, replicando presupuesto de 2023. El área que depende de Pablo de la Torre mantiene pisados los programas con financiamiento del BID para la compra de alimentos secos y frescos —el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”— y otros con fondeo local, que suman unos 180.000 millones de pesos. De ese presupuesto disponible hasta ahora se utilizó cero.
La denuncia de Grabois
La decisión de Pettovello de no recibir a quienes se acercaron al Ministerio generó una denuncia penal de Grabois contra la Ministra por incumplimiento de deberes de funcionario público. En un escrito presentado ante la justicia federal, pidió que se investigue a la Ministra por “no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina, violando así, normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como Ministra con competencia directa en el tema”.
“La única medida tomada por el actual gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar, pero al mismo tiempo suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar. Esto quiere decir lisa y llanamente que no están entregando alimentos. Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito” advierte la presentación. La denuncia quedó en el despacho del juez federal Sebastián Casanello.
La Iglesia católica y la CGT
Durante la jornada la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) también sentó postura y respaldó el reclamo de la UTEP al difundir un documento en el que planteó que "la comida no puede ser una variable de ajuste".
"La inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos. Lo siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios. También todo el universo de la economía popular, donde prácticamente se trabaja sin derechos. Pensemos en los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los ladrilleros, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado y de servicio. Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas.
"Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste".
"Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria. Y para eso se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo, aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ante una crisis no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, es necesaria la comunidad", agregaron los obispos para remarcar la importancia de atender a los comedores comunitarios.
Por último, la CGT calificó la actitud de la titular del Capital Humano como "insensible y discriminatoria" frente a los reclamos que realizan organizaciones sociales nucleadas en UTEP. Es más, señalaron que "si lo que va a regir es la 'ley de la selva', lo que sobrevendrá es un horizonte de mayor decadencia y desintegración. Es preciso prestar debida atención a estas alarmas y prevalecer en el esfuerzo para curar, cuidar y compartir con los más débiles o desprotegidos, que es lo que nos constituye como comunidad". En ese contexto advirtieron que "no es con la soberbia de cerrar las puertas a quienes reclaman, ni con la indiferencia de hacer oídos sordos a los que necesitan, como podremos encaminarnos en un marco de cordura y diálogo hacia las soluciones".
