En el día en que se cumplieron 35 días de detención del docente universitario Nahuel Morandini y el trabajador independiente Roque Villegas, acusados por haber publicado en redes sociales un comentario sobre la vida privada del ex gobernador Gerardo Morales, su esposa Tulia Snopek y la pequeña hija de este matrimonio, se conocieron varias novedades en torno al caso.
Por un lado, la familia de Morandini anunció que la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y el abogado Marcos Aldazábal asumen la defensa del docente. Ambos son conocidos en Jujuy porque litigaron en defensa de la dirigente social Milagro Sala.
Gómez Alcorta confirmó su participación en la defensa de Morandini. “En Jujuy hace años que el Estado de derecho es una ficción y solo por eso es posible que le imputen por esa acción el delito de lesiones y de alteración del estado civil y, además le dicten la prisión preventiva por 60 días”, escribió en su cuenta de X.
“En la causa intervienen: un fiscal especializado en delitos económicos, una fiscalía de violencia de género, la defensoría de niñxs y, como querellantes: la esposa de Morales y el Consejo Provincial de Mujeres. Todo actúan por una publicación, sin foto, ni nombres propios en una red social. Ya se han presentado acciones internacionales para, una vez más, denunciar a la provincia de Jujuy por la persecución judicial, las graves violaciones a los derechos humanos y, en el caso, por la absoluta falta de objetividad del fiscal y de imparcialidad del juez”, expuso la abogada.
Por otro lado, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) informó que “en defensa de su derecho a la libertad de expresión" se presentó en la causa penal que se sigue contra Morandini y Villegas con "la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional Sección Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas” .
Esta causa se inició el 4 de enero con la aprehensión de Morandini y Villegas. Al día siguiente el juez de Control Roberto Aseff ordenó que sean mantenidos en prisión preventiva por 60 días, acusados por delitos graves como lesiones psíquicas en perjuicio de la esposa de Snopek, y por supresión de identidad de la hija del matrimonio.
Además, la justicia de Jujuy les prohibió hablar del caso a ambos detenidos y a sus familiares. También obligó a Morandini y Villegas a un tratamiento psiquiátrico por supuestamente ejercer violencia de género a través de la publicación en redes. “Todos estos métodos representan la utilización del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión”, sostuvo el CELS.
Malestar psíquico y físico
LucÍa Castro Olivera, pareja de Morandini, contó que su compañero empieza a experimentar “un notorio malestar psíquico y físico". "Hace 3 días está con cólicos intestinales”, detalló. Castro Olivera señaló que Morandini sabe del apoyo nacional e internacional" y eso "lo fortalece", pero "a la vez desespera con la arbitrariedad con la que se manejan el juez y el fiscal (Walter Rondón), la parcialidad y la desproporción de esta prisión preventiva que le impusieron”.
Una delegación nacional de derechos humanos que días atrás solicitó participar de la causa con la figura de “amigo del tribunal" realizó oservaciones sobre irregularidades en el proceso penal que se sigue contra Morandini y Villegas.
Integrantes de esta delegación visitaron a los detenidos en el penal de Villa Gorriti. "Pudimos ver el contexto donde él está encerrado todos los días. Un lugar con poca ventilación, poca luz del día. Están la mayor parte del día con luz artificial”, describió el lugar de detencion Castro Olivera, que compartió esa visita.
“Creo que (la detención) va calando mucho en la salud de Nahuel. Él es una persona que trabaja en el campo, viaja mucho y pasa el tiempo al aire libre, y la situación de encierro provoca síntomas. Los cólicos intestinales son lo primero que manifiesta en estos días de detención. El cansancio pesa mucho y en la familia también, realizamos acciones para visibilizar esta injusticia”, detalló.
También remarcó las presentaciones judiciales en la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con pedido de intervención para que la justicia jujeña acomode su accionar a estándares internacionales de protección de derechos y garantías. “Es algo que nos alienta, pero por otro lado es una presión saber que hay un contexto de apoyo pero, sin embargo, en Jujuy es la misma respuesta”, reflexionó.
En cuanto al cambio de defensa, Castro Olivera comentó que Gómez Alcorta y Aldazábal "desde un primer momento se pusieron a disposición para aportar técnicamente", que ya venían colaborando con la defensa de Morandini, "pero también (su participación) nos permite tener otra visibilidad del caso. Transcurrió mucho tiempo y necesitamos que esto se visualice a nivel nacional e internacional porque claramente no venimos teniendo ninguna respuesta positiva por parte de la justicia jujeña y necesitamos que a nivel nacional cobre dimensión por la gravedad de la situación de Jujuy”, sostuvo.
Señaló en este sentido que Gómez Alcorta y Aldazábal "tienen esa proyección nacional" además de ser "militantes de derechos humanos de un estudio penalista que trabaja esas causas. Esta causa tiene tantos ribetes de violación de derechos básicos y fundamentales" y la idea es "mantener esa perspectiva y vínculos con organismos tanto a nivel nacional e internacional que nos ayuden a saltar el cerco de la injustica jujeña”.
La situación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy viene siendo observada por la CIDH desde hace varios años, en particular desde el ensañamiento, hostigamiento y criminalización contra Milagro Sala. El año pasado, en el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución de la provincia, la CIDH llamó al gobierno de Jujuy a respetar estándares sobre el uso de la fuerza y el derecho a la protesta social. Aun así, abogados y abogadas integrantes de organismos de derechos humanos, referentes indígenas y activistas fueron sancionados con aplicación de contravenciones o incluso la justicia provincial los criminalizó y condenó por manifestarse.
