El documento presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a poner en debate en las más altas esferas del poder político y toma cuerpo en la opinión pública la necesidad de repensar y redefinir el sistema sanitario de la República Argentina.

No es desatinado exponer el tema en el marco de un documento para el debate, nutrido fundamentalmente de un recorrido histórico y con alto contenido de definiciones sobre modelos económicos, en donde el tema salud como pilar fundamental de las políticas de producción, desarrollo y bienestar del pueblo, junto al trabajo y la educación, deben constituir ejes estratégicos.

El “modelo industrialista” que busca sustituir importaciones, activar el ciclo de producción y consumo y proveer una mayor y equitativa distribución de ingresos, necesariamente requiere configurar como un eslabón nuclear del proceso al capital humano, y es allí donde la apertura hacia el debate de un sistema sanitario eficiente se hace elemental.

Contrariamente, los modelos económicos de “valorización financiera” en el marco de las ideas del Consenso de Washington y los condicionamientos que el FMI impone a los países deudores con restricción y recorte de la inversión en las áreas sociales, desfinanciando al sistema de salud, con deterioro progresivo de los salarios y las condiciones de trabajo, impacta negativamente en los indicadores sociales y sanitarios, degradando el capital humano a la categoría de “un costo más”.

Nuestro país cuenta con un sistema de salud altamente desarrollado en relación a otros países de América Latina, en el que debe considerarse también un alto nivel de gasto, considerablemente mayor que en muchos de estos países, aunque este mayor gasto en salud no se refleja en mejores indicadores sanitarios ni en los resultados esperados.

Es sabido que este desajuste entre la inversión en salud y los resultados sanitarios debe atribuirse en alto grado a la segmentación y fragmentación que presenta nuestro sistema sanitario, en donde la segmentación se da tanto en forma horizontal, con la coexistencia de diversos niveles de accesibilidad según las diferentes zonas geográficas, como así también en forma vertical en relación a la calidad de prestaciones sanitarias que reciben las poblaciones según su nivel socioeconómico.

Por su parte, la fragmentación está relacionada a la casi inexistente coordinación entre los tres subsectores (público, obras sociales y privados) y los niveles de atención (desde la atención comunitaria a la alta complejidad).

La historia sanitaria Argentina toma vigor a partir de la creación del Ministerio de Salud de la Nación en el año 1946, con la designación del doctor Ramón Carrillo como ministro. Durante los años subsiguientes y hasta el golpe militar de 1955, la política sanitaria se caracterizó por un fuerte rol del Estado Nacional, un importante desarrollo de la capacidad instalada del sistema público de salud y una firme centralización normativa que propiciaba la ejecución descentralizada de los planes sanitarios.

Esa fuerte centralidad del Estado en materia de salud se evidenció en el mejoramiento de todos los indicadores sanitarios de la época.

A partir de 1955, las reiteradas rupturas institucionales y la permanente sucesión de gobiernos militares, con breves períodos de gobiernos democráticos, muy debilitados, hizo imposible la continuidad de políticas estatales y el sostenimiento de programas sanitarios a largo plazo que consolidaran los logros que en el ámbito de la salud se habían obtenido.

Sucedieron durante diferentes gobiernos de facto algunas iniciativas que dejaron una huella indeleble en la organización del sistema de salud y que hasta la actualidad persisten como factores involucrados fuertemente en la configuración del sistema sanitario argentino.

A partir de 1973 y con la llegada al gobierno del General Perón, se empieza a diseñar un proyecto de ley para la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que quedará plasmado a través de la ley 20748/74, como marco legal para la implementación del nuevo sistema sanitario argentino.

No obstante, esta ley, que había nacido del consenso con la principal fuerza opositora, el radicalismo, sufrió algunas modificaciones emanadas principalmente de los sectores que se oponían fuertemente a su sanción e implementación. Las presiones y conflictividad generadas condicionaron y dificultaron su posterior implementación. 

Este periodo de ampliación del sistema es coincidente con el periodo industrialista de sustitución de importaciones al que hace referencia el documento de la expresidenta.

Posteriormente, durante el periodo 2003-2014 se produjo una fuerte expansión en infraestructura y equipamiento en el sistema público de salud, tanto en obras nuevas como ampliaciones, remodelaciones y refuncionalizaciones. Estas obras acompañaron la implementación de programas y la sanción de más de 100 leyes en materia de salud. También en ese mismo periodo el sector privado de la salud experimento un crecimiento exponencial casi triplicando en una década su capacidad operativa.

Actualmente la cobertura de salud en nuestro país comprende básicamente cuatro grupos. El sistema público propiamente dicho a través de los hospitales y centros de salud, el sistema de obras sociales, el PAMI y las empresas de medicina prepaga.

El sistema de medicina prepago privado cubre la salud de alrededor de un 10 por ciento de los habitantes. El sistema de obras sociales cubre casi al 55 por ciento de la población. La cobertura aportada por este sistema es muy heterogénea. Muchos de los afiliados lo son también del sistema de medicina prepaga. Casi un 20 por ciento de la población recibe cobertura exclusivamente del sistema público y el resto de la población recibe coberturas de salud mixta o a través de mutuales. El PAMI cubre alrededor de 5 millones de personas.

La reciente pandemia puso en evidencia las fortalezas del sistema sanitario argentino y a la vez la dispersión y duplicación de los recursos asignados por los diferentes subsectores, no obstante, integrar el sistema impone repensar el modelo de atención, gestión y financiamiento que permita determinar roles, responsabilidades y complementariedades de cada uno de los actores en función de una visión global del sistema.

La crisis de deuda y la recesión económica, tal como lo expresa el documento, implica la pérdida de puestos de trabajo y consecuentemente de la cobertura por obras sociales e imposibilidad de pago de bolsillo de la medicina privada, dando origen a una sobredemanda al sector público de la salud lo que configurara un escenario de alteración negativa en los indicadores sanitarios, socavando la actividad de científicos y profesionales de la salud.

El desfinanciamiento de las obras sociales pone en riesgo el reconocido trabajo realizado por estas en relación a la promoción, prevención y antenimiento de la salud de los trabajadores y su familia. La suba descontrolada de las cuotas que las empresas de medicina privada aplican a sus afiliados y el descomunal aumento del precio de los medicamentos ponen en riesgo la salud de los argentinos y agravian el status de derecho que la constituye históricamente.

El modelo libertario de mercado no aplica al sistema de salud, ni en Argentina ni en el resto del mundo.

Oscar Trotta es médico pediatra. Docente Universitario. Directivo del Hospital Samic “Rene Favaloro”. Miembro del Foro Popular de Salud.