Niña Lila es una menor de 5 años cuya vida ha sido judicializada desde temprana edad. Hace un año se encuentra privada de comunicarse con su madre y su familia materna, después de haber señalado a su papá como el perpetrador de abusos sexuales contra ella, ante una institución del Estado.
Hace exactamente un año, la vida de la niña Lila, cuyo nombre se utiliza como seudónimo para proteger su identidad, tomó un giro inesperado cuando la Justicia de La Rioja decidió separarla de su madre y otorgarle la responsabilidad del cuidado de la niña a la madre del presunto abusador. Este acontecimiento marcó la vida de una niña atravesada por una larga batalla judicial.
La historia de Lila, antes conocida como el caso "Cosquillitas", comenzó en La Rioja poco después de su nacimiento. Nacida a fines de 2018 en un contexto de violencia de género, con una madre diagnosticada con depresión postparto, la niña se vio envuelta en un litigio legal iniciado por su progenitor en 2019, reclamando el cuidado exclusivo a través de la subsecretaría de niños, niñas y adolescentes de La Rioja. A pesar de que la progenitora estaba bajo tratamiento de salud mental y se vio obligada a presentar informes psicológicos por años, la situación de violencia persistió. Según uno de estos informes, la profesional advierte: “pasados dos años de asistencia psicológica no pude observar que el nivel agresivo del padre contra la madre y la niña involucrada se haya moderado”. A pesar de las denuncias por violencia de género y las medidas perimetrales, la niña tuvo vínculo fluido con ambos progenitores hasta finales de 2021, cuando la madre denunció a su ex pareja por un presunto abuso sexual contra la niña. Según la denunciante, la niña se negaba a ir con su progenitor porque este le hacía “cosquillitas en la cola”. Inmediatamente, el progenitor hizo público el caso, sosteniendo que él era víctima de una falsa denuncia y que su hija era “otro caso Lucio más”. La situación de violencia escaló y la madre de la niña decidió mudarse a la provincia de Córdoba, donde la niña vivió todo el 2022 sin contacto con su progenitor. En marzo de 2022, el progenitor denuncia a la progenitora por impedimento de contacto; en junio, la niña asiste a una audiencia con la jueza de familia de La Rioja; en agosto de 2022, por primera vez el progenitor paga cuota alimentaria por su hija; y en diciembre de 2022, una militante libertaria de la provincia de Buenos Aires contratada por el progenitor irrumpe en la vida de la niña. La Sra. Vaquero Morelli, que sostiene presidir una ONG, expuso el caso de la niña en medios nacionales exponiendo su identidad y acusando a la madre de ser una potencial asesina, retomando la comparación con el caso de Lucio Dupuy, divulgando información falsa sobre la causa junto con audios de conversaciones privadas de la mujer con su agresor cuando transitaba su depresión postparto, asegurando que la niña corría riesgo de vida.
La incursión de Vaquero Morelli derivó en una denuncia de violencia familiar radicada en contra de la progenitora, por lo que madre e hija debieron comparecer ante la sede del equipo técnico de los juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género. Fue allí donde la niña, en una de las entrevistas realizadas ante la SENAF de Córdoba, relata detalladamente los abusos sexuales que habría sufrido por parte de su progenitor. El informe técnico de Córdoba advirtió “posible vulneración de derechos emergiendo riesgo elevado en el contacto paterno filial”, sosteniendo que la progenitora “se habría constituido para la niña en referente de contención y resguardo” por lo que resolvieron otorgar por 3 meses la prohibición de contacto recíproco entre la niña y el progenitor, y seguir indagando exhortando a la justicia de La Rioja a brindar información sobre los expedientes que existieran sobre la niña. La Justicia de La Rioja, en lugar de proveer dicha información a la Justicia de Córdoba, resolvió traer a la niña a la provincia riojana dejándola 20 días en un dispositivo de cuidado. Desde entonces, la niña ha sido privada de muchos de sus derechos, incluida la comunicación con su madre, su principal referente emocional. En muy poco tiempo, la justicia riojana encontró justificativos para prohibir toda vinculación de la niña con su familia materna. Se le colocó tobillera a ambos progenitores para que no se acercaran a la niña, pero como la responsable del cuidado parental y administradora del dispositivo dual de monitoreo es la madre del presunto abusador, la familia materna desconfía de que realmente ellos no estén en contacto.
Este caso está siendo estudiado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una acción extraordinaria presentada por la madre de la niña. La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, solicitó a ambas provincias los expedientes de las causas en busca de garantizar los derechos fundamentales de la niña y arrojar luz sobre el manejo judicial de un caso tan controvertido.
