La agrupación Inquilinos Agrupados advirtió que el Gobierno de la Ciudad no realiza “ningún tipo de control” de la aplicación de la nueva ley de alquileres que entró en vigencia hace más de un mes y que las empresas continúan cobrándole comisiones a los inquilinos, a pesar de que está prohibido.
La normativa había sido impulsada por el propio Ejecutivo porteño, que tomó parcialmente un proyecto elaborado por las organizaciones sociales, preocupadas por la multiplicación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires y de los abusos de las inmobiliarias. “La ley se votó por la presión de los inquilinos y ahora el Gobierno no sabe cómo hacerla cumplir porque tiene que multar a parientes, amigos y socios”, denunció Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados (IA).
Además de prohibir el cargo de gestiones, la ley 5859 ordena que el pago de las comisiones sea responsabilidad del dueño y no del inquilino. Tamibén le dio competencias al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para llevar a cabo el control de su aplicación. Sin embargo, hasta ahora, el IVC sólo abrió una sección en su web para consultas legales, cuya respuesta suele demorar varios días.
IA también denunció que si un inquilino se dirige a las oficinas del IVC para denunciar a una inmobiliaria, el sistema pide que previamente solicite turno en el 147. “Una vez que se llama a ese número, quien contesta no está interiorizado sobre el tema, no carga la denuncia telefónica y no deriva la consulta al IVC sino a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, indicaron. IA denunció, además, a más de 20 inmobiliarias que “sistemáticamente incumplen la ley”.
Tras la denuncia, el IVC habilitó un mail ([email protected]), al que hay que escribir para solicitar un turno para radicar la denuncia en sus propias oficinas. Muñoz, por último, reclamó que el Gobierno controle la aplicación de la ley "con el mismo ímpetu que tiene para desalojar una familia de La Boca”.
