"La audiencia sigue en pie", dice la legisladora porteña Celeste Fierro. La referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se refiere a la reunión convocada para este miércoles a las 11 a la que deberían presentarse Patricia Bullrich y funcionarios del Ministerio de Seguridad para defender el protocolo antiprotesta.
Bullrich ya estuvo en Comodoro Py la semana pasada, pero quiere evitarse una nueva presentación ante el juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa. Con ese objetivo, la ministra intentó una batería de medidas: recusó al juez, pidió que se suspenda la audiencia, reclamó que se declare la nulidad de todo lo actuado y apeló la decisión de tener como amicus curiae (amigos del tribunal) a una treintena de organismos de derechos humanos y juristas de renombre.
La principal apuesta de Bullrich pasa por la Cámara Federal porteña. Ese tribunal tiene su recurso contra la decisión de Casanello de continuar tramitando la causa. La ministra pidió que no se tome ninguna decisión hasta que la Cámara se pronuncie.
La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal --con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia de Roberto Boico-- anuló una cautelar que había dictado Casanello contra el protocolo antiprotestas. En su fallo, el juez únicamente había exhortado a las fuerzas de seguridad a actuar como lo indican la Constitución nacional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Bullrich pretende que el expediente --que se inició el 18 de diciembre pasado con una presentación de Fierro y vagó durante más de un mes y medio hasta que lo tomó Casanello-- pase a los tribunales penales ordinarios, que ya habían dicho que no eran competentes para intervenir porque la resolución impugnada fue dictada por el ministerio de Seguridad de la Nación, es aplicada por las fuerzas de seguridad federales y tiene un ámbito de incumbencia más allá de la Ciudad de Buenos Aires.
El protocolo antimanifestaciones fue criticado con dureza por tres relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Como remarcó Casanello en su fallo, Bullrich ni siquiera se molestó en contestar a los pedidos de informes que los expertos internacionales le hicieron después de señalar que la resolución es violatoria del derecho a la libre expresión.
