La cuenta regresiva hacia la ruptura decisiva del diálogo entre Madrid y Barcelona quedó marcada ayer por el debate sobre la convocatoria de elecciones en Cataluña y por la posible comparecencia en el Senado español del jefe del gobierno regional, Carles Puigdemont.

El Parlament en Barcelona celebrará mañana un pleno en el que se espera que Puigdemont declare la independencia unilateral, pero diversas fuerzas insistieron ayer en pedirle que evite ese paso y convoque en cambio elecciones autonómicas como salida “in extremis” a la crisis creada por su desafío secesionista.

“Si se convocan elecciones en el marco constitucional y dentro de la legalidad vigente, no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo 155 de la Constitución, que sólo se pone en marcha cuando lo apruebe el Senado”, dijo ayer Margarita Robles, portavoz parlamentaria de los socialistas del PSOE en el Congreso español.

Incluso el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna la región del norte de España, reclamó a Puigdemont las elecciones para evitar que el gobierno de Mariano Rajoy siga adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña -mediante el artículo 155 de la Constitución- que el Senado aprobará previsiblemente el viernes.

Madrid, por el contrario, cuestionó ayer la idea de que la llamada a las urnas baste para paralizar la aplicación del artículo 155. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aclaró que “el asunto va mucho más allá” y sostuvo que la única salida pasa por que el Govern explique que no declaró la independencia y vuelva a la ley. 

Más allá del debate sobre las últimas esperanzas de evitar tanto la independencia unilateral mañana en el Parlament como la luz verde a la intervención del gobierno el viernes en el Senado, la convocatoria de elecciones está siendo al parecer estudiada por Puigdemont.

Así lo reveló ayer la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido  anticapitalista que se convirtió en el socio necesario del presidente catalán para mantener su mayoría en el parlamento regional.  “Nos consta que está sobre la mesa del Govern. Hay una propuesta de convocar elecciones autonómicas”, dijo ayer el diputado regional Carles Riera del CUP, que rechazó de plano esa vía como “arma nuclear para acabar con el proceso de independencia”. Riera aseguró en una conferencia de prensa en el edificio legislativo catalán que Puigdemont está analizando la posibilidad de llamar él a elecciones anticipadas, antes que entre en vigor la intervención española y lo hagan las nuevas autoridades designadas por Rajoy. “Sería un acto de sumisión, de vasallaje. Nos tratan como una colonia. Convocar elecciones autonómicas sería la herramienta más eficaz y demoledora para parar el proceso de independencia”, sentenció el diputado.

El segundo frente que marcó la escalada entre Barcelona y Madrid fue el intento de cuadrar una comparecencia de Puigdemont en el Senado español para presentar las alegaciones de Cataluña contra la aplicación del artículo 155 y la intervención de la autonomía.

Puigdemont podría comparecer mañana en la comisión instaurada ayer para discutir la aplicación del artículo, en cuyo caso debatiría con un miembro del gobierno central, o el viernes en el pleno del Senado que aprobará la intervención, lo que permitiría un cara a cara con el propio Rajoy, que acudirá casi con seguridad a la sesión.

Por el contrario, la comisión del Senado rechazó ayer recibir a Puigdemont hoy, como pedía el gobierno catalán. “La voluntad es ir, pero cada vez lo ponen más difícil”, criticó el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull.

El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, rescató en cambio la “voluntad de debate” y consideró “un honor” si Puigdemont acude. “Tendría un valor más allá, porque de alguna manera el president de la Generalitat se somete al sistema, que es participar en el juego parlamentario, lo que lleva consigo aceptar el resultado final”.

El gobierno catalán abrió una crisis sin precedentes organizando un referéndum soberanista el 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español, que luego lo declaró nulo e ilegal.

Basándose en la amplia victoria del “sí” a la ruptura con España (los partidarios del “no” boicotearon la consulta), Puigdemont anunció la independencia hace dos semanas en el Parlamento regional, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo con Madrid.

Tras dos pedidos de rectificación no atendidos por Puigdemont, Rajoy anunció el sábado la aplicación del artículo 155, que permite a un gobierno tomar “las medidas necesarias” para forzar a una región a cumplir la ley. Un paso arriesgado para el que se aseguró el apoyo del rey Felipe VI, de parte de la oposición y de sus socios europeos.

El gobierno conservador español propuso destituir a Puigdemont y su gobierno, entre otras medidas, y convocar elecciones en seis meses. Tras su aprobación este viernes en el Senado, la intervención comenzaría el mismo sábado. Sectores secesionistas pidieron boicotear y resistir la medida, lo que augura más semanas de tensión y un escenario imprevisible en la crisis.