Osvaldo Giordano dejó la Anses pero no se fue con las manos vacías. El Gobierno de Javier Milei lo eyectó como castigo, luego del fracaso de la ley ómnibus en el Congreso donde su esposa, diputada y cordobesa Alejandra Torres votó en contra. Antes de abandonar la Anses, Giordano puso bajo la lupa un esquema de negocios entre aseguradoras privadas, la Anses y la administración de Alberto Fernández. En ellos aparece un decreto del exPresidente, un turbio sistema de intermediarios, el marido de una secretaria de Fernández y un muy influyente bróker financiero con terminales políticas varias, que ahora estarían pataleando por la caída de un generoso negocio.
Los datos del ahora exjefe de la Anses trascendieron este fin de semana. Según ellos, en diciembre de 2021 Alberto Fernández firmó un decreto con una directiva que obligó a todas las entidades estatales a contratar seguros a través de la aseguradora del Banco Nación. El mandato derivó, por ejemplo, en un contrato de 20.000 millones de pesos entre el Nación y la Anses para asegurar créditos a jubilados y beneficiarios de programas sociales. La Anses debía pagar esa cantidad anualmente al Nación para asegurar la vida de jubilados y pensionados que tomaban créditos. Desde 2011, lo hacía sin seguro.
El acuerdo entre la Anses y el Nación, dos organismos estatales, no fue el único problema. El otro problema es que a su vez se contrataron intermediarios privados y a otras reaseguradoras. Allí aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
Anses no sería la única área de gobierno que habría recibido la sugerencia presidencial de darle prioridad a Martínez Sosa Asesores de Seguros a la hora de las contrataciones. En sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, Fernández declaró sostener una deuda ante este empresario, que se mantuvo intacta en las cuatro años de su mandato.
Torres García tampoco es una persona cualquiera. Empresario con extensa red de influencias y conocido en el sector, comenzó su carrera en Provincia Seguros y luego se aventuró en negocios de todo tipo: desde el vino hasta el desarrollo inmobiliario. Entre sus propiedades más destacadas se encuentra la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo en La Angostura e hizo inversiones inmobiliarias en Tigre.
Además de esos vínculos, entre sus socios aparece Bruno Screnci —que ocupó cargos en el gabinete porteño, el Banco Provincia y la Corporación Puerto Madero—, y tuvo controversias como el caso de corrupción en Chubut con Patagonia Broker, una empresa con participación estatal de la que fue apartado.
Otro eje de la investigación apunta a Nación Seguros. Según el decreto, todos los seguros del Estado debían contratarse a través de Nación Seguros. Allí había tres figuras. Alberto Pagliano, aliado al exmandatario, Carlos Soria y Gustavo García Argibay. Todos ellos aparecen ahora como figuras claves y acusadas de favorecer a ciertos productores de seguros y compañías, estableciendo relaciones preferenciales en la distribución de los negocios aseguradores relacionados con el Estado.
Alberto Fernández inició su carrera en el sector de seguros durante la administración de Carlos Menem, como jefe del Instituto Nacional de Reaseguros. En aquel momento, fue objeto de denuncias tras una investigación del fiscal Moreno Ocampo. La relación profesional entre Fernández y Pagliano data de esa época, y en 1993, colaboraron juntos en la fundación de Provincia Seguros.
