El gobernador Axel Kicillof decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar los fondos que el Gobierno Nacional decidió dejar de enviarle a la provincia de Buenos Aires. Santiago Pérez Teruel, Asesor General de Gobierno de la provincia, le confirmó a Buenos Aires/12 que la presentación anunciada este lunes por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal puede ser sólo una primera etapa judicial. “Estamos evaluando presentar una segunda demanda reclamando la transferencia de los fondos oportunamente solicitados que quedaron sin respuesta”, apuntó.

El funcionario que tiene a su cargo la asistencia jurídica a Kicillof y a los abogados que integran los distintos departamentos legales de los organismos gubernamentales bonaerenses, se refiere, entre otros, al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y al Fondo Compensador del Transporte (FCI). 

En total, la provincia le viene reclamando a la Nación una deuda que ronda los 460 mil millones de pesos. De allí, alrededor de 88 mil millones corresponden al FOFOFI, la gota que rebalsó el vaso. Esto motivó la primera presentación anunciada por Kicillof que apunta a suspender el decreto N° 192/2024 que elimina el fondo y, de manera cautelar y hasta que se expida la Corte, exigirá la correspondiente transferencia de los recursos.

Para Pérez Teruel trabajó en conjunto con Hernán Gómez y su equipo para la redacción de la presentación judicial. Gómez, de origen radical, está al frente de la Fiscalía de Estado hace más de una década y será el responsable de llevar adelante el litigio porque sus funciones así lo indican. “Es un excelente profesional y que siempre defendió a la provincia”, asegura el letrado.

—¿En qué consiste la demanda que hará la provincia?

—Se trata de una demanda orientada a lograr que sea declarada la inconstitucionalidad del Decreto N° 192/24, mediante el cual el Estado Nacional eliminó, de forma unilateral, intempestiva y sin motivación suficiente el FOFOFI, quebrando de esta manera el principio de buena fe federal y de confianza legítima. Desde hace un tiempo a esta parte, la Corte Suprema trabaja bajo el concepto de federalismo de concertación en vez de federalismo de imposición. Esta línea, que se aplicó en un fallo reciente donde las partes eran la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, sostiene conceptualmente que si un compromiso como el pago de fondos de esta naturaleza es algo que viene sostenido en el tiempo, en este caso durante tres años, la Nación no puede decidir la suspensión por su cuenta, sin siquiera consultar a la provincia destinataria.

—¿Por qué?

—Porque afecta la planificación presupuestaria y financiera, y, puntualmente en este caso de la provincia de Buenos Aires, dada la naturaleza del FOFOFI y su finalidad, los intereses de los ciudadanos bonaerenses de manera inmediata.

—¿Y qué sigue después de esta presentación?

—Estamos evaluando presentar una segunda demanda que pensamos interponer para reclamarle al Estado Nacional los fondos que no le acreditó a la provincia en el marco de convenios, programas y leyes. Por ejemplo, el FONID, el Fondo Compensador al Transporte o con el Servicio Alimentario Escolar.

—¿Por qué se llegó a esta situación?

—Desde el 10 de diciembre hasta este lunes, empezamos a ver que los compromisos legales, reglamentarios y convencionales del Estado Nacional se fueron incumpliendo. En esos días, la instrucción del gobernador fue iniciar instancias de diálogo informal entre funcionarios. Los planteos eran que en el marco de un determinado programa firmado la Nación tiene que transferirle a la provincia una determinada cantidad de dinero. Pero esas charlas no obtuvieron resultado.

—¿Entonces?

—A mediados de enero, el gobernador instruyó a los distintos ministerios formalizar los reclamos sobre transferencias ante sus pares a nivel nacional. Hasta la fecha se hicieron cinco requerimientos desde las áreas de Justicia, Desarrollo, Transporte, Educación y Economía. Todo fue hecho sobre la base de obligaciones del Estado Nacional causadas en leyes, reglamentos y programas.

—¿Hubo respuestas?

—No. El más abrumador de los silencios. Y lo que llegó fue una respuesta política: la derogación mediante el decreto N° 192/2024 del FOFOFI. Sólo en enero significó una merma de 42 mil millones de pesos para la provincia. Por eso el lunes el gobernador instruyó al Fiscal de Estado a que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se suspenda la vigencia del Decreto N° 192 y solicita la continuidad del FOFOFI.

—¿No hubo más diálogo?

—Nosotros enviamos los reclamos formales para agotar las instancias de dialogo. Pero nuestra obligación es defender los intereses de la provincia. Creo que hay tener paciencia, templanza, y ser estratégico, porque lo que se juega es el destino de nuestra patria.

—¿Cuál es la razón de ir directamente a la Corte Suprema?

—Tanto las provincias como CABA están aforadas a la Corte. En el caso de un conflicto entre las provincias y la Nación, se puede acudir a la Corte y nosotros consideramos que es el camino correcto.

—¿Por qué se lo considera inconstitucional al decreto?

—Todo incumplimiento de los compromisos del Estado Nacional sobre programas que contribuyan al fortalecimiento del país o a la unidad nacional puede sufrir un señalamiento sobre su constitucionalidad. Quien deberá definir la constitucionalidad o no es la Corte. Esta medida, para nosotros, no es constitucional.

—¿Qué otras herramientas pueden aplicar la provincia más allá de la presentación judicial?

—Nuestro objetivo es claro: pagar los salarios de los trabajadores y continuar con las obras. Es un desafío financiero porque cuando suceden estas cosas porque es imposible proyectar el año. Nosotros el primer paso lo hicimos, que fu iniciar los reclamos a la Nación. Estamos siendo prudentes y el gobernador sostiene la acción institucional. No hay sobre la mesa una acción inmediata que esté esperando ver qué decide la Corte. Confiamos que la Corte va a asumir su rol y dar respuesta a la cautelar. Además, el problema de fondo es la coparticipación, y acá estamos hablando de fondos que compensan la asignación de recursos coparticipables asimétrica que padece la provincia.

—¿No se puede pensar en un escenario donde, por ejemplo, sea la provincia la que no gire fondos por coparticipación a la Nación?

Frente al desquicio, la cordura y la responsabilidad política. No vamos a poner en juego los recursos de la provincia ni a responder a acciones revanchistas. Eso es lo que nos diferencia. Sí entendemos que es un tema que debe ser rediscutido, hay que renegociarlo porque es una deuda de la democracia. Incluso la Corte lo señaló y hay fallos precedentes como “San Luis” “Córdoba” o “Ciudad de Buenos Aires” donde la propia Corte exige una nueva ley de coparticipación.

—Con todo este contexto, ¿no es momento de rediscutir la coparticipación?

—Es necesario. Lo dice siempre Kicillof y se debería dar más temprano que tarde porque la provincia produce el 40 por ciento de los fondos y recibe la mitad. Pero pensar hoy en un acuerdo entre todas las provincias y la Nación lo veo necesario pero poco probable.

—¿Javier Milei rompió los límites del federalismo?

—Que ataca el federalismo no hay ninguna duda. Esta pregonando una nueva organización federal de forma intempestiva e inconsulta con gobernadores y sin expedición de la Corte. Hay que tener en cuenta que hubo presentaciones recientes ante la Corte de parte de la provincia de La Rioja, recientemente la nuestra, y seguramente la presentada por Chubut tendrá intervención de la Corte. Lo que es claro es que esta pregonando nueva organización distinta a la vigente y no hay antecedente de esta intensidad de discusión.

—¿Por qué cree que el presidente sigue este rumbo?

—Cuando uno ve el texto DNU y la ley ómnibus puede analizar que hay una visión del Estado que son distintas, incluso, a la que esta receptada en la Constitución Nacional. Han tomado medidas económicas para reestablecer en país bajo un modelo neoliberal clásico. La provincia de Buenos Aires al concentrar el casi el 40 por ciento de la población es la que, inevitablemente más acusa factura. Pero la realidad es que se perjudica a los habitantes de la provincia, no al gobierno.

—¿No ameritaba alguna discusión el actual federalismo?

—En la provincia de Buenos Aires, Milei no triunfó a nivel local y tampoco a nivel presidencial. Por lo cual en la provincia de Buenos Aires no se dio esa discusión en esos términos. Si hay que reconocer que la pandemia, la guerra, y determinados condicionamientos externos quizás imposibilitaron dar discusiones para fortalecer el esquema institucional de la coparticipación. Igual nos preparamos con nuestros legisladores para desplegar iniciativas locales que permitan amortiguar el impacto de las políticas nacionales.

—¿Hay diálogo con la oposición?

 

—Hay diálogos entre las provincias porque quieren garantizar sus fondos. Hay un diálogo con la oposición. Este lunes hubo comunicados de La Libertad Avanza y de la UCR. Se conversa activamente con miembros de la legislatura e intendentes, incluso con los que no son de nuestro partido. Los 135 intendentes están preocupados porque son fondos con los que se garantizan servicios. El nivel de alarma y de incertidumbre es generalizado, porque el recorte de estos fondos son menos ladrillos para escuelas, menos insumos para hospitales públicos, menos patrulleros.