En el mediodía del miércoles, la defensa de la exvicepresidenta Cristina Kirchner presentó recusaciones contra un juez de la Cámara Federal de Casación Penal y el fiscal de esa instancia que intervienen en la causa "Vialidad" y solicitó que las audiencias de revisión de su condena se suspendan hasta que los planteos sean resueltos, para evitar nulidades posteriores. Inesperadamente (o no) la respuesta llegó unas muy poquitas horas después: la Cámara de Casación rechazó el pedido para apartar al juez Diego Barroetaveña y al fiscal Mario Villar. La negativa fue in limine, es decir, sin más trámite.

Así lo resolvió esta tarde la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por el juez Gustavo Hornos (el mismo que visitaba a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos) e integrada por los jueces Mariano Borinsky -otro de los catalogados como juez M- y el propio Barroetaveña. Los magistrados rechazaron la recusación y dispusieron que continúen las audiencias que fueron fijadas en noviembre del año pasado. 

La defensa de la dos veces exmandataria había un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que existen "razones objetivas" que "ponen en crisis" la objetividad del fiscal Mario Villar y la imparcialidad del juez de Casación Diego Barroetaveña, según surge del escrito al que accedió Télam.

Los abogados de la defensa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostenían que fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición "autocontradictoria" con las que él mismo había expuesto en otros expedientes mientras que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este caso al intervenir en otro. "A efectos de evitar posibles nulidades", los letrados reclamaron que "se suspendan las audiencias fijadas, hasta tanto el presente planteo sea resuelto por sentencia firme".

Cómo sigue las audencias

Con el nuevo fallo, la segunda audiencia está prevista  para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Para el próximo 7 de marzo está prevista la exposición de los abogados de la expresidenta, Beraldi y Llernovoy.

Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada" que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

El lunes pasado el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio.

Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por "administración fraudulenta".

Al exponer el lunes último el fiscal afirmó que durante el Gobierno de Cristina Kirchner hubo "una verdadera asociación criminal" integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron "desviar fondos hacia ellos mismos".

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de "asociación ilícita": los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de "administración fraudulenta" en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas "Austral Construcciones", de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó "un hecho de corrupción estatal" que derivó en un "perjuicio descomunal" a las arcas públicas, indicaron.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta "asociación ilícita agravada por su calidad de jefe" y "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública".