El Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño presentó junto a vecinos y vecinas del Barrio Saldías una acción de amparo para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) garantice el transporte escolar gratuito para los niños y niñas de ese barrio. El amparo busca obtener respuesta para un reclamo histórico de las familias del Saldias, ya que el barrio no cuenta con una escuela pública y los estudiantes que vive allí tienen que caminar, como mínimo, veinte cuadras hasta la más cercana, cruzando vías, calles en mal estado, sin semáforos e invadidas de mosquitos por las aguas estancadas. 

La presentación judicial está encabezada por un grupo de madres y padres de alumnos del barrio, que cuentan con el patrocinio del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, titular de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del MPD. La acción busca atacar una de las problemáticas centrales del barrio popular, separado de Barrio Parque sólo por las vías del Belgrano norte: la falta de transporte público para comunicar el barrio con el resto de la ciudad. 

El problema se profundiza para los niños y niñas que todos los días tienen que salir del Saldías para ir a sus escuelas fuera del barrio. Según detalla el MPD, los colegios más cercanos a los que asisten, tanto para nivel inicial como primario, se encuentran en los alrededores del Parque Las Heras. "Dado que no hay colectivo para ir directamente, para llegar a las escuelas las y los estudiantes deben caminar aproximadamente 18 cuadras, alrededor de 25 minutos", precisa el MPD. 

Además de tener que atravesar las vías, en muchos casos sin señalizaciones ni barreras, en el camino al colegio los chicos y chicas deben cruzar calles de doble mano y sin vereda, semáforos ni arbolado por donde circulan autos y camiones, además de acumularse basura y aguas estancadas donde abundan los mosquitos, en especial en esta época del año y con el brote de dengue a la orden del día. “En síntesis, los niños y las niñas recorren largas cuadras en mal estado, con barro, desniveles, basura, mal olor proveniente de desagües cloacales a cielo abierto, para poder llegar a sus escuelas. Esto genera una afectación concreta a su derecho a acceder de manera real y en condiciones de igualdad a la escolaridad”, sostiene el amparo presentado por el defensor oficial. 

Dos Santos Freire también advierte que la lluvia, el frío o las altas temperaturas muchas veces hacen que “las niñas y niños del barrio Saldías tengan una cantidad de inasistencias muy elevada y casi todos llegan a fin de año habiendo perdido la condición de ‘alumno/a regular’”. Eso sin contar las dificultades específicas que deben enfrentar “quienes presentan dificultades en la marcha o movilidad reducida, permanente o transitoria, no siendo viable para personas mayores, personas que requieren algún apoyo a la movilidad, personas gestantes u otra infinidad de situaciones semejantes”.

En ese sentido, la presentación alerta que en el trayecto se pone en riesgo la salud y la integridad de la comunidad educativa del barrio, por lo que reclaman que se ordene a la cartera educativa porteña la implementación de un sistema de transporte escolar gratuito y seguro para garantizar el traslado de los chicos y chicas. Las familias plantean que la puesta en marcha de ese servicio debe ser "inmediata y obligatoria". 

Entre otros puntos, en el amparo también se solicita que se establezca una vía administrativa de inscripción al servicio a la que las familias puedan acceder de forma fácil y gratuita. Previo a esto, plantean los amparistas, el GCBA debería realizar un relevamiento integral dentro del barrio para poder identificar a los niños y niñas que requieren el servicio y las respectivas escuelas a las que asisten con sus horarios correspondientes. También piden que los horarios del transporte sean informados por las vías de comunicación de cada escuela, con sus recorridos y paradas. 

Aunque las familias reclaman una decisión de fondo para ordenar al GCBA que implemente el servicio, que ya presta en otros barrios populares de la ciudad, también requirieron una medida cautelar inmediata para que el Ministerio garantice, "en un plazo improrrogable de 5 días hábiles", un medio de transporte "seguro, accesible y adecuado, garantizando la cercanía al domicilio y el cumplimiento de los horarios escolares", hasta que se dicte la sentencia de fondo. 

Para los amparistas, el hecho de que el servicio ya se preste en otros barrios de similares características constituye un agravante de la situación, ya que "se les estaría negando arbitrariamente un servicio que sí se presta en otros barrios". “Con esta omisión, el Estado está reforzando una situación de segregación que ya sufre el barrio”, señalan y agregan que, en este caso, “se puede hablar de discriminación interseccional, en cuanto a que la discriminación educativa se conjuga con otras discriminaciones que sufren los habitantes del barrio, por situaciones de pobreza, vulnerabilidad o género”.

Antes de llegar a la Justicia, la comunidad educativa del Saldias ya había presentado diversos reclamos ante las autoridades escolares, de la Comuna N°2 y del Ministerio, sin obtener ninguna respuesta. Ahora, el amparo recayó en el Juzgado N° 14 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo de la jueza Natalia Tanno. Desde el MPD se mostraron con buenas expectativas para "que se defina lo más pronto posible y favorablemente".