El gobierno de Javier Milei está desguazando la Inspección General de Justicia (IGJ) con el objetivo de evitar que las empresas puedan ser objeto de control en su funcionamiento y de publicidad respecto de sus actuaciones. Para lograrlo, está derogando distintas nomas dictadas durante la gestión anterior encabezada por Ricardo Nissen. Una de ellas es la resolución que permitía fiscalizar la compra de inmuebles realizada por las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). También liberó a las sociedades extranjeras falsas de la obligación de contratar el seguro de responsabilidad de sus representantes legales por los daños que produzca la actuación de los mismos en nuestro país, algo que era reclamado por los grandes estudios jurídicos.
LA IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, es el organismo que se encarga de fiscalizar las sociedades por acciones (excepto las que controla la Comisión Nacional de Valores), inscribe a sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles y fundaciones. Los especialistas sostienen que más del 30 por ciento de las sociedades constituidas en el extranjero son simuladas y fraudulentas. Muchas son armadas en los estados de Delaware y Florida, de los Estados Unidos, que las exportan de a miles a todas partes del planeta. Pero las facultades investigativas y sancionatorias otorgadas y ejercidas durante la gestión de Nissen están perdiendo toda su eficacia ante las nuevas resoluciones dictadas por el actual Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo por orden del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Por ejemplo, la resolución vinculada a las SAS que fue eliminada buscaba evitar que estas sociedades fueran utilizadas irregularmente como una pantalla para lavar dinero. La SAS son un tipo de sociedad que se constituye de una manera más fácil que una Sociedad Anónima y fueron inventadas por el gobierno de Mauricio Macri "en reemplazo de las sociedades offshore armadas en guaridas fiscales para el lavado y la fuga", había asegurado Nissen en octubre del 2020.
Lo que se hizo fue dejar sin efecto un acuerdo del organismo con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual la IGJ recibía información sobre cualquier operación inmobiliaria que hiciera sospechar la existencia de simulación, fraude o la comisión de un delito económico. Este convenio se había firmado en 2020 ante la existencia de operaciones en las cuales una serie de SAS, con el capital irrisorio que caracterizan a este nuevo tipo social, aparecían adquiriendo, sin nuevos aportes de fondos, millonarios inmuebles en dólares en los meses inmediatos siguientes a su constitución. De esta forma fueron detectadas mas de 30 operaciones de este tipo.
En los últimos dos meses, Vítolo reinstaló el objeto múltiple de las sociedades y reflotó el desopilante plazo de duración de las sociedades en 99 años. Sostener este lapso solo se justifica para alentar la constitución de sociedades para ser titulares de los bienes registrales de sus verdaderos dueños sin actividad alguna, a los fines de mantener indemne al patrimonio personal o familiar de todo riesgo empresario. Además, deja un problema a los herederos de los socios que no quieren incorporarse a la misma y constituye el 90 por ciento de los conflictos internos en los tribunales especializados.
Otra de mas medidas del actual titular del organismo fue posponer la presentación de los estados contables por un sistema digital especial con el argumento de que “no hay plata”, a pesar de que está organizando una reunión de los todos los registradores del país en las dependencias del Ministerio de Justicia para lograr la obtención de “consensos mínimos” de actuación para inscribir sin la menor injerencia estatal.
En la misma línea, una resolución del 6 de febrero elevó el monto mínimo de las sociedades anónimas sujetas al control permanente de la IGJ. El monto pasó de 50.000.000 pesos a 2.500.000.000, lo que implica que ya no hay prácticamente sociedades que controlar.
Durante la gestión anterior, la IGJ investigó, entre otros casos, el “fideicomiso ciego” del ex presidente Mauricio Macri, la curiosa asociación civil de Patricia Bullrich, de cuyos fondos sus más cercanos vivían con holgura y la estancia “Lago Escondido” de Joseph “Joe” Lewis en Bariloche, quien recientemente fue condenado en los EEUU por la comisión de delitos tributarios y se salvó de ir a la cárcel por su edad y sus millones de dólares. También se involucró en la pesquisa sobre así el fabuloso negocio de acarreo y depósito posterior de automóviles llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que puso al descubierto el absurdo canon abonado mensualmente por la firma “Dakota SA”. Otro de los casos que siguió fue el de las sociedades anónimas del actual ministro de Economía Luis “Toto" Caputo junto con sus hermanos, entre ellos su hermana Rossana Pía Caputo, en todas las cuales el cumplimiento de la ley en materia de contabilidad, balances y funcionamiento de sus órganos brillan totalmente por su ausencia. Las asociaciones de Bullrich y la de los Caputo quedaron en la mira durante la investigación del atentado sufrido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
