La biodiversidad argentina está amenazada por los "negacionistas" de la crisis climática y por acciones del Gobierno de Javier Milei, que "exacerbó la conducta negacionista y proextractivista", alertó este domingo la organización ecologista Greenpeace.

Así lo aseguró a la prensa el argentino Hernán Pérez Orsi, integrante del departamento de Investigación de Greenpeace en Argentina y parte de la expedición científica que la organización ambientalista realizada actualmente a bordo del barco Arctic Sunrise en las Islas Galápagos (Ecuador) para estudiar las profundidades del mar.

El activista recapituló algunos de los logros fundamentales conseguidos en Argentina en materia ambiental, como fue la ley de glaciares, que se convirtió en modelo para replicar en otros países que tenían "reservorios de agua dulce en forma de glaciares y expuestos a la industria extractiva de la minería". El otro avance fue la ley de bosques votada cuando el modelo productivo agropecuario había "atropellado el bosque nativo" con una tasa de deforestación "inaudita" poniendo en peligro la que es -después del Amazonas- la segunda reserva de oxígeno del continente suramericano: el bosque del Chaco que comparten Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. Fue Argentina el país que logró una legislación que lo protegiera.

Pero, frente a todo lo conquistado, Pérez Orsi lamentó, "parece que, de un plumazo, este debate, esta maduración societaria en cuanto a los desafíos que este siglo presenta, se borra y pasamos a un modelo extractivista que tiene una mirada anclada en el siglo XIX o principios del siglo XX, donde todo lo que está en la naturaleza es para explotar".

Argentina tiene variados ecosistemas como los glaciares, bosques nativos, la selva misionera, llanuras y la pampa, que son sitios "muy importantes para el depósito de carbono". Además tiene "el mar argentino con una plataforma continental de las más grandes del mundo en cuanto a la extensión de su zona fótica, donde penetra la luz y es responsable de un tercio de la captura de carbono del país".

El "debate medieval" incitado por el negacionismo del Gobierno

Pérez Orsi sostuvo que Argentina se encuentra en medio de un "debate medieval", incitado por "la negación del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad fundamental, y el rol de Argentina como agente de producción de bienes ecológicos". Esto, advirtió el activista, representa un "toque de alarma", pues el peligro inminente está en que "se avance con una visión extractivista sobre los recursos naturales". "En cierta forma, la biodiversidad argentina está amenazada por los negacionistas", alertó.

Según Pérez Orsi, "hay una fuerte corriente de negación del cambio climático, de negación de los efectos de la pérdida de biodiversidad y del efecto que tienen sobre la naturaleza las industrias extractivas, y también un interés en posar sus garras en bienes naturales que son de uso común y que deberían ser prioridad" para la protección.

Este investigador de Greenpeace aseguró que el Gobierno de Javier Milei "exacerbó esta conducta negacionista y proextractivista, haciendo fuerza de 'lobby' sobre otras fuerzas políticas en función de conseguir sus objetivos de demolición de las leyes de protección ambiental". Y denunció "un ataque directo" a los activistas por parte del gobierno, "tildando a las organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace, como organizaciones terroristas"

Defender lo conseguido

Para el activista, Argentina tiene una gran responsabilidad al manejar el bosque nativo y los glaciares, "que son fundamentales para que, en el futuro, se pueda contar con agua dulce en la región". Y remarcó el desafío de defender lo ya logrado, en particular la legislación ambiental "que es pionera en América". Pero además considera que se debe resguardar a quienes se convierten en "voceros del ambiente que defienden los territorios, las comunidades, la forma de vida de las personas que están en contacto directo con la naturaleza y a la misma naturaleza".

Pérez Orsi consideró indispensable que haya un sistema de consulta, que "no se tomen decisiones en un despacho de un funcionario que terminen afectando al ambiente y las generaciones", sino que haya un "proceso de estudio y de consenso con la población y una defensa explícita".