La caída interanual del gasto en seguridad social en el primer bimestre del año equivalió a dejar de pagar 8,9 millones de jubilaciones mínimas, confirmó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). En términos de salud equivalió a no comprar 2000 tomógrafos y en educación a suspender el pago de 600.000 salarios docentes. “La única finalidad del gasto con variación real positiva
fue la de los servicios de deuda”, afirmaron. Además, según sus cálculos, el valor real de la recaudación tributaria alcanzó su menor valor en los últimos 17 años en el primer bimestre del año. Para la Undav el ajuste no perdurará en el tiempo porque está principalmente sustentado en la licuación generada por la inflación.

En el primer bimestre del año se observaron fortísimas caídas reales en prácticamente todas las partidas presupuestarias, “especialmente a causa del fuerte salto inflacionario luego de la devaluación de diciembre”, desglosa la Undav. Si el ajuste se basa en una inflación creciente y suba del tipo de cambio, entonces no es sostenible en el tiempo e “implica mayores niveles de pobreza y desigualdad”, concluye.

El ajuste demandó pocos esfuerzos de implementación, “con dejar el gasto en piloto automático”, ya estaba en marcha pues “la licuación sería inminente”, sostiene Santiago Fraschina, coordinador del Observatorio. Para dimensionar, el ajuste real en el primer bimestre del año en relación a igual período del año anterior equivalió en términos de Seguridad Social a 8,9 millones de jubilaciones mínimas, y debe tenerse en cuenta que el total de beneficiarios del sistema previsional en Argentina ronda las 6,3 millones de personas. La magnitud fue enorme, pero no es sostenible en el tiempo, evalúan.

En términos de Salud, el ajuste equivalió a no poder comprar 2000 tomógrafos y en Educación a dejar de abonar el sueldo a 600.000 salarios docentes en el bimestre. La Undav es conocida por realizar este tipo de comparaciones que permiten ponderar el ajuste con ejemplos más tangibles que sumas de dinero en abstracto.

Asimismo, al desglosar el gasto público según su función, los investigadores encontraron que la mayor contracción se dio en los Servicios Económicos -que responden al pago a proveedoras de energía eléctrica que fueron postergados- y en segundo lugar en los Servicios Sociales –donde las jubilaciones son predominantes. No sorprendió encontrar que tras la devaluación de diciembre “la única finalidad del gasto con variación real positiva fue la de los Servicios de deuda”, en buena parte en moneda extranjera.

Según esta casa de estudios, el celebrado superávit financiero que lleva ya dos meses consecutivos podría tambalear ante la caída de la recaudación tributaria: “el valor real de los tributos que recolectó el Estado alcanzó su cifra más baja en los últimos 17 años en el primer bimestre de 2024”, advirtió el informe. Desde 2007 que no se observaba un valor real menor del total recaudado en un primer bimestre, y esto pone en riesgo al superávit que podría transformarse en déficit o exigir mayor contracción del gasto real. “La recaudación de febrero alcanzó los 7,2 billones de pesos y aumentó un 241 por ciento interanual, por debajo de la inflación que en febrero alcanzó el 276 por ciento, lo que representa una caída real del 9,4 por ciento, acelerándose respecto a enero cuando la caída alcanzó el 4,1 por ciento”, destacan poniendo en la mira la tendencia impositiva.

Como respuesta a lo anterior, sostienen los investigadores, el Gobierno habría aprobado en marzo el descongelamiento del impuesto sobre la nafta y el gasoil y persigue la intención de bajar el piso del impuesto a ganancias.

“En términos generales, la recaudación cayó principalmente por la caída en la actividad económica”, afirman. La mayoría de los tributos están ligados a esta y especialmente aquellos que explican más de dos tercios de la recaudación impositiva, como el IVA y el impuesto “a los altos ingresos”. No obstante, en el primer bimestre se destacaron los impuestos ligados al comercio exterior, como el PAIS que grava a las importaciones y cuya alícuota se amplió y los derechos a las exportaciones.