Tras las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que el Gobierno tuvo que dar respuestas sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, particularmente en referencia a los casos de Santiago Maldonado y de Milagro Sala, la vicepresidenta de ese organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, aseguró que continuarán investigando para que “se obtenga Justicia”.
“Respecto a Santiago Maldonado, tenemos un desenlace de muerte. Frente a eso vamos a tener un monitoreo de estos sucesos y los siguientes”, manifestó en diálogo con FM Futurock. La vicepresidenta de la CIDH adelantó además que desde el equipo técnico están evaluando “la inclusión de otras personas en la medida cautelar” dictada en agosto por la desaparición del joven artesano para proteger su integridad y reclamar medidas al gobierno de Mauricio Macri.
Uno de los objetivos de las audiencias que se celebraron la semana pasada en Montevideo era precisamente dialogar con los funcionarios y las organizaciones denunciantes, después de la brutal represión en la comunidad Pu lof de Resistencia Cushamen en la que desapareció Maldonado, cuyo cuerpo apareció 78 días después en el Río Chubut. "Independientemente del resultado de la autopsia, esto debe ser lo más imparcial y pronto. Eso demandan los familiares: saber la verdad. Así se va a obtener justicia”, sentenció la vicepresidenta del organismo, en referencia a los primeros resultados de los peritos que analizaron el cuerpo hallado hace dos semanas.
En otro pasaje de la entrevista, se refirió directamente a la resistencia del Gobierno y sobre todo del poder judicial de Jujuy de acatar la medida cautelar dictada por el organismo para que Milagro Sala cumpla prisión preventiva en su domicilio. Además del pedido por que se esclarezca el caso Maldonado, la CIDH también solicitó respuestas por los ataques contra los derechos laborales y por la revocación de la prisión preventiva de la dirigente de la Tupac Amaru.
Arosemena de Troitiño condenó que el Gobierno se ubique en una posición “tan inamovible” que obliga al organismo a “hacer un esfuerzo en la comunicación”. “El desconocimiento de la medida, para nosotros, es un asunto de preocupación. Nosotros no tomamos una decisión respecto de un Estado sino de un país, de la nación argentina. El tema de la medida cautelar tiene un sentido y un propósito. Esperamos que el Estado tome los correctivos necesarios para entender esto", puntualizó la vicepresidenta de la CIDH.
Por último, condenó la argumentación de los funcionarios de Gobierno que viajaron a Uruguay y adelantó que “está en proceso el mecanismo que otorgaría medidas provisionales por la Corte Interamericana", aunque todavía no está del todo confirmado porque antes se quieren volver a reunir con los peticionarios de la cautelar.
"Lamentamos la posición de la Corte Suprema argentina. Cuando los estados se comprometen al cumplimiento de los tratados, es toda la Nación, no sólo un órgano la que se compromete. Es un desconocimiento de un compromiso internacional el que se tiene que evaluar. Es lo que pasó con la medida cautelar. Algo que se desconoce, que se no se atiende y se violenta", concluyó.
