El Ministerio de Salud Pública de Salta informó ayer que la atención de salud de personas extranjeras con residencia precaria y transitoria en la provincia cayó un 60% respecto del año pasado. 

La caída del requerimiento de atención de salud es consecuencia del decreto provincial 129/24, vigente desde el 28 de febrero último, y cuyo objeto fue arancelar la atención médica en las instituciones de salud públicas a residentes extranjeros precarios y transitorios.

El Ministerio de Salud, no se especificó si la totalidad de atenciones fueron destinadas al arancelamiento, dado que el cobro es solamente a quienes no pueden corroborar su residencia permanente en el país.

Según los números dados a conocer por la cartera provincial, mientras que en marzo del año pasado fueron atendidas 238 personas extranjeras en los servicios públicos de salud, en el mismo mes de 2024 se atendieron 97.

El arancelamiento de las prestaciones médicas a personas extranjeras se realiza aplicando los valores que el Instituto Provincial de Salud (IPS) reconoce a las clínicas privadas. Es así que mientras la consulta tiene un costo de 5 mil pesos, prácticas más complejas superan los 150 mil pesos, según lo indicado por el gerente del Hospital San Vicente de Paul, de Orán, Fabián Valenzuela.

Los datos también demuestran que la mayor baja de la atención se dio sobre todo en el norte provincial.

En el detalle, se indicó que en el Hospital San Bernardo (ubicado en la ciudad de Salta y de referencia del NOA), en marzo de 2023 se atendieron 13 pacientes extranjeros de forma ambulatoria y 9 en 2024. Respecto de las personas hospitalizadas, hubo 7 el año pasado y 8 este año.

En el Hospital Materno Infantil (también de la ciudad de Salta), se registró la atención de 54 pacientes en 2023, y de 27 en 2024.

En la zona norte, que comparte frontera con Bolivia, en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, en marzo de 2023 se atendió un total de 29 personas extranjeras: 15 ambulatorias, 6 internadas en maternidad, 4 internadas en clínica médica, 3 internadas en pediatría, 1 internada en traumatología. En marzo de este año ese número bajó a menos de la mitad: 11 personas; 6 con atención ambulatoria, cuatro internaciones en la maternidad y una en pediatría.

La baja es aún más pronunciada en Orán y Salvador Mazza. En el Hospital San Vicente de Paul se registró un total de 18 atenciones de personas extranjeras en 2023 (6 ambulatorios y 12 internados), número que en marzo de este año bajó a una persona atendida como ambulatoria y una internada.

En el Hospital de Salvador Mazza (que limita con la ciudad boliviana de Yacuiba), mientras en marzo de 2023 fueron atendidas 117 personas (85 en consultorios externos del hospital y 32 en puestos sanitarios), en marzo de este año se atendió a 40 personas.

Reunión con funcionarios de Tarija

El vicegobernador Antonio Marocco recibió en el Centro Cívico Grand Bourg al alcalde de la ciudad boliviana de Tarija, Johnny Torres Terzo, con quien dialogó sobre la medida tomada por el gobierno salteño de arancelar la atención sanitaria a personas extranjeras, medida que impacta en el Estado Plurinacional de Bolivia debido al intenso tránsito de personas que existe entre ambos países, en uno y otro sentido. 

El encuentro entre el vicegobernador y el alcalde fue planteado como un inicio de conversaciones tendientes a brindar un marco de previsibilidad al cobro de atención sanitaria a personas extranjeras, conservando la buena relación entre el Ggobierno de Salta y la vecina región boliviana.

“Como alcalde entiendo completamente los problemas de coparticipación que hoy tiene el gobierno de Salta, y por supuesto que debe privilegiar a sus ciudadanos y a su gente”, reconoció Torres Terzo. Afirmó que viene a proponer "un acuerdo donde todos ganemos, que la atención tenga un costo de acuerdo a una negociación donde encontremos la forma de privilegiar la salud. Es un proceso que vamos a ir conversando”, ratificó.

En la provincia se indicó que la idea propuesta por el alcalde tarijeño será analizada por las autoridades de la cartera sanitaria y consiste en elaborar un convenio a través del cual sea la Alcaldía quien efectúe el pago de la atención sanitaria de personas de Tarija. 

El decreto de necesidad y urgencia 129/24, que adquirió fuerza de ley en última sesión del Senado, dispone que en caso de urgencia o emergencia la atención sanitaria a personas extranjeras no residentes en la provincia no será negada ni restringida, aunque posteriormente el Estado provincial arbitrará los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados por la atención.