El gobierno porteño presentó en la Legislatura un proyecto para otorgar en concesión el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, conocido en la ciudad como EcoBici, por un plazo de 12 años. Voceros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad aseguraron a este diario que “el servicio continuará siendo gratuito. Lo que buscamos es duplicar la cantidad de estaciones, mejorar la calidad de las bicicletas y un mecanismo de autofinanciamiento, incorporando publicidad, para reducir los costos”. La legisladora Paula Penacca (FpV) aseguró que “la ola privatizadora del macrismo avanza ahora sobre las bicis, como lo hizo con el subte, y va a generar beneficios a las empresas y no a los ciudadanos, porque deja abierta la puerta para cobrar por el uso de las bicicletas”. La diputada advirtió, además, que igual que ocurrió con el subterráneo, el oficialismo esquivará el proceso de doble lectura con convocatoria a audiencia pública y la sanción que requiere mayoría especial (40 votos) con el argumento de que se trata de una “concesión de servicio y no sobre un bien de dominio público”.

El proyecto para transferir a manos privadas el sistema de bicicletas, que cuenta con unas 200 estaciones, 2500 rodados con anclajes reforzados y registra cerca de 8000 viajes diarios que circulan por los 195 kilómetros de ciclovías, plantea concesionar “la prestación integral, modernización, operación, mantenimiento y explotación del sistema por un plazo máximo de 12 años”.

En la actualidad, la gestión está en manos del Estado porteño y una empresa, Serttel, cuya concesión vence el año que viene, es la encargada de proveer el software que permite gestionar el retiro y devolución de las bicicletas y, además, mantener las estaciones. El taller, la reparación y la distribución de los vehículos en los distintos puntos de la red son administrados por la Ciudad.

“Tomé la decisión de que el sistema público de bicicletas siga siendo manejado por el Gobierno, porque es un símbolo de la Ciudad verde que queremos construir y no quiero que quede en el medio de discusiones políticas”, había sostenido cuatro años atrás el actual presidente Mauricio Macri, cuando era jefe de Gobierno.

En aquel 2013, Macri debió dar marcha atrás en sus decisión de dar en concesión el servicio, luego de que el juez Martín Furchi suspendiera la licitación tras un amparo presentado por tres legisladores: Facundo Di Filippo, del Partido Social; Rafael Gentili, El Acento-Proyecto Sur, y Aníbal Cariboni, de Ecología Popular. 

El volantazo, que llegó a todo pedal tras las últimas elecciones, pondrá fin a la gestión pública del sistema que comenzó a funcionar en 2010 y hoy utilizan unos 240.000 usuarios, según datos oficiales, que indican también que funciona las 24 horas, los siete días de la semana.

El proyecto plantea que se podrá incorporar publicidad o sponsoreo en los distintos componentes del Sistema de Transporte de Bicicletas para “brindar información a los usuarios para que la utilización del sistema sea cada vez más fácil y seguro” y como mecanismo de financiamiento, además de los recursos que provea el Poder Ejecutivo. Establece que todos los componentes del sistema serán provistos por el concesionario y que los elementos que integran la red actual serán de libre disponibilidad del gobierno que podrá transferirlos a municipios interesados en incorporar el sistema o “derivar recursos” cuyo fin sería “la enseñanza del uso de la bicicleta a grupos de chicos de zonas vulnerables”. 

También, de forma lateral, el boceto del plan introduce la solicitud de prórroga para una empresa encargada del mobiliario urbano que reclama “desequilibrios en su ecuación económico financiera” como consecuencia de la “reducción de paradas de colectivos y elementos portantes de publicidad” por la instalación del metrobús.

Para Penacca es “un desfalco para las cuentas pública, porque hay 200 terminales instaladas y un sistema en las que el gobierno invirtió millones y se va a tirar, regalar o vender por montos irrisorios para darle un negocio a una empresa privada. La planificación de la ciudad queda sujeta a la posibilidad de hacer negocios con las empresas”.

Según la legisladora, “por eso lo plantean como una concesión de servicios y no de bienes. No los ponen a administrar los bienes en que invirtió el Estado y se deshacen de ellos”.

“La ley original de 2007 autoriza al gobierno a cobrar, eso no se modifica y queda la puerta abierta para el cobro por el uso. Tampoco queda claro si a la empresa se le pagaría un canon pero sí aclaran que podrá tener recursos extras mediante publicidades o sponsors. Y meten por la ventana una extensión de concesión para una empresa que hace publicidad y que nada tiene que ver con el servicio de bicicletas”, remarcó Penacca.

Para el abogado integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, con la privatización “el sistema de transporte público de bicicleta será utilizado para legitimar la expansión del negocio de la publicidad y el sponsoreo en áreas que actualmente se encuentran prohibidas. Al futuro concesionario la ciudad como parte de la contraprestación para la prestación del servicio público el GCBA le otorgaría la comercialización de grandes extensiones del espacio urbano para destinarlo a publicidad. Esto explica la expansión sin mucha lógica en algunos casos e innecesarias en otras de las bicisendas y ciclovías”.