Mientras el gobierno nacional se pega tiros en el pie, el peronismo aguarda, agazapado. La experiencia del rechazo al DNU 70/2023 está demasiado cerca como para descartar la posibilidad de bloquear la Ley Bases y más de un dirigente de Unión por la Patria se muestra confiado de que, cuando llegue el día de la sesión, lo lograrán. "Estamos a cuatro de la mayoría, pero estamos a sólo tres de quitarles el quórum", deslizan en la bancada, en donde miran con atención los movimientos de Edgardo Kueider, "Camau" Espínola y José Carambia.
Con 33 senadores propios —en UxP aseguran que todos votarán en contra de la ley en general— el peronismo es un actor que juega en el Senado, por más que no participe de las negociaciones con Casa Rosada. Jugará, primero, para hacer voltear la ley y, en el caso de que falle, jugará en la votación en particular: los opositores "amigables" especulan con poder forzarle algunos cambios al gobierno en el recinto, pero para asegurarse que estas modificaciones se sostendrán en Diputados necesitan de los dos tercios. Dos tercios que, sin el peronismo, son imposibles.
La estrategia de Unión por la Patria en el Senado va de menor a mayor. Objetivo número uno: que los 33 senadores peronistas voten en contra en general de la Ley Bases y el paquete fiscal. El jefe del interbloque, José Mayans, viene afirmando, hace semanas, que no habrá libre pensadores en esa instancia y, el miércoles pasado, lo confirmó tras una reunión de bloque en el que no faltó ni un solo senador. Pese a las declaraciones de gobernadores peronistas como Raúl Jalil (Catamarca) o Osvaldo Jaldo (Tucumán), en el Senado se muestran tranquilos: no sufrieron, como en Diputados, ninguna baja y no empezarán a hacerlo ahora.
Diferente es el caso de la votación en particular. Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) votarán a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios exorbitantes por 30 años para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. El RIGI está pensando para la explotación minera y el desafío de UxP, en este caso, será reducir el nivel de fugas internas. Porque hay otras figuras, como Sergio Uñac (San Juan), que prometieron a sus compañeros de bancada que no acompañarían, pero el lobby se ha recrudecido.
La misma situación se vive con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), a quien el gobierno nacional viene buscando seducir hace meses —ya que cuenta con tres senadores que le responden directamentes—, aunque por ahora sin éxito. "Es difícil así, no ofrecen nada a cambio", admiten, con estupefacción, senadores opositores que sí acompañarán la ley del oficialismo.
El segundo objetivo es voltear las leyes. "Nos faltan cuatro, solo cuatro", repiten los alfiles peronistas, algunos más convencidos que otros. Y para eso dependen de que sus dos excompañeros de bancada, el entrerriano Kueider y el correntino Espínola definan, finalmente, votar en contra de los proyectos. Los dos senadores son agentes sin tierra, es decir que no responden a sus gobernadores (de distinto signo político), y votos claves para Casa Rosada. Kueider tiene firma en las comisiones que tienen que dictaminar la Ley Bases y se ha negado a acompañar hasta que el gobierno introduzca algunos cambios en el proyecto. Demanda modificaciones en el RIGI, la reforma laboral, las facultades delegadas, Ganancias, entre otros capítulos. Y asegura en la intimidad que, a menos que el gobierno empiece a hacer algunos cambios, votará en contra.
El caso de Espínola es distinto. Compañero de bloque de Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino quiere disputarle la gobernación a Gustavo Valdés el año que viene. "No sabemos si por el PJ o La Libertad Avanza", ironizan en UxP, en donde sospechan que Espínola, que mantiene un buen vínculo con Victoria Villarruel, podría alejarse del PJ —que está intervenido en la provincia— para cerrar un acuerdo local con el gobierno nacional. Es una situación en la que todos ganan: LLA necesita un candidato en Corrientes y "Camau" es consciente de que Milei arrastra altos niveles de aprobación en la provincia. No hay una decisión tomada, sin embargo, y en UxP descuentan que, si Camau quiere arribar a un acuerdo para volver a ser el candidato del peronismo, tendrá que oponerse a la Ley Bases.
Los otros dirigentes que están en la mira son José Caramba y Natalia Gadano. Ambos son senadores de Por Santa Cruz, un frente heterogéneo y variopinto que llevó a Claudio Vidal a ganar la gobernación de Santa Cruz luego de 30 años de gobiernos kirchneristas. Debido a las características de la coalición ninguno de los senadores esta alineado totalmente con el gobernador e, incluso, en los últimos días han comenzado a manifestar muchas críticas a la Ley Bases. "Los santacruceños se pintaron la cara", sostienen en el radicalismo, en donde interpretan que Carambia votará en contra. En el peronismo, mientras tanto, observan con atención sus movimientos: "No sabemos si quieren ir con nosotros o nos usan para subirse el precio", sostiene un senador de UxP. Hasta ahora, sin embargo, Carambia solo ha tenido más que críticas con el gobierno nacional.
Si UxP llegase a sumar a Kueider, "Camau" y Carambia, contaría con 36 senadores por el rechazo: un número que ya le permitiría arrebatarle a LLA el número para el quórum (ya que, como máximo, podría aspirar a unos 36 apoyos). Por eso se mueven con cautela: es un movimiento de pinzas que dependerá de la respuesta del gobierno nacional este fin de semana. En el peronismo observan que los gobernadores reclaman recursos —para obra pública, para las cajas jubilatorias, para educación— que el Gobierno no parece dispuesto a dar e intuye que, de continuar esta línea de negociación, ellos podrán saltar para bloquear la ley. "Estamos cerca de los 37. Y si llegamos a los 37 vamos a ser más", afirman los más optimistas.
Los dos tercios
Por fuera de la Operación Rechazo, el peronismo tendrá que definir qué estrategia adoptará en el caso de que el oficialismo logre sancionar sus dos leyes en general. Porque varios senadores opositores especulan con alcanzar los dos tercios para forzar algunas modificaciones en la votación en general. Los patagónicos, por ejemplo, usan la amenaza de los dos tercios para negociar cambios en algunos capítulos, como el de Ganancias o privatizaciones. Conseguir 48 senadores —los dos tercios del recinto— para modificar o eliminar un artículo significa blindarlo de posibles cambios en Diputados, ya que la Cámara baja necesitará hacerse de esa misma mayoría para ratificar la versión original de la ley (y en Diputados conseguir los dos tercios es imposible).
Para conseguir los dos tercios, radicales y patagónicos especulan con sumar el acompañamiento del peronismo. Pero UxP aún no tomó una decisión sobre qué hará en esos casos: de momento aspira a rechazar todos los artículos, pero, frente a la posibilidad de poder modificarlos, deberá analizar si acompaña o no al resto de la oposición. Esto es así con Ganancias, el blanqueo, las facultades delegadas, la reforma del Estado, las privatizaciones y la eliminación de la moratoria previsional. Dependerá, en última instancia, de si están convencidos de que se logrará llegar a los 48 senadores. "Si no es gastar pólvora en chimangos", sostienen.
