La crisis de la lechería en general, y de la cooperativa SanCor en particular, golpea de lleno a Santa Fe, dado que una de las cuencas lecheras más importantes del país se encuentra ubicada en el oeste de la provincia. Así, la producción de leche y su industrialización constituye un motor fundamental de la región por diversos factores: su incidencia en el consumo interno ‑se trata de un alimento esencial de la canasta básica‑, el valor agregado de dicha producción, y la demanda de trabajo. La importancia de la lechería se plasma no sólo en una gran cantidad de puestos de trabajo a lo largo del complejo productivo, sino también en el fomento al arraigo de familias productoras dentro de las principales cuencas lecheras. Sin embargo, en el último año y medio, el complejo está atravesando profundas transformaciones como consecuencia de un cambio en las políticas nacionales que modificaron muchas de las variables claves del sector, desde la relación entre el precio del maíz y el litro de leche hasta la demanda interna. Como consecuencia de dichas políticas y de las graves inundaciones, se produjo la mayor caída en la producción de leche de los últimos veinticinco años. El cierre de tambos a un ritmo que sólo puede compararse con el de la crisis de fines de los años noventa y principios de este siglo, es una consecuencia directa de esta situación.
Impacto de la crisis. La política macroeconómica de la alianza Cambiemos implementada a partir del 10 de diciembre de 2015, fundamentalmente la eliminación de retenciones, la devaluación y el desmantelamiento de la política de comercio, trajo como resultado un desplome del 12,5% de la producción primaria y una caída del 9,2% del consumo per cápita en leches fluidas en el transcurso del 2016 en comparación con el año anterior. Asimismo, la industria láctea acumulaba 17 meses de caída continua entre los meses de enero 2016 y mayo 2017. Por su parte, en los meses de junio y julio se visualizó un tenue repunte, pero el último dato publicado para el mes de agosto indica una nueva caída del 5,5% con respecto a 2016 según el Estimador Mensual Industrial (EMI).
Esta dinámica nacional se replica en la provincia. Si bien al mes de setiembre no se cuentan con datos absolutos de producción nacional y provincial (en la página del Ministerio de Agroindustria de la Nación sólo están publicadas las variaciones interanuales e intermensuales del año), la Bolsa de Comercio de Santa Fe publica datos de producción en base al Departamento de Lechería provincial. Así, la producción láctea de once empresas de la provincia, representantes del 78,13% de la producción total, acumulan entre enero y abril del 2017 unos 496 millones de litros, un 19% menor que el mismo periodo 2016 y un 24% menor que 2015.
La crítica situación del sector se conjuga con el incremento de las importaciones, tanto en algunos productos habituales como quesos, cuyas compras al exterior crecieron en un 200% (de 409.997 kilos a 1.226.778 kilos en el acumulado de los cuatro primeros meses de este año respecto del año anterior según datos del Observatorio de Importaciones de Santa Fe) como así también, llamativamente, de algunos productos que no solían importarse, como manteca y crema de leche. En el primer caso, el volumen importado en los primeros ocho meses ascendió a 510.970 kg, un 424% mayor al mismo período del año anterior (97.570 kg). En el caso de la crema, ese valor aumentó a 6.395 kg, un 3433% mayor al acumulado 2016 (181kg).
Debido a la caída de la producción industrial, un conjunto importante de empresas provinciales está mostrando diversas dificultades o directamente cerrando. Muestra de ello son los casos de cierre de plantas concretados o anunciados por empresas como La Serenísima en Rufino, la fábrica de quesos Chateubriand en Carmen, la planta quesera Magnasco en Santa Fe y las de SanCor en Córdoba y Santa Fe. Como corolario, los últimos datos del Ministerio de Agroindustria confirman la crisis que atraviesa el sector ya que durante el mes de agosto el uso de la capacidad instalada fue de apenas el 48%.
La política macroeconómica provocó un desplome de la producción primaria y una caída en el consumo per cápita.
Reforma laboral. En este marco general, el gobierno nacional se comprometió a liberar los fondos comprometidos desde febrero del corriente año tras la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo para la industria láctea. Se trata de $450 millones de pesos provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR) que, meses atrás, el gobierno nacional se había comprometido a aportar para sobrellevar la situación hídrica y económica del sector. Hasta el momento el gobierno nacional sólo desembolsó $200 millones y llegó 40 días más tarde de lo acordado según informaron desde el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe.
Previo a las elecciones, esta situación fue tema de debate entre Luis Contigiani, ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe y diputado nacional electo el pasado 22 de octubre, y el gobierno nacional. El ministro cruzó a la Nación por "abandonar" a los tamberos santafesinos al tiempo que resaltó el apoyo que el sector recibió de la provincia (que aportó una primera suma de $150 millones y posteriormente $100 millones más para contrarrestar la tardanza de aportes nacionales) y convocó a reaccionar ante la Argentina de la flexibilización laboral. Por su parte, el saliente ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile defendió las gestiones realizadas por su área y opinó que "se ha polemizado de una forma infantil en el marco de la campaña". Pese a ello, el oficialismo nacional se terminó imponiendo frente a las segundas y terceras fuerzas en el oeste de la provincia. La alianza Cambiemos ganó en los departamentos de Castellanos por 32.977 votos de diferencia, San Martín por 9.339 votos y Las Colonias por 18.374 votos.
Entre tanto, el pasado lunes se firmó un nuevo convenio de todos los actores de la cadena anticipando el borrador del proyecto del gobierno sobre reforma laboral, con el objetivo de "modernizar" la industria y darle "mayor competitividad". El acto de firma del acuerdo, estuvo coordinado por el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, y participaron el gobierno, el gremio Atilra y las cámaras empresarias, grandes y pequeñas.
Los cambios apuntaron en general a reducir el costo laboral de las empresas. Se estableció un nuevo esquema de premios por presentismo y puntualidad y se introduce el principio de polifuncionalidad al estilo de los convenios firmados durante la década de los noventa. También se permite incorporar empleados por plazo fijo, es decir aquellos para necesidades productivas acotadas en el tiempo, y se crea la figura de trabajadores a tiempo parcial o "franqueros" (sábado, domingos y feriados). Adicionalmente se excluyen del convenio las actividades que no se corresponden con las normales, específicas y propias de la actividad y se asume el compromiso de modernizar las categorías y el escalafón, abriendo una instancia de negociación para adecuar las categorías, acorde a la nueva tecnología y nuevos procesos industriales.
Por otra parte, también se avanzó en reducir el aporte que se realiza al gremio. El 5 de mayo se había firmado un acuerdo para reducir sustancialmente los montos del aporte extraordinario que realizan las empresas al sindicato por trabajador por mes: para empresas PyMes (de hasta 70 trabajadores) la suma quedó en $750 y para las grandes se fijó en $1500. Este era un tema que había generado mucha presión para ser modificado por parte de las PyMes ya que originalmente los aportes eran de $3700 para todas las empresas, sin distinción entre grandes y pymes.
Finalmente este nuevo convenio había formado parte de los puntos del plan de reestructuración convalidado por la última asamblea de accionistas conocido como "Plan SanCor". En el mismo se prevee además, como parte del salvataje de la empresa, un cambio de figura de la compañía hacia una sociedad anónima y la incorporación de uno o más socios privados con cierres de plantas y ventas de otras. Se trata, particularmente, de las plantas de Moldes, Brinkmann, Charlone y Centeno.
En línea con esto último, las autoridades y habitantes de las localidades donde se encuentran ubicadas las principales plantas de SanCor en la provincia, insisten con que las mismas van a desaparecer ya que la actividad principal de esos lugares pasa por la industria láctea. Independientemente del futuro de las negociaciones (la neozelandesa Fonterra parece la principal postulante para tomar el control de la empresa), cientos de puestos de trabajo corren peligro de evaporarse, incrementando la preocupación de los trabajadores del sector quienes ya se encuentran dentro del paquete de reforma laboral planteado.
