Un año fuera de la ley
 

Con la presencia de aproximadamente 150 representantes, provenientes de 15 provincias y 25 ciudades de todo el país, todos ellos vinculados con organizaciones relacionadas con la comunicación y que entienden a la misma como un tema central en la construcción de una sociedad democrática, el pasado viernes 2 de diciembre se reunió en Buenos Aires el 2º Encuentro Federal de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) con el objetivo de relevar la situación de la comunicación en el país y con la finalidad de acordar líneas de acción prioritarias hacia 2017.

En la oportunidad la Coalición emitió un documento, aprobado por aclamación en el plenario de cierre, junto con un repudio a la situación de detención de Milagro Sala y otros referentes sociales. En el pronunciamiento, titulado “Un año fuera de la ley”, se denuncia la modificación de leyes por decreto, el establecimiento de medidas que profundizan la posición dominante de empresas privadas en la comunicación y el perjuicio a medios no comerciales.

Los participantes del encuentro sostuvieron que “la comunicación social y la libertad de expresión están en riesgo en la Argentina” al cumplirse un año del “desmantelamiento de las leyes 26.522 y 27.078 de probada legitimidad democrática y control constitucional, que consagraban derechos esenciales en materia comunicacional”. Para la CCD “los decretos que disolvieron órganos plurales y participativos como Afsca y Aftic invocaron pretextos tecnológicos para ocultar el único resultado buscado: la captura gubernamental de la autoridad de aplicación para someterla a la voluntad el Poder Ejecutivo y de los lobbystas de las corporaciones que concentran los negocios del sector”. Se denuncia también que se “disolvieron órganos de representación federal, académica y sectorial con responsabilidades en el Directorio para sustituirlos por ámbitos con menor representación y carentes de función ejecutiva”.

Se sostiene a su vez que “al amparo de normas supuestamente transitorias, se autorizan operaciones de compraventa de medios y empresas que cristalizan posiciones dominantes de mercado”.

Al mismo tiempo la Coalición expresó su preocupación por la mora del Gobierno “en presentar ante la sociedad un modelo de regulación de los servicios convergentes para un verdadero debate ciudadano” mientras se monta “un simulacro de participación que incluye seminarios sin debate y opiniones de 300 caracteres por internet”. Esta situación, dice la CCD, “es funcional a los empresarios dominantes en el sector, y se resume en palabras que también repiten los funcionarios: ‘la mejor ley es la que no existe’”, interpretada como “una clara invitación a vivir sometidos a la ley del más fuerte”.

En el documento se advierte además que “al finalizar 2016, la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación, organismo creado por la ley 26.522, se encuentra en estado de acefalía”, hecho que pone en evidencia “el cambio de perspectiva respecto a la concepción de las audiencias como sujetos de derecho que establece la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Respecto del Fondo de Fomento Concursable (Fomeca) para medios comunitarios, proyectos especiales y pueblos originarios se dice que “debe cumplirse la obligación de ejecutar la totalidad de los fondos que fueron asignados a diversos proyectos en 2015” y se advierte que “la reciente convocatoria a los Fomeca 2016 llega tarde y con escaso tiempo para un aprovechamiento que fomente los objetivos previstos en la ley”.

En el encuentro también se aprobaron acciones consensuadas para dar continuidad a la lucha por una comunicación democrática, entre las cuales se destacan:

  •  Considerar la presentación de proyectos de aplicación de tarifa social de servicios públicos para los medios en las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  •  Incidir en el tratamiento de la ley nacional de publicidad oficial y proponer regulaciones provinciales y municipales de publicidad oficial.
  •  Impulsar ordenanzas municipales de declaración de interés para los medios comunitarios.
  •  Promover y acompañar las políticas de apoyo a los medios universitarios y educativos.
  •  Defender los derechos de la infancia: origen, cantidad, calidad y horarios.
  •  Defender los derechos de la infancia: origen de la programación, cantidad y calidad de los contenidos y asignación pertinente de horarios.
  •  Dar continuidad a las presentaciones realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento completo puede leerse en http://www.coalicion.org.ar/documento-un-ano-fuera-de-la-ley/