En su última sesión, el Concejo aprobó un proyecto de decreto que le encomienda al Ejecutivo la gestión ante el Ministerio de Salud provincial la reglamentación del artículo 17º de la Ley Provincial de Salud Mental. La norma establece las condiciones de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados de salud mental a los fines de efectuar el control de la infraestructura, los recursos humanos y el proyecto general asistencial y de programas de tratamiento. En el decreto, los ediles plantean que resulta fundamental que desde la cartera de Salud provincial se realicen controles y auditorías periódicas a las comunidades o clínicas privadas, efectivizándose las previsiones de la ley de salud mental vigente. "Pedimos la reglamentación del artículo de esa ley porque consideramos que es una buena herramienta, la valoramos, pero para profundizarla necesitamos trabajar mucho más en conjunto", dijo a Rosario/12 la concejala Norma López, autora de la iniciativa aprobada el pasado jueves.

Al mismo tiempo, ante el avance contra la ley nacional vigente a través de un decreto del Ejecutivo nacional, ayer el Movimiento de Usuarixs y Trabajadorxs en Defensa de la Ley de Salud Mental de Rosario, realizó una reunión urgente en el Colegio de Psicólogos para evaluar medidas en defensa de lxs usuarixs.

En tanto, según los datos revelados por López, existen en Rosario 14 clínicas psiquiátricas privadas y 4 comunidades terapéuticas, el Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila, más los geriátricos con abordajes en salud mental. "Estamos hablando de 800 a 1000 internaciones, millones de pesos que aporta el Estado subsidiando a privados y sobre las cuales desconocemos los controles y auditorías que el Ministerio de Salud realiza a estas comunidades y clínicas. Con el avance de la gestión nacional de vaciar la Ley de Salud Mental retrocedemos y volvemos a las prácticas manicomiales antiquísimas que sólo perjudican a las personas", consideró la presidenta del bloque FPV.

Por estas razones, López junto a los concejales Marina Magnani, Fernanda Gigliani, Eduardo Toniolli y Osvaldo Miatello consideraron que es necesario avanzar en la reglamentación del artículo 17 de la Ley provincial de Salud Mental 10772. "Es indispensable que existan controles en estas instituciones. La actual gestión nacional derogó la resolución 1484 que fijaba las normas mínimas para la habilitación para este tipo de establecimientos. Por eso pedimos la reglamentación, porque queda en manos del estado provincial. No podemos permitir que se siga vaciando la ley nacional, estamos hablando de salud e integridad de las personas desde la perspectiva de los derechos humanos", señaló López.

En ese marco, la edila aseguró que "es la provincia la que debe ejercer el control de los establecimientos dedicados al tratamiento de la salud mental y las adicciones. A mediados de año se aprobó un decreto solicitando se informe sobre la muerte de Lucas Figueroa, de 19 años, en el Sanatorio Neuropático, ubicado en San Martín al 5800, y nunca fue contestado". También el Concejo aprobó un decreto pidiendo el inmediato traslado de jóvenes y adolescentes alojados en la Comunidad Terapéutica Fundación San Camilo de la provincia de Buenos Aires hacia Rosario. "No hay limitaciones con algunas prácticas manicomiales que creíamos desterradas", agregó.

Horas antes de aprobarse el proyecto, López y Toniolli se reunieron con referentes, trabajadores y usuarios de Salud Mental para debatir sobre el control de las instituciones que trabajan en el ámbito de la Salud Mental. "Trabajar en forma conjunta configura un buen escenario", concluyó la titular del bloque FpV.