Opinión
La grasa laburante
El combo avanza en el Congreso. Tratativas con gobernadores y CGT. La soledad de los jubilados, el pato de la boda. Tijeretazo en la Anses. Reforma laboral: patronalista siempre aunque menos peor que el original. Nueva amnistía para delincuentes económicos. Algo sobre macartismo y concentración en los medios.

Las reformas permanentes anunciadas por el presidente Mauricio Macri siguen avanzando a paso redoblado. El Pacto Federal Fiscal y la Reforma laboral, naves insignia, se tratarán primero en el Senado donde encontrarán menos escollos que en Diputados. 

Los regateos con los gobernadores y la Confederación General del Trabajo (CGT) se resolvieron rápido, llamarlos “pulseadas” sería un exceso. El Ejecutivo conservó la parte del león de las iniciativas. Subrayamos “la parte del león”, por motivos evidentes.

El ingrato rol de pato de la boda lo protagonizarán en primer lugar los jubilados, beneficiarios de prestaciones sociales. También los trabajadores, en especial los estatales. En ese sentido, el Pacto Federal y sus secuelas evocan (sin ser un calco) dos instancias desoladoras del gobierno de la Alianza. Son la quita salarial del 13 por ciento y un acuerdo entre Nación y provincias, pariente lejano del actual, firmado en 2001 cuando el iceberg estaba a la vista del Titanic. Imposible equiparar las dos coyunturas: Cambiemos acaba de ganar las elecciones y el tonel de la deuda externa parece no tener fondo. Nada es para siempre pero el Gobierno goza, sin relajarse.

Los cofirmantes deberán estar atentos a la propensión gubernamental a modificar la letra chica de lo acordado. Y a rezar (o dar con el mazo) para que no cometa tropelías en la reglamentación… están frescas las huellas del blanqueo de capitales y el inconsulto indulto presidencial a la famiglia Macri. 

Es prematuro especular sobre las vicisitudes parlamentarias por venir. Varias de las decisiones provinciales deberían tener el aval de las respectivas Legislaturas, como parte del itinerario a recorrer.

Nada es seguro en el Congreso, vaya un botón de muestra, ligeramente digresivo. Sorpresivamente, se estancó el salvaje proyecto de modificación del Ministerio Público. Los senadores peronistas no renegaus (encabezados por el entrerriano Pedro “Pemo” Guastavino) frenaron el tratamiento formulando objeciones sensatas a “n” cláusulas, en especial al facilismo para nombrar, destituir o suspender al Procurador General. También, contra el espíritu de la época, frenaron una carrada de despidos intempestivos más motivados en persecución política que de afán de eficiencia. Baqueanos de la Cámara alta calculan que el oficialismo deberá esperar un tiempito para volver a la carga, tal vez hasta el año próximo. 

Volvamos a la política económico-social. La mirada será panorámica, por la lógica de esta columna, por estar en trámite las medidas y porque la lectura especializada recae en otras manos, más idóneas. No entraremos en detalles, que se explayaron y explayan en otras páginas de este diario.

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La soledad de los jubilados: Los gobernadores expresan (a veces hasta defienden) los intereses de sus provincias. Tuvieron un gesto amigable hacia los jubilados cuestionando el ajuste solo por inflación. Lástima que olvidaron el correlato de objetar la poda a los fondos de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (Anses), 100.000 millones de pesos… algo para recortar.

El ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, no se dio por aludido mientras su par de Interior, Rogelio Frigerio (n), comprometió su palabra en adoptar otro parámetro, menos lesivo para los jubilados.

El coeficiente adoptado en el proyecto respectivo (ver asimismo páginas dos y tres de esta edición) se asemeja más a la negativa del joven manos de tijera Dujovne que a la promesa de Frigerio. 

El porcentual de incremento por sobre el índice de Precios al Consumidor es irrisorio y hasta puede resultar nulo. En una de esas, la vara se coloca baja para negociar después. Negociar desde cero, eso sí. La primera pregunta del millón es si los gobernadores entregarán mansamente a los jubilados y aceptarán que se les tomó el pelo. 

La CGT se plantó firme en defensa de sí misma, de los sindicatos y de las Obras Sociales. Fue más contemplativa respecto de los derechos de los trabajadores. Su agenda corta ignoró a los jubilados, fea la actitud, que devendría cruel si no se comprometen a fondo durante el tratamiento parlamentario. La segunda pregunta del millón es si los triunviros seguirán pintados frente a la burla de Frigerio-Dujovne.

El Gobierno dejó afuera del “diálogo tripartito” a los movimientos sociales (CTEP, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie). Confía en domesticarlos con un bono de 2200 pesos para sus representados, a fin de año. Produjeron durante la semana que pasó su primera jornada de protesta: ollas populares, para ganar visibilidad sin cortar el tránsito evitando malquistar a otros argentinos de a pie. Pasado mañana a las 11 se movilizarán a la Anses para exigir que el bono sea extensivo a los jubilados y a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sus perspectivas de éxito, por sí solos, son nulas pero merece resaltarse la solidaridad, ausente en otros actores del “campo popular”, más poderosos.

Repasemos quiénes bancaron a los jubilados. Un gestito de los gobernadores cuyo real valor se medirá en el Congreso. La clásica atonía de la CGT respecto de compañeros de clase que laburaron toda una vida. Poca masa crítica para reivindicar a los retirados que carecen, históricamente, de representación activa y potente. No negamos a sus organizaciones, sopesamos su poder y capacidad de influencia. 

Dicho mal y pronto, a la espera de quien lo exprese mejor: a los jubilados los representa el Estado. Más en criollo: es el Gobierno “de turno” quien ejercita el mandato. 

A dos años de macrismo, reluce que quedaron atrás tiempos mejores, a partir de 2003. Moratoria generosa, ampliación de derechos a amas de casa y trabajadores que no acumularon aportes suficientes, aumentos semestrales superiores a los que vendrán. 

Agarrate nona, bobe o abuela Catalina. Esto recién empieza, porque ya se dejan oír dicterios contra la “inflexibilidad del gasto” por quienes son implacables con seres humanos, los menos protegidos: niños, mujeres y personas mayores, en particular.

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Una pregunta de novela: El proyecto de reforma a la Ley de Contrato de Trabajo y blanqueo a informales entró al Senado ayer. Requiere una lectura afinada y mucha atención a los debates que provocará.

A cuenta, empecemos por el principio. Nadie insta una nueva Ley de Contrato de Trabajo si no anhela alterar la ecuación actual. No hace falta ser un as para desentrañar el objetivo central de la jugada.

En la prehistoria de la novela policial, la escritora Agatha Christie inventó al detective Hércules Poirot que resolvía crímenes misteriosos razonando. Una de sus preguntas-guía era “¿cui bono?”, a quién beneficiaba el asesinato en cuestión. Saberlo era clave para aligerar (o reducir a uno) la lista de sospechosos.

La reforma busca fortalecer el poder patronal, abaratar indemnizaciones, generar nuevas modalidades laborales con menos protección que el trabajo en relación de dependencia, cambiar la correlación de fuerzas y la distribución del ingreso entre empresarios y trabajadores.

¿Cui bono? ¿Qué duda cabe? 

Las correcciones obtenidas por la CGT contra la primera redacción del texto con ser importantes, no anulan su núcleo.

El triunvirato cegetista alivió la primera moción macrista, que contenía lastre para entregar y otras cláusulas tremendas. El Gobierno se vale del método PPSP (pegar por si pasa) y recula concediendo lo menos posible. Es una forma astuta de llevar las tratativas.

Los cambios más importantes son:

  • Se retractó el cambio del concepto de trabajo, un aspecto árido y técnico en apariencia pero que incide (puede incidir) en las interpretaciones judiciales.
  • Se mantuvo, parcialmente, la solidaridad de los empleadores principales con los sub contratistas, lo que coloquialmente se apoda “tercerización”. Pero se relajaron exigencias y sanciones para incumplidores.
  • Se suprimió el “banco de horas” que ponía fin a las horas extras aunque se habilitó que se establezcan en las paritarias. En éste y en otros varios rubros, el Gobierno desistió de abolir derechos o garantías a través de la ley pero abriendo paso a posibles concesiones en las convenciones colectivas.
  • Se mantendrán intactas las cargas patronales. Acá habría que añadir la sigla “SMCSP” (si Macri cumple su palabra).

No hay motivo para menoscabar las correcciones, a condición de admitir lo obvio, que puede expresarse frisando el trabalenguas. Los cambios no mejoran la situación de los trabajadores: la empeoran menos.

El espíritu de la ley es anti operario, su designio último es suprimir (o limar) conquistas reconocidas durante décadas. Bajar el costo laboral equivale, por mucho maquillaje que se le ponga, a bajarle el copete a los laburantes.

El combo macrista es homogéneo, por donde se lo mire. La economista Marina Dal Poggeto escribió que el nuevo esquema impositivo agrava la situación de “las familias” y mejora la del empresariado. Lindo modo de describir cómo se acentúa la desigualdad. Ya que estamos: los trabajadores pagarán más impuesto a las ganancias: melancólico saldo de la cruzada que libró la CGT antes de 2015.

El acuerdo se selló en un escenario chocante: la Sociedad Rural, durante unas jornadas contra el trabajo infantil. Bregar contra esa forma de explotación en la Rural es como armar un seminario contra el abuso sexual en la casa del cura Julio César Grassi. “El campo” gana medalla de oro en surtidas formas de expoliación: trata de personas, jornada de sol a sol sin pago de horas extras, informalidad. El flamante ministro de Agroindustria. Miguel Etchevehere, podría dictar un doctorado al respecto.

El ámbito donde se cerró el pacto es quizás secundario aunque dirigentes obreros deberían precaverse para evitar agregar símbolos dolorosos a un retroceso.

Traerá más cola, porque es más criticable, la decisión solitaria de la cúpula, adoptada sin consultar a “los cuerpos orgánicos”, ni siquiera reunir al Concejo Directivo de la Central obrera.

El blanqueo merece un pequeño párrafo aparte.

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Parrafito aparte: “Regularización del empleo no formalizado” se nombra, en jerga legal, al blanqueo. La CGT avaló sin dilemas ni retoques la innovación, adhiriendo al argumento del Gobierno: es una herramienta para bajar la evasión y sumar trabajo digno.

Los blanqueos, por esencia, validan inmoralidades e ilegalidades en aras de un fin virtuoso. Esta gestión no los inventó aunque va por el segundo en menos de años, en camino hacia el libro Guiness.

El problema, común a todo el aparataje oficial, es que lo malo llega “de una” y las virtudes virtuales dependen de largos concatenamientos de hechos improbables, carambolas a varias bandas. 

Lo más nocivo de la regularización es la “extinción de la acción penal”: una amnistía otorgada a delincuentes de guante blanco. Se pacta una tregua clasista en la lucha contra la corrupción. Quienes están en el banquillo deben quedar ahí; el perdón gubernativo-sindical excede cualquier cuota de tolerancia.

El triunviro Héctor Daer se ufanó por los 900.000 trabajadores que podrán ser regularizados. Cuesta compartir tamaña euforia, antes de que se vean los frutos. 

Si se lograran formalizar 200.000 puestos el juicio crítico debería matizarse aunque siempre contrapesando en el otro platillo de la balanza la impunidad consagrada a quienes “distrajeron” las cargas sociales, llevándolas a su bolsillo. 

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El ejército estatal de reserva: El jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró, ante el Honorable Congreso, que no habría reforma laboral por ley. No se ría, lector, lo dijo con semblante serio.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cortó de cuajo decenas de miles de pensiones a personas discapacitadas sin cumplir la obligación legal de fundar el despojo por escrito y notificarlas. Las víctimas se anoticiaron ante el cajero automático. Tras cartón, Stanley se comprometió a restituirlas, mientras estudiaba “uno por uno” los casos. Mintió de nuevo, se iniciaron acciones judiciales. Perdió en primera instancia, no se dio por vencida: apeló. Ahora la Cámara Nacional de Apelaciones de Seguridad Social la condena a cumplir con lo debido. Es imposible saber cómo se comportará considerando el desempeño previo.

Peña y sus publicistas divulgan que funciona un estado amigable, paparruchada de la que se hacen eco aliados de Cambiemos y hasta académicos o periodistas de buena fe, más sensibles al discurso que a hechos re-conocidos.

En tal contexto, se divulgó un documento atribuido a una consultora privada conchabada por el Gobierno, aconsejando despidos en masa de estatales, deslindados repartición por repartición. Superan los 19.000, cuando restan “inventariarse” muchos organismos, secretarías y ministerios. La Casa Rosada desmiente la autenticidad del material… en fin. 

Macri predicó a los gobernadores para que despidieran masivamente y redujeran salarios de estatales en sus terruños. El mensaje ilustra acerca del sesgo de todas las medidas. Los mandatarios guardaron prudente silencio. 

El progreso por venir se imagina con un ejército de reserva, como recado para inducir la baja de los sueldos. Macri preconizó, con todas las letras un esquema conocido, ya testeado en estos pagos.

Si se afina la mirada, es pertinente lo tuiteado por el sociólogo Sebastián Etchemendy: “La reforma tributaria la pagan esencialmente los no organizados: jubilados y beneficiarios de la AUH por desfinanciamiento de ANSES”.

Pero la batida no termina en esa, la primera napa de damnificados. A los trabajadores convencionados los tutelan mejores coberturas pero están en la mira. 

Esta historia continuará, en el Congreso, en las calles, en los gremios, en las Universidades y en el Agora. El macrismo va por todo, se lee vencedor y siembra vientos fuertes. Confía en la apatía mayoritaria y en la falta de energía de los damnificados. Una apuesta cruel, clásica en un programa de derecha… lo que no garantiza su éxito ni garantiza su fracaso. Los adversarios también juegan: habrá que ver cómo, cuándo… y cuántos.

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