Temas de debate> Los cambios que se vienen en el sistema de protección social
Recaudar entre los que menos tienen
Los analistas coinciden en que los cambios propuestos por el oficialismo apuntan a deshacer un sistema de protección social con amplia cobertura, jubilaciones elevadas en la comparación regional y sostenible. El objetivo es reducir el déficit cortando el hilo por lo más delgado.

Producción: Javier Lewkowicz


Deshacer el sistema

Por Mara Ruiz Malec *

El sistema de protección social es la gran “pesada” herencia. La concepción ideológica de este gobierno plantea un Estado pequeño, con bajos impuestos para los empresarios, y donde cada uno es único responsable de lo que tiene. Para el resto hay asistencialismo, lo mínimo indispensable para no subir los índices de pobreza. Un sistema de seguridad social como el heredado, donde las jubilaciones ocupan el 40 por ciento del gasto primario, que sube a 54 por ciento si se agregan el resto de los programas (asignaciones familiares, pensiones no contributivas, etc.), donde la cobertura previsional es casi completa pese a que mucha gente no pudo aportar la cantidad de años suficientes, es un blanco gigante a donde apuntar los cañones del ajuste. 

Todo lo implementado hasta ahora va por el sendero de deshacer un sistema de protección social con amplia cobertura, jubilaciones elevadas en la comparación regional y sostenible. En 2015, el déficit proyectado de la Anses para los próximos años no llegaba, según nuestros cálculos, al 1 por ciento del PIB, sin contar la rentabilidad del FGS, por lo que podía considerarse cubierto. El fallo de la Corte suprema que restituyó a tres provincias recursos cedidos a la Anses, comenzó a hacer tambalear las cuentas. La Reparación Histórica generó un conjunto de pagos a lo largo del tiempo y ningún recurso sostenido para afrontarlo, porque el impuesto por el blanqueo fue algo de una sola vez. También se restituyó de forma gradual la devolución de coparticipación al resto de las provincias y, lo más importante, se propuso reformular el sistema de jubilaciones en 2019.

Con la Reparación Histórica eliminaron las moratorias, que permitían jubilarse en iguales condiciones a quienes no habían podido aportar todos los años, y se cambió por una pensión universal, que además de subir la edad de acceso para las mujeres, es solo del 80 por ciento de la mínima. 

El pacto fiscal con las provincias va en el mismo sentido. Nuevamente, se ataca el carácter solidario del sistema. La promesa del 82 por ciento móvil con respecto al salario mínimo es falaz, porque la jubilación mínima hoy es el 82 por ciento del salario mínimo y lo es para todos. El gobierno propone que sea sólo para quienes tengan 30 años de aportes. Esto puede sonar justo, pero no debe perderse de vista que, en nuestro país, en general quienes trabajan sin aportes no eligen que así sea. No es que se “quedan” con lo que hubiese sido el aporte. Por el contrario, el salario promedio de un trabajador no registrado es 43 por ciento inferior al de un trabajador registrado, además de no contar con aguinaldo, obra social, licencias y otros beneficios.

Se modifica la fórmula de movilidad. En 2016 el FMI remarcó como negativo que “las jubilaciones crezcan por encima de la inflación”. Si pasaran a crecer como la inflación, implicaría congelar su poder de compra y negar cualquier chance de mejora. La fórmula de movilidad también incide en el cálculo del haber inicial. Por lo tanto, también se bajarían las futuras jubilaciones. Dadas las recetas del Fondo, es de esperar que la nueva fórmula sea menos generosa que la actual.

Aún con esta baja de gastos, los cambios acordados con las provincias tienen por resultado menos recursos para Anses, que perdería alrededor de 68 mil millones de pesos en 2018. El organismo ganaría el 30 por ciento del impuesto al cheque (60 mil millones de pesos) pero dejaría de percibir el 20 por ciento de lo recaudado por ganancias (128 mil millones de pesos). Cabe recordar que la propuesta de ceder el 70 por ciento restante del impuesto al cheque ya había sido enviada al Congreso el 15 de septiembre. Es decir, ese 70 por ciento no estaba previsto para compensar a Anses por transferir recursos a las provincias. Además, el pago del impuesto al cheque correrá a cuenta de ganancias, y no se sabe si esto incidirá sobre la recaudación del cheque o la de ganancias. Por último, el impuesto al cheque tiene fecha de caducidad en 2022. A esto hay que sumarle que Anses perderá recursos equivalentes al menos al 1 por ciento del PIB para ese año por la rebaja en las Contribuciones Patronales.

Para volver a dejar afuera a los que siempre quedan afuera de todo sistema, será clave seguir desarmando las fuentes de financiamiento de la Anses, para llegar a 2019 con un sistema en crisis donde la solución “lógica” sea volverlo más restrictivo.

* Economista del Instituto de Trabajo y Economía - Fundación Germán Abdala. 


Cambiando futuro por pasado

Por Federico Bobrovsky  *

La Seguridad Social fue pensada y construida con el fin de generar un sistema de redistribución del ingreso que trajera paz y equilibrio social y permitiera a los ciudadanos poder desarrollar su personalidad, en términos jurídicos, libremente de los estados de necesidad en un sistema capitalista. Para ello se crearon diversos fondos que hicieran frente, con recursos y aportes de trabajadores y empresarios, a la merma en el ingreso de los primeros por las diversas contingencias sociales que pudieran sobrevenir. Así fue evolucionando el sistema, que amparado en los principios de solidaridad, universalidad e integralidad, fue alcanzando paulatinamente a la mayor parte de la población y cubriendo más contingencias sociales. Asimismo el sistema es capaz de tener efectos contracíclicos en momentos de crisis al poner en movimiento los fondos acumulados hacia la economía real. De lo que se trata hoy, con las reformas planteadas a la ley de Contrato de Trabajo, al Sistema de Seguridad Social y la Reforma Fiscal, es apropiarse de los fondos públicos de los trabajadores y de jubilados y pensionados, para seguir abonando una bicicleta financiera con fuga de capitales que ya no puede ser financiada con deuda externa. Esto genera una clara transferencia de ingresos de los sectores del trabajo, tanto activos como pasivos, a los sectores rentísticos.

Estas reformas tienen todas un lineamiento ideológico común: restaurar los privilegios económicos de una clase de por sí ya privilegiada. David Harvey, un geógrafo y teórico social británico, en un libro relativamente reciente (“Breve Historia del Neoliberalismo”) presenta un cuadro en el que analiza qué porción de la renta total de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se lleva el 0,1 por ciento más rico de la población de esos países. Allí puede observarse que en 1913 era del 9, 12 y 8 por ciento respectivamente y paulatinamente fue descendiendo a medida que se fueron implementando los Sistemas de Seguridad Social en esos países, desde la posguerra de la Primera Guerra Mundial hacia fines de los años 70, en donde comienza a implementarse políticas neoliberales siendo que se había llegado a un intolerable 2 por ciento de la porción del ingreso nacional de esos países para el 0,1 por ciento más rico, para situarse ya en un 6 por ciento en 1998 para Estados Unidos. Harvey, conjuntamente con otros pensadores, sostienen la tesis que el neoliberalismo representa la restauración del poder de las elites más ricas, tanto es así que en el informe anual de 2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se estableció que las 85 personas más ricas en el mundo disponían de los mismos recursos que 3.500 millones. En el mismo informe de 2016 Argentina retrocedió en el índice de Desarrollo Humano 6 lugares respecto de 2015, situándose en el puesto 45. La pérdida en el nivel de vida de la población pasiva y beneficiarios de planes sociales es especialmente significativa en nuestro país. La movilidad de los haberes jubilatorios, asignaciones familiares, los beneficiarios de la AUH y pensiones no contributivas para el año 2016 fue del 26,52 por ciento contra una inflación de más del 40 por ciento perdiendo más de un 14 por ciento de poder adquisitivo. Si tenemos en cuenta que este sector es uno de los más vulnerables de la población la situación se vuelve crítica. Esto sin contar la pérdida de prestaciones que otorga el PAMI (la obra social de los jubilados) y el brutal recorte en los beneficios a los medicamentos. Si bien de manera extraoficial, el gobierno va presentando los lineamientos de la reforma al Sistema Previsional. Básicamente se propone aplicar los postulados del proyecto imperecedero del Banco Mundial que contempla tres pilares. Uno de asistencialismo que ya fue creado con la Ley 27.260 de “Reparación Histórica” que otorga el 80 por ciento del haber mínimo para los que no tienen los aportes necesarios para obtener una jubilación ordinaria. Otro para los que sí las reúnen y un tercero que sería voluntario de capitalización individual. Esto implica desfinanciamiento y pérdida de derechos y poder otorgar, eventualmente, la crema del negocio de capitalización a bancos y compañías de seguros volviendo a las AFJP.

* Abogado previsionalista.