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La Justicia argentina investiga un "posible negocio ilícito de características trasnacionales" dedicado a la captación de mujeres vulnerables para subrogar sus vientres y comercializar esos bebes a parejas extranjeras. De a cuerdo a la investigación judicial, las personas interesadas en el "servicio" pagaban hasta 50.000 dólares por el procedimiento, cuando las personas gestantes cobraban cerca de 10.000. Por el momento, no hay personas detenidas.
Fuentes judiciales consignaron a Página|12 que algunas de las mujeres que subrogaron su vientre ya declararon en la causa. En total, se investigan 49 casos irregulares. Por el momento, la Justicia no puede definir la cantidad de personas involucradas con este accionar, pero sí que participaron escribanos, abogados y personas jurídicas. El Ministerio Público Fiscal consideró que se trata de una "explotación equiparable a la reducción a la servidumbre".
En el marco de la investigación, que se inició en enero 2024, se realizaron allanamientos en clínicas de fertilidad y escribanías de provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Allí se secuestró documentación donde, supuestamente, las mujeres brindaban su consentimiento a la práctica. "En base a afirmaciones se pudo establecer que son en todo o en parte falsas", apuntaron desde el juzgado.
Todo comenzó con una denuncia de Cancillería por una bebé argentina que fue llevada a la guardia de un hospital en Alemania en muy malas condiciones de salud. La Justicia alemana intervino en el caso y le sacó la guarda a la mujer de 58 años que llevó a la bebé a la clínica y la entregó a una familia sustituta.
Cómo funcionaba la red ilegal de subrogación de vientre
La operatoria, que en algunos casos fue denominada "Programa Argentina", incluía "la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto", explicó la fiscal del caso, Alejandra Mangano.
El sistema de reclutamiento de las personas gestantes consistía en contactos vía redes sociales, generalmente, a mujeres con apremios económicos. El ofrecimiento que les hacían era de 10.000 dólares por llevar a término el embarazo, más una suma que variaba entre los 1.000 y 2.000 dólares si el parto era por cesárea. Si por alguna razón la gestación se interrumpía, el pago no existía.
Por lo general, las parejas que pagaban el procedimiento viajaban al inicio de la práctica, luego volvían a sus países de residencia y recién volvían a viajar a Argentina en el momento del parto.
Si bien en Argentina hay un vacío en la legislación respecto a la subrogación de vientre, para que un procedimiento de este estilo sea legal necesita la autorización de un juez y no debe mediar un rédito económico. En los casos investigados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, eso no ocurrió.
Los delitos que investiga la jueza federal María Eugenia Capuchetti son violaciones al artículo 140 del Código Penal y el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
En el país, la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional. "Todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice", advirtió la fiscalía.
