Hoy podría ser el inicio del fin de la carrera como fiscal del ex agente de inteligencia Fabián Fernández Garello, cuando a mediodía comience el jury de enjuiciamiento que podría, de mínima, determinar su inmediata suspensión. A las 12, la Comisión Provincial por la Memoria, que presentó ante la justicia federal la denuncia en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, dará una conferencia de prensa encabezada por Adolfo Pérez Esquivel en la puerta del Senado bonaerense. Pérez Esquivel estará acompañado por organismos de derechos humanos que apoyaron la acusación, como Abuelas de Plaza de Mayo y el Cels. “Tenemos muchas expectativas en que el jurado dará curso a nuestra denuncia, los hechos son muy graves y la documentacion es contudente”, dijo a PáginaI12 Sandra Raggio, directora general de la CPM. 

“Es indubitable que Fernandez Garello fue agente de inteligencia, ni él lo ha negado, y también es irrefutable que la Dippba cumplió funciones centrales en el terrorismo de Estado porque ésa era básicamente su función durante la dictadura. Fernández Garello no puede alegar desconocimiento, fue parte de la delegación San Martin, implicada claramente en delitos de lesa humanidad y está imputado por algunos de estos hechos”, agregó Raggio.

La denuncia presentada en 2016 por la CPM había sido acompañada por el Serpaj, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina. La audiencia preparatoria del jury es una instancia definitoria, ya que el jurado, presidido por Hilda Kogan, deberá decidir si da curso a la presentación y comienza el proceso de enjuiciamiento o archiva la causa. Según la ley de enjuiciamiento, el fiscal general de Mar del Plata debe ser suspendido en sus funciones. 

El pedido de jury a Fernández Garello está fundado en su rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de Estado, como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) durante la última dictadura cívico-militar en la delegación de San Martín. 

 La gravedad de los hechos denunciados, como es la participación en delitos de lesa humanidad por parte del actual fiscal general, puede corroborarse en las pruebas documentales del archivo de la ex Dippba que el mismo Fernández Garello produjo. 

Esta información se conoció en el marco del juicio contra los represores que participaron de secuestros y torturas contra militantes del Partido Comunista. Durante la investigación, se analizaron los documentos del archivo de la policía bonaerense correspondiente a esos hechos y allí se encontró el nombre de Fernández Garello, que hasta ese momento había pasado desapercibido.    

Como parte de la repartición Dippba de San Martín, desarrolló acciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos. También fueron denunciadas acciones operativas de persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista, donde integró un grupo de tareas conformado por fuerzas conjuntas de la delegación Dippba de San Martín, el destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y la Brigada de Caseros, lugar donde fueron luego llevados ya que funcionaba como centro clandestino de detención. Desde allí fueron sacadas de su cautiverio, introducidas en móviles policiales sin identificación y obligadas a señalar domicilios de compañeros de militancia.

Esta práctica represiva era conocida como “lancheo”, sistemáticamente realizada por los grupos de tareas. Una de las víctimas señaló en su declaración que fue alojada en condiciones inhumanas y obligada a señalar domicilios bajo la amenaza de pisar su cabeza con un automóvil, sin reparar incluso en que la misma poseía una evidente discapacidad motriz. Por estos hechos ha sido llamado a indagatoria para el próximo 13 de diciembre en el juzgado federal N 1 de San Isidro.

Sobre la base de esta prueba documental, en diciembre del año pasado la CPM presentó ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político al fiscal general de Mar del Plata.