Desde Rosario

Los imputados detenidos en la llamada “banda de Los Monos” demoraron ayer casi tres horas el comienzo del juicio, al quedarse en calzoncillos hasta que lograron el compromiso del Tribunal de que volverían –anoche mismo– a la cárcel de Piñero. Y así fue. Cuando ese primer incidente –digno de una novela de Osvaldo Soriano– quedó resuelto, los planteos defensistas apostaron a dilatar el alegato de la fiscalía. La actitud decidida del Tribunal que preside Ismael Manfrín logró que la primera jornada terminara con el pedido de pena: 41 años de prisión para Ramón “Monchi” Machuca; 24 para Ariel Máximo “Guille” Cantero; 14 años para Andrés “Gitano” Fernández; 12 para Leandro “Gordo” Vilches; 10 para Ariel Máximo “El Viejo” Cantero y 10 también para Jorge Emanuel “Ema” Chamorro fueron las penas más importantes solicitadas por la acusación, que expuso sus teorías del caso por asociación ilícita para 23 de los 25 imputados; y por los homicidios de Diego Demarre, Lourdes Cantero y el triple crimen de Francia y Acevedo, con distintas atribuciones de responsabilidad para seis imputados. 

Al final de la audiencia, varios abogados solicitaron que sus defendidos fueran eximidos de asistir a las audiencias, un planteo al que Manfrín –en principio– fue reticente. Luego de escuchar las argumentaciones, el pleno que completan Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga decidió que deberán asistir hasta el final de los alegatos, y luego podrán ausentarse. Es decir que el juicio, en pocas jornadas, tendrá vacío el banquillo de los acusados. 

A las 9, todo estaba listo. Si la historia de Los Monos fuera una serie cuya temporada termina al comienzo del juicio, el suspenso del penúltimo capítulo estuvo garantizado: el proceso oral y público a 25 personas, 13 de ellos policías, se demoró hasta las 11.45 porque los procesados que están detenidos –“Guille”, “El Viejo”, “Monchi”, Vilches, Chamorro, Mariano Salomón, Fernández y Walter Jure– se negaron a bajar hasta que se resolviera su hábeas corpus por el lugar de detención: exigían volver a Piñero. Se quitaron la ropa y se quedaron en calzoncillos. Hasta que lograron volver anoche a su lugar original de detención.

La demostración de fuerza de los principales imputados tuvo en vilo durante la mañana a quienes se habían acercado a presenciar el inicio de un acontecimiento histórico. “Esto es una vergüenza política”, dijo el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade. 

Tras esa pulseada, los detenidos entraron esposados y fueron retratados por una nube de fotógrafos y camarógrafos de medios locales y nacionales. Los imputados que cursan el proceso en libertad estaban sentados desde temprano en sus sillas. Manfrín pidió la identificación de las partes. El más joven de los imputados, Agustín Ruiz, nació en 1990. El más grande, Gustavo Gula Gula Pereira, en 1961. “Monchi” es de 1982 y “Guille” de 1986. 

Allí empezó la segunda temporada de la serie. El abogado defensor Carlos Edwards pidió la recusación de Manfrín y Mas Varela por tener conocimiento previo de la prueba fundamental de la causa –las escuchas ordenadas por el juez Juan Carlos Vienna a Machuca y otros acusados–. “Es una recusación maliciosa”, consideró la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren. Luego de un cuarto intermedio de 45 minutos, el Tribunal rechazó el planteo por extemporáneo e intentó que comenzaran los alegatos de la fiscalía. No sería tan sencillo. Edwards retomó la estrategia dilatoria al plantear la nulidad de la decisión del Tribunal, y se sumó Fausto Yrure. Luego de un par de cruces con el fiscal Luis Schiappa Pietra, Manfrín decidió que comenzaran los alegatos. 

Sentados a la derecha del Tribunal, los fiscales Schiappa Pietra y Gonzalo Fernández Bussy fueron los encargados de describir los hechos. El arranque de Fernández Bussy despertó una nueva oleada de planteos defensistas. Una vez más, Manfrín les pidió a los abogados que esperaran su turno para alegar. “Hoy traemos a juicio a los máximos integrantes, a sus esbirros y a todos los proveedores de impunidad que protegieron y encubrieron al crecimiento de esta banda, que se dedicaba a cometer delitos violentos, homicidios, amenazas”, dijo Fernández Bussy, quien agregó que “esta asociación ilícita rentabilizó la violencia. Provocar y usufructuar un territorio liberado mediante la organización del miedo, controlando zonas de Rosario, cobrándoles a otras personas para brindarles protección, contando para ello con la necesidad de tener y portar armas de fuego, planear homicidios, usurpar viviendas ajenas”, fue una descripción de las actividades reprochadas. “Como toda asociación ilícita, sus miembros tenían roles asignados”, agregó, y relató cuáles eran las acciones de cada uno de los 13 efectivos policiales –de los cuales 11 están acusados de formar parte de la asociación ilícita– que los convertían en parte de la banda, brindando información o cumpliendo órdenes –a juzgar por el relato– sobre todo de “Monchi”.  

El mismo Fernández Bussy se refirió a las pruebas que presentarán por la autoría de “Monchi” del homicidio de Lourdes Cantero, el 15 de mayo de 2013, en la casa de Conscripto Bernardi al 6300. 

Fue Schiappa Pietra el encargado de adelantar cómo trabajarán las pruebas de la autoría material del homicidio de Diego Demarre, atribuida a “Guille”, mientras “Gitano” Fernández es considerado partícipe primario, por manejar el auto desde el que le dispararon al dueño del boliche en cuya puerta fue asesinado Claudio “Pájaro” Cantero. Vilches y Chamorro son juzgados como partícipes secundarios. “Este es un crimen que está filmado, cuyo guion está escrito en las escuchas, y cuyo móvil es claro”, dijo el fiscal. 

Fernández Bussy retomó la palabra para describir el triple crimen de avenida Francia y Acevedo, donde el 27 de mayo de 2013 –a dos días del asesinato del “Pájaro”– mataron a Marcelo Alomar, Nahuel César e hirieron a Norma César, quien murió tras meses de agonía. Todos ellos fueron baleados, ya que “Monchi” creía que el sicario encargado de matar a su hermano de crianza había sido Milton César (luego se supo que había sido Milton Damario) y por eso envió a masacrar –según la teoría fiscal– a la familia. 

Tras el alegato fiscal, hubo otro cuarto intermedio pero el cansancio arreciaba. Los defensores prefirieron comenzar a alegar hoy, pero sí argumentaron el pedido de sus representados para no estar presentes en el proceso.