El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la oferta de una recompensa de 10 millones de pesos para dar con los responsables de las amenazas a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La misma será para quienes aporten datos que lleven a los autores del video difundido el domingo a la noche. Al mismo tiempo, se conoció que al varias veces condenado Ariel "Guille" Cantero le suspendieron las visitas, a raíz de esta intimidación y otra realizada por él mismo durante una audiencia judicial. 

El ofrecimiento quedó plasmado en la resolución 1295/24, que indica: “se incluirá dentro de la recompensa ofrecida a aquellos aportantes que brinden datos útiles, precisos y concretos para identificar a los miembros de la organización criminal, como así también detalles sobre las actividades delictivas desarrolladas por ellos, y los lugares de operación”.

Además, agrega que “resulta necesario y urgente identificar a los autores de las mencionadas conductas delictivas, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”. Y remarca que, debido a las características que tuvieron los actos en cuestión “resulta dable considerar que se trata de un caso de seguridad nacional que amerita una rápida y contundente respuesta del Estado”.

La recompensa apunta a obtener información en relación al video que se difundió el domingo a la noche y sobre los responsables. En las imágenes se puede ver a cuatro personas encapuchadas y armadas, y una voz que emite el mensaje difundido días atrás.

Por otro lado, ayer se conoció que Ariel “Guille” Cantero fue sancionado con la suspensión de las visitas al penal federal de Marcos Paz por el plazo de 30 días. La resolución -según publicó Rosario3.com- está basada en dos situaciones: en el video dado a conocer el domingo, donde cuatro sospechosos armados amenazan a Pullaro y a Bullrich; y una supuesta intimidación realizada en una audiencia de un juicio federal hace dos semanas, donde terminó condenado por narcotráfico, a 19 años. 

La disposición aclara que durante esos 30 días, Cantero solo podrá mantener comunicación vía telefónica con su defensa. En los considerandos -dice la publicación- se habla de la supuesta intimidación (con mención a la banda de los menores, que podría matar a un fiscal, según dio a conocer Bullrich días atrás) en aquella audiencia y agrega que “se suma al video que tomó estado público". 

Leonel Iesari, defensor de Cantero, recurrió la sanción -agrega Rosario3.com- al presentar un escrito donde apunta a que es una medida “arbitraria” y con “falta de fundamentos”, ya que la supuesta amenaza en la audiencia fue una declaración sacada de contexto. Además, la publicación agrega que el letrado indicó que ello no tiene “relación alguna” con el video. Y que, además, dijo: “Surgieron diferentes informaciones respecto a las líneas investigativas y ninguna ubica a Cantero en la mira".