El fiscal federal Pablo Camuña pidió penas de 13 años y multas de entre 90 y 80 millones de dólares para los hermanos Rubén “la Chancha” y Adolfo “el Mono” Ale, por considerarlos cabecillas de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos originados en actividades ilegales. Para los restantes imputados, los pedidos presentados a los jueces Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule oscilaron entre los 10 y los 2 años, de acuerdo con la responsabilidad en la autoría de los delitos. En todos los casos, además, Camuña pidió que se revoque el beneficio de la excarcelación cuando se dicte condena –al Clan le habían revocado las prisiones preventivas sorpresivamente a principios de octubre– y se ordene el cumplimiento efectivo de esas penas; que se decomisen todos los bienes habidos a partir del dinero procedente de delitos, y que esos bienes sean afectados al Ministerio Público Fiscal. 

Además, solicitó el decomiso del centenar de armas secuestradas durante la investigación, la destrucción de la droga incautada, la suspensión de empresas vinculadas a las maniobras de lavado (la remisería de “la Chancha”, 5 Estrellas; la empresa de juegos de azar de “el Mono”, Point Limits; la Transportadora Leonel) y que se abran investigaciones por lavado y fraude cometido contra el Club Atlético San Martín . Todos los pedidos del fiscal federal fueron acompañados por el titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá.

Además de “la Chancha” y “el Mono”, la fiscalía consideró que otros tres imputados deben ser condenados por los cargos de asociación ilícita y lavado. Para Fabián González, ahijado y mano derecha de la Chancha, Camuña solicitó 10 años y un monto equivalente a cuatro veces el dinero ingresado al circuito legal para lavarlo; para María Jesús Rivero –ex pareja de la Chancha– y Víctor Suárez, 7 años y una multa equivalente al doble de lo lavado. El resto de los pedidos oscilaron entre los 2 y los 6 años de prisión y distintas multas económicas. Para el ex policía Hernán Horacio “Memo” Lazarte, de la División Transporte, además de dos años de prisión, solicitaron la inhabilitación por cuatro años por  incumplimiento de deberes de funcionario público. El pedido de la fiscalía incluyó, además, que se inicien investigaciones contra 17 personas mencionadas por testigos y documentos en distintas instancias del debate.