“No hay nada desde la clínica y desde el conocimiento científico que avalen diez años de internación de una persona en un establecimiento psiquiátrico”, afirmó en diálogo con PáginaI12 la licenciada en Psicología Leticia Ceriani, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria, al fundamentar la oposición generalizada que ha generado la posibilidad de que el gobierno modifique la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ceriani sostuvo que el decreto que está a la firma del presidente Mauricio Macri quiere reinstalar “el concepto de manicomialización de la salud mental” que lleva muchas veces a decidir la internación de una persona en un instituto psiquiátrico de régimen cerrado, lo que constituye en los hechos “una privación ilegal de la libertad si esa internación no está debidamente justificada”. La entrevistada opinó que el decreto reglamentario que impulsa el Poder Ejecutivo “fue escrito en la oficina de una institución psiquiátrica privada o de las corporaciones médicas”.
Ceriani, que es además integrante del Frente de Graduados por la Educación Pública, anticipó que las organizaciones profesionales, de derechos humanos, sociales y de usuarios y familiares, están “muy organizados y si la ley es modificada, vamos a seguir peleando en todo el país porque el decreto reglamentario es inconstitucional porque una ley sólo puede ser modificada por otra ley”.
–¿Qué va a ocurrir si el Ejecutivo modifica por decreto la ley?
–El intento tiene implicancias para todos los actores que participamos y peleamos para lograr la sanción de la ley. Para los usuarios tiene muchas implicancias, desde la concepción misma de lo que es la salud mental. En la ley está planteado como un proceso complejo con diversos aspectos que tienen que ver con lo histórico, lo cultural, lo económico y lo social. Y por supuesto, lo biológico y lo psicológico, dentro de otro montón de aspectos que en este proyecto de decreto están siendo simplificados a un trastorno mental. Desde esa mirada biologicista, se deja fuera la subjetividad de las personas. Todo esto va a tener implicancias en las prácticas de los profesionales y será un gran retroceso en cuanto a los tratamientos que reciban las personas. La ley desterraba o dejaba fuera de la legalidad a las instituciones manicomiales cerradas. Es cierto que siguen existiendo, a pesar de lo que dice la ley, pero hay una serie de prácticas que están sancionadas. El proyecto vuelve a habilitarse la existencia de los manicomios, a los que ahora se los llama “instituciones especializadas”, que es lo mismo, porque solamente se trabaja sobre el padecimiento mental.
–La ley propone el tratamiento en los hospitales generales.
–Exacto, propone un tratamiento del mismo modo que puede atenderse una persona con problemas cardíacos. El problema es que el decreto vuelve a segregar a las personas con problemas mentales, a las que se quiere dar un tratamiento sólo destinado a los “locos”. Además, en el caso de los consumidores problemáticos (adictos), establece la posibilidad de la atención en comunidades terapéuticas que sabemos que son las instituciones donde se da la mayor cantidad de casos de vulneración de derechos. Para colmo se habla de la posibilidad de comunidades terapéuticas abiertas o cerradas, con lo cual se vuelve a habilitar la existencia de espacios donde las personas que entran son privadas de cualquier contacto con el afuera. Además, se introduce el aislamiento como una práctica posible, se prohíben las llamadas telefónicas, las visitas, las salidas. Todo esto vuelve a estar otra vez permitido si el decreto sale. Para las personas con algún padecimiento, las consecuencias del decreto van a ser tremendas.
–Esto comprende a las personas que podrían realizar un tratamiento ambulatorio, sin necesidad de estar internado.
–Totalmente. Por eso es importante la idea de entender la salud mental o el padecimiento como un proceso. Hay personas que en un momento determinado de su vida tienen alguna crisis, más grave, menos grave, pero eso está acotada a ese momento de su vida. El problema es sólo durante un tiempo. No hay nada desde la clínica y desde el conocimiento científico que avalen diez años de internación en un establecimiento psiquiátrico.
–Es como condenar a una persona sin juicio previo.
–Es una privación de la libertad. Cuando una persona ingresa a un establecimiento cerrado se la priva de la libertad. Uno, como profesional de la salud, puede privar a una persona de su libertad, con toda la implicancia que eso tiene, sólo si hay un motivo de salud superior que amerite esa privación de la libertad. Si esa internación no está justificada, es una privación ilegal de la libertad, es un secuestro.
–Esto se agrava por la existencia de casos que están en la Justicia, como el de la muerte de Matías Carbonell en el Hospital Borda, donde se investigan apremios ilegales.
–Por eso la ley plantea no más manicomios, porque hay cuestiones de la práctica manicomial que no se pueden cambiar. No porque los profesionales que están ahí sean malos, sino porque hay algo de la lógica que tiene que ver con las instituciones totales, asilares, que generan violaciones de los derechos humanos. En los casos más graves llevan a la muerte, en las que hay incluso imputados profesionales de la salud. Pero quiero ser muy clara con esto: suceden en el Borda, en el Moyano, en cualquier institución psiquiátrica pública, pero suceden con mucha más frecuencia en las instituciones privadas donde el Estado, hasta la existencia de la ley que se quiere modificar, no tenía ninguna forma de entrar porque no existía el Organo de Revisión creado por la ley. Hasta la sanción de la ley, eran empresas que quedaban libradas a la lógica del mercado y el Estado no tenía ninguna forma de controlar, ni de saber lo que estaba pasando.
–Esto significa que esas instituciones privadas vuelven a trabajar en las sombras. El libre albedrío del negocio de la salud mental.
–Muchas de esas instituciones se sostienen con ex, con ex pacientes, con ex adictos que fueron pasando por las distintas etapas y que ahora asumen otro rol, porque por lo general no hay profesionales, no hay tratamientos, no hay ninguna cuestión clínica.
–Desde los tiempos del gobierno de Carlos Menem se fueron desactivando muchos centros de atención ambulatoria.
–En los últimos años, el anterior Ministerio de Salud tuvo una iniciativa para solucionar ese problema, aunque faltaba mucho para lograr el objetivo buscado. Desde Salud de la Nación y de otros ministerios se habían impulsado equipos territoriales financiados por Nación, dedicados al primer nivel de salud mental, con psicólogos y psiquiatras que eran en algunas localidades los únicos profesionales de la especialidad. Se hacía mucho trabajo ambulatorio, de promoción y prevención de la salud. Eso fue desmantelado por el actual gobierno, y ya no contamos con esos equipos porque dejaron de pagar los sueldos. Los equipos de atención del primer nivel evitan un deterioro mayor de la salud, pero se ven limitados porque no hay ningún psicólogo y ni hablar de un psiquiatra.
–Si se reforzara la medicina preventiva, el costo en salud sería mucho más bajo que combatir la enfermedad que no fue prevenida.
–La prevención es la perspectiva lógica con la que debe trabajar un Ministerio de Salud. Lo principal es la prevención y la promoción de la salud. Si no se hace eso hay que ponerle más atención a la asistencia.
–A un costo mucho mayor en materia presupuestaria.
–Totalmente. Es más barato prevenir que curar, y es más barato atender a las personas un padecimiento subjetivo en los hospitales generales, que tratar un padecimiento en un manicomio. La mayor parte del presupuesto que se destina a la salud mental se lo llevan el Borda, el Moyano y el Tobar García. Es abismal la cantidad de dinero que se llevan esas tres instituciones para poder sostener una cama. Si ese mismo dinero estuviera puesto en desarrollar espacios alternativos, casas convivenciales, talleres, centros de día o cualquier otro dispositivo que permitiría evitar la internación en los hospitales monovalentes, se podrían realizar un montón cosas con ese mismo dinero.
–Además, se destinan fondos de ayuda a los centros privados, que son los que van a lucrar si se modifica la ley.
–Sí, por supuesto, ellos son los grandes interesados en que se modifique la ley. Yo no tengo ninguna duda de que este proyecto de reglamentación de la ley fue escrito en la oficina de algún dueño de una institución terapéutica privada de salud mental o de las corporaciones médicas. Los más interesados en que la ley se modifique son esos sectores. Para una institución privada, una internación más prolongada es más plata. Las obras sociales y la prepagas pagan, me atrevería a decir, 20 mil pesos mensuales para que una persona pueda estar internada en una institución manicomial.
–La internación muchas veces complica el contacto con el afuera, incluso con la propia familia.
–A veces los profesionales, con buena intención, dicen que no le pueden dar el alta a una persona porque no tiene dónde ni con quién vivir, y existe esa complejidad. Lo que no- sotros vemos, conociendo a las instituciones y la historia de los pacientes, es que por lo general llegaron a la institución con familia, con vínculos y que eso se pierde en el tiempo de internación. Eso hace mucho más difícil poder generar luego un proceso de externación.
–¿Cómo sigue la pelea para sostener la vigencia de la ley?
–Estamos muy organizados todos los sectores que trabajamos a favor de esta ley, sobre todo los que históricamente habían sido invisibilizados, como ser los usuarios y sus familiares, los “sobrevivientes” de las instituciones manicomiales como ellos mismos se llaman. Si la ley es modificada vamos a seguir peleando en todo el país porque el decreto es inconstitucional. Para modificar una ley se debe sancionar otra ley. El 2 de diciembre se hará un encuentro de profesionales y trabajadores de la salud, en Santa Fe, y el tema de la salud mental va a ser fundamental para decidir estrategias de movilización y de resistencia.
