Miguel Lifschitz abrió la semana con distintos títulos para nutrir la agenda: presentó en Santa Fe el proyecto de ley provincial de educación, por la mañana, junto a cooperativas y mutuales, ensayó una objeción al pacto fiscal que ya acordó con Nación al disentir con la inclusión de las entidades de la economía social al pago de impuesto a las Ganancias, pero dejó el suspenso para hoy en cuanto al cambio de ministros en su gabinete. No obstante, anoche había trascendido al menos la confirmación de lo que Rosario/12 había adelantado hace veinte días: que la subsecretaria de Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud, Andrea Uboldi, asumirá el viernes como ministra de Salud, en reemplazo de Miguel González, quien pasará a ser el senador del departamento La Capital. En Producción, trascendió que habrá un enroque con el Congreso de la Nación, porque el diputado electo Luis Contigiani le cederá su lugar de ministro a Alicia Ciciliani, histórica dirigente del socialismo que deja su banca junto con Hermes Binner. En los ministerios de Obras Públicas y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Julio Schneider y Eduardo Matozo, respectivamente, se alejan del gobierno debido a su pertenencia al sector radical del intendente santafesino José Corral, fundador de la mesa de Cambiemos en Santa Fe. Sus reemplazantes serían un hombre y una mujer santafesinos que Lifschitz presentará este mediodía.

Lifschitz decidió cerrar el año con el envío de un paquete de iniciativas a Legislatura: el ok al consenso fiscal que le firmó el mes pasado a Mauricio Macri; y el proyecto de reformas tributarias que apunta a reducir Ingresos Brutos y a incrementar los impuestos inmobiliarios. También pedirá al Legislativo la autorización a tomar deuda por otros 500 millones de dólares como ya lo obtuviera el año pasado. El gobernador dijo que eso completaría el fondeo del programa de infraestructura y obras. Y además, el aval legislativo para tomar un crédito de 300 millones de dólares para pavimentos de ciudades.

Pero el plato fuerte de ese paquete es el proyecto de ley de Educación provincial que anoche presentó con bombos y platillos, y como corolario de meses de consultas y debates del ministerio que dirige Claudia Balagué con docentes de todos los niveles. No obstante, ayer mismo el titular del sindicato de los privados, Sadop, Martín Lucero, insistió en cuestionar que "el nivel de consultas no fue suficiente" y que "faltó debate y apertura del borrador del proyecto a los gremios".

Los ejes de la ley serían inclusión educativa, accesibilidad y calidad educativa, dijo Lifschitz.

La iniciativa que envía el Ejecutivo a Legislatura propone, a grandes trazos, la educación gratuita y obligatoria desde los cuatro años de edad hasta el final del nivel secundario, crea el Instituto Provincial de Formación Docente y un Laboratorio Santafesino de Políticas Educativas, entre otras instancias que apuntarían a mejorar la carrera docente y los contenidos de la gestión educadora en la provincia.

El texto original formaliza la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de educación, nº 26206, y ratifica la condición de "bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado" de la educación. Pondera su carácter público y laico, conservando el sistema "público de gestión estatal" y el sistema "público de gestión privada". Pero, además, el proyecto de ley crea nuevas modalidades de enseñanza como la educación a distancia, "rural y de islas", la opción virtual y otra llamada "nuevas presencialidades". También admite la orientación religiosa de los colegios pero impone que "sus estudiantes no serán obligados a profesarlas".

La ley imaginada por el gobierno promueve una mayor inserción de escuelas secundarias con el "mundo del trabajo" a través de relación directa con "contextos laborales".

También el proyecto define que el presupuesto provincial en educación nunca podrá ser inferior "al monto inicial aprobado en el ejercicio anterior".