En el arranque de la campaña para las elecciones en Cataluña
Retiran la orden de detención a Puigdemont
Los partidos independentistas consideraron que la decisión judicial es una “trampa” para complicar el regreso del líder catalán, ya que la medida tiene sólo alcance europeo e internacional y él podría ser arrestado en España.
El destituido presidente Puigdemont es candidato para los comicios anticipados en Cataluña.El destituido presidente Puigdemont es candidato para los comicios anticipados en Cataluña.El destituido presidente Puigdemont es candidato para los comicios anticipados en Cataluña.El destituido presidente Puigdemont es candidato para los comicios anticipados en Cataluña.El destituido presidente Puigdemont es candidato para los comicios anticipados en Cataluña.
El destituido presidente Puigdemont es candidato para los comicios anticipados en Cataluña. 
Imagen: EFE

La Justicia española dio ayer un golpe de efecto en el arranque de la campaña para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, al retirar las órdenes europea e internacional de detención contra el ex presidente Carles Puigdemont, quien por ahora no asumirá el riesgo de regresar a España. 

Los partidos independentistas consideraron que la decisión judicial es una “trampa”, mientras la oposición “constitucionalista” celebró la medida por considerar que contribuye a “normalizar” la campaña y resta argumentos de “victimismo” a los secesionistas. 

El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena adoptó la decisión por razones jurídicas, para evitar que Puigdemont y los cuatro ex consejeros de su gobierno cesado que permanecen con él en Bruselas se pudieran beneficiar de una extradición para ser juzgado sólo por algunos de los delitos que se le imputan: rebelión, sedición y malversación. 

No obstante, la medida tiene también trascendencia política y electoral, puesto que el ex presidente y candidato de Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) ya no puede esgrimir tan claramente que no puede regresar a España para hacer campaña en Cataluña. 

El juez Llarena valoró el cambio de escenario, con las elecciones en el horizonte, y remarcó que “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se presentaron recientemente”.

Pero la medida judicial tiene alcance europeo e internacional. En caso de regresar a Cataluña, los independentistas serán detenidos y llevados ante el Tribunal Supremo. 

El magistrado puede tomar la decisión de dejarlo en libertad bajo fianza, como ocurrió con seis de los procesados, quienes anteayer abandonaron la cárcel coincidiendo con el inicio de la campaña.

Pero lo más probable es que, por su liderazgo en el proceso, Puigdemont correría la misma suerte que su ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn, y los líderes secesionistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes siguen en prisión por participar de forma directa en la “explosión violenta” que, según el juez, tuvo lugar en torno al frustrado intento de secesión.

En este contexto, Paul Bekaert, el abogado belga de Puigdemont, afirmó en declaraciones al diario belga L’Echo que su cliente “no se irá de Bélgica”, porque la orden de arresto sigue vigente en España.

Puigdemont al igual que el resto de dirigentes encarcelados mantienen sus derechos reconocidos en la Constitución española de poder participar en las elecciones, porque sobre él no pesa ninguna condena firme ni inhabilitación. 

A pesar de ello, los independentistas denuncian que están siendo vulnerados sus derechos porque el Estado “no se atreve a una campaña en igualdad de condiciones”, según afirmó ayer Marta Rovira, candidata de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido de Junqueras. Por eso, Rovira subrayó que la decisión del juez Llanera es “una manipulación judicial más para complicar el regreso del presidente y de los consejeros”. 

El ex consejero Carles Mundó, recién salido de prisión, sostuvo que la orden de detención contra Puigdemont fue retirada para “no pasar vergüenza”. 

“Nos acusan de delitos gravísimos, pero cuando salimos de las fronteras españolas todo el mundo ve que son desproporcionados”, dijo en un acto en la cárcel Modelo de Barcelona. 

Los comicios del 21 de diciembre fueron convocados por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy en el marco de su intervención en la región para abortar la secesión de Cataluña.

El hecho de que los principales líderes independentistas se encuentren en prisión o el extranjero es uno de los elementos inéditos y distorsionadores de estas elecciones decisivas para la historia de Cataluña y España. 

De ahí que parte de la oposición “constitucionalista” era favorable a que los candidatos encarcelados fueran liberados. 

“Queremos normalidad total y absoluta y que el 21-D los catalanes decidan cambiar del rumbo que ha dividido el país, debilitado la economía y dañado la imagen”, dijo el socialista Miquel Iceta, para quien la retirada de la orden de detención de Puigdemont es una buena noticia. 

Los independentistas catalanes consideran que las elecciones son “ilegítimas”, pero participan de la contienda y la plantean como un nuevo “plebiscito” de secesión. 

Los sondeos pronostican un empate técnico entre el bloque independentista y el bloque “constitucionalista”, lo que llevará de difíciles negociaciones para formar gobierno. En este escenario, la coalición de izquierda Catalunya en Comú Podem, cuyo candidato Xavier Doménech aboga por un gobierno progresista, tiene la llave de gobierno.