La Cámara Comercial avaló la actuación de la fiscal Boquín en la causa del Correo Argentino
Un vaciamiento que se debe investigar
La Cámara apoyó la actuado por la fiscal que denunció un acuerdo ruinoso para el Estado que beneficiaba al Grupo Macri. Desde entonces, el Correo Argentino había intentado sacarla del medio y que no se investigara el vaciamiento.
La fiscal Gabriela Boquín denunció en febrero pasado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” por el Correo.La fiscal Gabriela Boquín denunció en febrero pasado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” por el Correo.La fiscal Gabriela Boquín denunció en febrero pasado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” por el Correo.La fiscal Gabriela Boquín denunció en febrero pasado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” por el Correo.La fiscal Gabriela Boquín denunció en febrero pasado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” por el Correo.
La fiscal Gabriela Boquín denunció en febrero pasado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” por el Correo. 
Imagen: Leandro Teysseire

Pese a los intentos del Correo Argentino por sacar de juego a la fiscal Gabriela Boquín y evitar la investigación de su denuncia sobre maniobras de vaciamiento de la empresa en medio del trámite del concurso de acreedores, la Cámara Comercial avaló su actuación y un peritaje que ella dispuso sobre los libros contables. Boquín es la fiscal que denunció en febrero último un acuerdo por el cual representantes del Estado aceptaban condonarle al Correo casi la totalidad una deuda cercana a los 4000 millones de pesos. Con posterioridad, la fiscal detectó retiros de fondos para ser utilizados en distintas operaciones de las empresas controlantes, Socma y Sideco, de la familia Macri. Parte de esos movimientos coincidieron con la etapa, en 2016, en que se estaba pactando un acuerdo por la deuda que ella consideró “ruinoso” y “abusivo”.

La deuda del Correo lleva más de 16 años. En el ínterin sucedió que nunca se superó el “período de exclusividad”, que debe durar a los sumo 90 días, en el que el deudor hace una oferta a los acreedores. Luego hubo propuestas que el Estado desconoció por inconvenientes aunque nunca cuestionó el tiempo transcurrido. La justicia, a la vez, no inició el llamado proceso de “cramdawn” (salvataje), que abre la posibilidad de que un tercero compre las acciones y les pague a los acreedores. El año pasado, de pronto, la empresa y el Estado llegaron a un acuerdo para el pago de la deuda, algo que se pactó en una audiencia en la Cámara. Cuando la fiscal Boquín fue notificada, denunció que era un convenio perjudicial para las arcas públicas para favorecer al Correo, controlado por empresas del Grupo Macri, al que el condonaba casi el 99 por ciento de lo que debe. El escándalo público fue tan grande que el Estado tuvo que dar marcha atrás con el acuerdo. Pero tanto la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, como la Cámara, jugaron con los tiempos a favor de dilatar una definición y, en definitiva, que el Correo pague su deuda millonaria.

¿Cuál es ahora la situación?

  • En abril último Cámara convocó a una audiencia, a la que el Estado no asistió, pese a que la había pedido para reformular el acuerdo. Requirió una prórroga de 120 días, plazo que ya se venció largamente sin novedades.   
  • Mientras las partes y síndicos discutían sobre la pertinencia de los 120 días, la fiscal Boquín detectó que habían existido retiros de fondos de las cuentas del Correo en medio del expediente del concurso, y que eso había sucedido con la anuencia de la jueza Cirulli, en 2016, incluso mientras se estaba pergeñando el acuerdo. Advirtió que se hicieron cinco retiros por 10 millones de pesos “en beneficio de otras empresas del grupo” y en “perjuicio de las cuentas del concurso”. Parte del dinero se usó para pagos de oficinas y sueldos, cargas sociales, honorarios y castos contables ligados a Sideco, a su vez controlada por Socma. A ésta se le pagaron unos dos millones de pesos por acciones vinculadas al mercado automotriz, muy ajeno al Correo. Por eso Boquín pidió peritar los libros contables, pero la empresa y las sindicaturas general y verificante se opusieron, algo curioso siendo que deben vigilar que el proceso respete la ley. 
  • Al final la Cámara ayer le dio respaldo a Boquín, en una fallo que lleva la firma de María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. El Correo decía que había desistido de retirar el último dinero que pidió. Pero el tribunal sostuvo “la legitimación de la fiscal no puede verse cercenada como consecuencia del desistimiento del recurso de apelación de la deudora”. Dijo que la fiscal tiene “facultades” para actuar en la protección del “activo concursal”.
  • Ahora se van a peritar los libros y se determinará si hay responsabilidad, que incluso puede ser penal, de las empresas del Grupo Macri en el vaciamiento del Correo.
  • Pero además la Cámara debe adoptar una definición sobre la deuda del Correo. Tiene dos caminos: uno es decretar la quiebra –algo que expertos en derecho comercial subrayan que debió haber ocurrido hace rato–, con la consecuencia que arrastraría a las controlantes Socma y Sideco. La otra opción es que finalmente se defina el salvataje, que la Cámara abrió hace una década, pero la jueza Ciruli no tramitó.

Mientras tanto, el expediente principal está en el juzgado federal de Ariel Lijo, que había señalado a las camaristas que necesitaba consultar algunas cuestiones en la causa donde se investigan posibles responsabilidades penales en el acuerdo del año pasado que estuvo a un tris de perdonar la deuda. Están imputados desde el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, hasta el propio presidente Macri. En rigor, Lijo no necesita el expediente original, puede consultar copias, pero las juezas le mandaron todo. La ley de concursos dice que un expediente no puede salir del juzgado, excepto por cinco días para causas penales. Los papeles están en Comodoro Py desde agosto, sin movimientos en la investigación. Lo último que hubo fue la declaración del ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, echado de su cargo por avalar una auditoría que señalaba las anomalías del concurso.