Críticas por izquierda

Dirigentes de izquierda calificaron las resoluciones del juez Claudio Bonadio como decisiones políticas al servicio del Gobierno. Myriam Bregman, del FIT, advirtió que el fin no es “terminar con la impunidad en la causa AMIA abriendo los archivos secretos sino judicializar medidas que se compartan o no son políticas”. Nicolás del Caño advirtió sobre “una clara persecución política a funcionarios del gobierno anterior”. Por su parte, Claudio Lozano, de Unidad Popular, calificó de “antojadizo e inexplicable” el rol del juez. Consideró que la aprobación del Memorándum en el Congreso “debería haber sido suficiente para desplazar este tema de la materia judicial”. “Se puede y corresponde cuestionar políticamente lo actuado pero en ningún caso esto puede ser parte de una denuncia penal”, destacó. Las medidas de Bonadio “son detenciones políticas que no buscan justicia en la causa AMIA”, destacó Bregman. “Tengamos acuerdo o no, el Memorándum fue votado por el Congreso, no es una medida judiciable”, explicó, y lamentó que “la justicia (está) siempre del lado del poder de turno”. “El gobierno echa mano al aparato judicial adicto. Mientras crece el rechazo al robo a los jubilados intentan disciplinar y cambiar la agenda mediática con medidas de persecución política a opositores”, remarcó Del Caño. Para Néstor Pitrola, “este accionar de la Justicia es un atropello al Congreso” y “un desbarranque a un Estado de excepción en función de la política de Trump y el Estado de Israel”. Marcelo Ramal señaló que “ningún Congreso debe discutir un desafuero sin un debate de carácter político: no somos escribanos de los jueces”.