Los fiscales de la causa Vicentin, que terminó con cuatro de sus más altos directivos presos por cuatro meses, aclararon ayer los motivos por los cuales argumentaron que los acusados debían permanecer tras las rejas. Según explicó el fiscal Sebastián Narvaja, los exdirectivos continuaron desviando fondos de Vicentín y sus empresas vinculadas para cubrir gastos personales, como el pago de honorarios legales. “Organizaban maniobras para que todos esos gastos fueran pagados por la empresa, lo cual constituye administración fraudulenta”, detalló.

 La maniobra habría provocado un daño económico nominal de más de 800 millones de pesos, pero actualizado según el valor del salario mínimo vital y móvil —tal como prevé el Código Penal— el monto supera los 6 mil millones de pesos. Estas extracciones de dinero, explicó Narvaja, se habrían realizado desde empresas del grupo Vicentin que no estaban bajo control de la sindicatura del concurso preventivo. En este sentido, señaló que las maniobras se reactivaron con fuerza desde agosto de 2024, justo cuando terminó la veeduría judicial sobre Vicentín SAIC. 

Por su parte, el fiscal Miguel Moreno sostuvo que los nuevos hechos demuestran que la asociación ilícita investigada sigue operando. “Detectamos que las conductas imputadas en 2020 se prolongaron en el tiempo, lo que evidencia un modus operandi que ahora apunta no solo a obtener beneficios, sino también a garantizar la impunidad de sus integrantes”, advirtió. Además, Moreno denunció que parte del dinero fue utilizado para financiar campañas de desinformación en redes sociales y medios nacionales, con el objetivo de desprestigiar la causa judicial. “Pagaron a periodistas de Buenos Aires que, a través de cuentas de Twitter, desinformaron cuestionando el accionar de la fiscalía”, indicó.

Cabe recordar que de las 19 personas imputadas, solo cuatro fueron detenidas, acusadas de ser los jefes de la organización ilícita: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Omar Scarel y Rodolfo Gazze. El resto permanece en libertad, pero con medidas restrictivas: no pueden comunicarse con los detenidos, ni salir del país, y deben pagar fianzas y presentarse mensualmente ante la Justicia.

Los fiscales explicaron en conferencia de prensa que en la causa madre la estafa asciende a unos 700 millones de dólares . En rigor esta investigación se encuentra esperando la audiencia preliminar, que es el último paso previo al juicio oral. A ellos sumaron el perjuicio de esta segunda pesquisa, que se inició por la denuncia de un accionista. Esta persona afirmó que los ex directivos seguían ejerciendo poder y pagaban gastos personales con fondos de la empresa. Ello derivó en un allanamiento que Moreno pidió en diciembre del 2023. La investigación continúo y derivó en esta imputación.

La Fiscalía constató que, a valor actual, hay un prejuicio de 6 mil millones de pesos, refirieron. Lo que para los fiscales encuadra en el delito de administración fraudulenta.

En este sentido el fiscal Narvaja explicó que el daño fue un poco más de 800 millones de pesos nominales. Si se toma en cuenta que estos gastos se produjeron desde finales de 2019 hasta el 2024 y tomando como parámetro de salario mínimo vital y móvil en virtud para calcular la devaluación “a valor de hoy son 6 mil millones de pesos”.

En rueda de prensa los fiscales explicaron que el MPA no opera como "órgano de control de empresas", y aclararon que "la veeduría del concurso controlaba hasta agosto del año pasado sólo a Vicentin, que es la concursada, pero que no tenía control sobre las otras empresas del holding,  que fueron utilizadas para las maniobras. En resumen, los fondos ahora objetados, fueron retirados de esas empresas aprovechando la falta de control, explicaron los fiscales.

En cuanto a la consulta sobre la situación de quienes recibieron esos pagos. Narvaja dijo que la investigación pone el foco sobre los ex directivos como administradores, luego las personas que reciben esos pagos no están dentro de los parámetros de la imputación.