El doctor en Derecho, docente universitario y ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, Oscar Blando, advirtió ayer sobre “una transversalidad conservadora y punitivista que puede conformarse en la convención Constituyente” y que supone “una alarma para el estado de derecho en Santa Fe”. En diálogo con Rosario/12, explicó que observa discursos sobre “la mano dura” y lo que denominó “una carrera antigarantías”, tanto en candidatos reformadores de La Libertad Avanza (LLA) como de Unidos, que niegan la propia condición de un texto magno. “Una Constitución es garantista en el sentido que garantiza derecho y libertades, o sino, no es una Constitución”, dijo.

Blando viene advirtiendo sobre la escalda de discursos punitivistas que apuntan a recortar garantías constitucionales como parte de los los planteos de campaña de postulantes a reformar la ley fundamental de Santa Fe, que serán elegidos en los comicios del próximo domingo. 

En sus redes sociales, el docente y ex funcionario apuntó particularmente a un punto: “Se habilitó a reformar el art. 9 de la Constitución provincial (libertad corporal y sus garantías) ¿Qué quieren reformar de ese texto? Nadie lo explica. La transversalidad conservadora y punitivista que puede conformarse en la convención es una alarma para el estado de derecho en Sta Fe”, posteó en X.

Consultado, al respecto recordó que el artículo 9 de la Constitución santafesina es similar al 18 del texto nacional, “referido a libertades ambulatorias y corporal, y sus garantías”.

“Esencialmente constituyente un catálogo de cosas que el Estado no puede hacer, o que tiene prohibidas, por ejemplo ser penado sin juicio previo, no declarar contra sí mismo, ni sacado de los jueces naturales”, explicó a Blando a este diario. “Es decir, por un lado libertades y por el otro obligaciones y prohibiciones que tiene el Estado”, completó el ex funcionario que se puso sobre sus hombros el debate sobre la reforma constitucional durante la gestión de Miguel Lischitz (2015-2019).

Blando hizo una aclaración necesaria: “La ley que declaró la necesidad de la reforma (aprobada por la Legislatura en diciembre) dice que se habilita para adecuarlo a los alcances del habeas corpus a los estándares de la Constitución nacional, incluir el juicio por jurado y los derechos de las víctimas”.

Y agregó que, “si eso fuera así y no se avanzara con ninguna otra modificación o reforma, no habría problemas. Pero cuando uno habilita una reforma parcial, habilita el artículo, y pueden incluirse esas cosas que establece la ley, pero pueden incluirse otras”.

En ese punto es donde el especialista advierte sobre “una alarma para el estado de derecho” en la provincia, a partir de los discursos de campañas de algunos sectores políticos.

“La pregunta tiene sentido en el contexto actual, porque por un lado LLA y sus candidatos hablan concretamente de la mano dura y en contra del garantismo, y por el otro el gobernador (Maximiliano) Pullaro y el candidato departamental de Unidos (Ciro) Seisas, dicen lo mismo: ‘no va a haber ningún elemento garantista en la Constitución”, señaló Blando.

En términos generales, las garantías son los mecanismos que se establecen para la protección y el respeto de los derechos que la misma Constitución establece. Entre otros objetivos, procura proteger a las personas de abusos del poder estatal y posibles extralimitaciones en su uso. Ejemplos serían la garantía de defensa en juicio, de un tribunal imparcial, del derecho a ser oído en su proceso.

Sin embargo, en el sentido común imperante están asociadas a “privilegios” que, generalmente, se les asignan a las personas que violaron las normas o están privadas de la libertad por decisión judicial. 

Uno de los primeros en hacer campaña con el confuso tema de las “garantías” fue el gobernador Pullaro, quien encabeza la lista de convencionales constituyentes por distrito único de la coalición oficialista Unidos. Prometió que, si ganaban las elecciones de constituyentes reformadores, “no habrá un solo concepto garantista en la Constitución”.

Sobre esa alfombra roja tendida hacia el punitivismo demagógico, hizo sus pasos la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien al visitar Rosario en campaña por los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) afirmó que “tenemos que sacar de la Constitución de Santa Fe la doctrina garantista”.

El periodista Juan Pedro Aleart, candidato a convencional por el departamento Rosario de LLA, dijo tras la visita ministerial que Rosario será “la primera ciudad del país donde se aplicará la Ley Antimafias. El Presidente Javier Milei y la ministro Bullrich, una vez más, priorizan a Rosario en los problemas que más nos importan”. Entonces, prometió, “vamos a llevar a la Constitución santafesina la doctrina del Gobierno nacional que tantos buenos resultados nos trajo a los rosarinos. Vamos a blindar a la Constitución del garantismo de los socialistas y kirchneristas”.

Blando respondió a ese posteo en redes sociales de un modo pedagógico: “Estimado Juan Pedro. No hay ‘garantismo K ni socialista’: las garantías están en la Constitución post revolución francesa hasta el presente. Si una Constitución no es garantista ‘carece de Constitución’. Lamentablemente en eso coinciden con Ciro Seisas. Dicen lo mismo”.

En diálogo con Rosario/12, insistió en que “veo que puede haber en este tema de la libertad corporal, de las garantías constitucionales y la seguridad pública, una trasnversalidad conservadora y punitivista, que privilegie la mano dura frente a las libertades que establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”.

El docente consideró que tiene “el derecho de alertar lo que se viene a habilitar con la reforma del artículo 9 de la Constitución”, y ratificó que “si se circunscribe a lo que dice la ley, el habeas corpus y se mantienen todas las garantías, entonces no hay ninguna discusión”.