El escenario político está convulsionado. No solo por el pedido de desafuero de Cristina Fernández y la detención de varios dirigentes y ex funcionarios políticos opositores, sino por la forma en que se precipitan los acontecimientos, generando los efectos buscados, pero también consecuencias colaterales que impactan en todos los niveles de la vida nacional. Pero sería ingenuo mirar cada uno de los hechos de manera aislada y perder de vista que la mayoría de las situaciones aludidas se hilvanan en una trama que los contiene. No hay casualidades sino causalidades, se repite hasta el cansancio a veces sin que ello redunde necesariamente en una explicación. 

Pero también existe una estrategia muy usada por los artífices políticos de Cambiemos que está destinada a presentar cada hecho como una realidad acotada en sí misma, ajena de la política y apoyada en razones técnicas o de gestión, sin ninguna intención oculta y alejada de la trama que emerge de la complejidad del escenario. Como si el Poder Judicial actuara con independencia de los poderes políticos y económicos. Como si la reforma previsional que se intenta no tuviera ninguna relación con la iniciativa que pretende cambiar las reglas de juego en el orden laboral. 

Es importante mirar hacia atrás, remontarse en el tiempo y activar la memoria para comprender muchos acontecimientos presentes. Recordar que una de las primeras medidas adoptadas por Mauricio Macri a poco de asumir el Gobierno fue desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), determinación adoptada en favor de las corporaciones mediáticas que hoy blindan informativamente a su gestión, silencian las voces opositoras y construyen el relato macrista del “diálogo” y “la institucionalidad” que habilita seguir “haciendo lo que hay que hacer”. 

Escribió Edgar Morin en 1999, mucho antes de que el kirchnerismo cobrara identidad política: “...situar un acontecimiento en su contexto, incita a ver como éste modifica al contexto o como le da una luz diferente. Un pensamiento de este tipo se vuelve inseparable del pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir todas las cosas y hechos en un ‘marco’ u horizonte. Se trata de buscar siempre las relaciones e inter-retro-acciones entre todo fenómeno y su contexto, las relaciones recíprocas entre el todo y las partes: cómo una modificación local repercute sobre el todo y cómo una modificación del todo repercute sobre las partes”. (La cabeza bien puesta. Repensar la reforma, reformar el pensamiento. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, p. 27).

Para refrescar la historia reciente y sin la pretensión de agotar los datos del archivo, recurrimos a unas pocas referencias fundamentales, acontecimientos que por haber impactado significativamente en lo que llamamos la realidad se convierten en hitos significativos y quedan registrados en la memoria. Cambiemos comenzó su “tarea” con despidos en el Estado aludiendo a la “grasa militante” y allanó las condiciones del relato con el desguace de la LSCA, asegurando de esta manera no solo el blindaje comunicacional, sino la construcción de “la pesada herencia”, la “corrupción k” y, en relación de continuidad, las promesas (“pobreza cero”, “segundo semestre”, “brotes verdes”, etc.) seguidas del silencio absoluto sobre estos temas cuando dichas ofertas jamás se concretaron. 

En este último caso se puede decir que hubo (hay) memoria incompleta. La misma que hoy desconoce las ofertas de campaña que aseguraron continuidad de determinadas políticas vinculadas con la protección de derechos y que rápidamente fueron desfinanciadas apenas pusieron el pie en la Rosada. Ahora, poco a poco el Boletín Oficial sirve de testigo mudo para, desde la penumbra política, avanzar con normas que hacen desaparecer los organismos encargados de tales políticas. No hay publicidad de esas acciones de gobierno y los pedidos de acceso a la información pública son sistemáticamente burlados con respuestas formales y vacías de datos verdaderamente trascendentes. 

La muerte de Santiago Maldonado tras la represión ilegal de la Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel por la Prefectura, no pueden leerse al margen de la “doctrina Bullrich” resumida en “yo no voy a tirar a un gendarme por la ventana”, primero, y completada luego con “no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión de la Prefectura carácter de verdad”. Sin perder de vista que el prólogo de este “tratado” fue el “protocolo anti piquetes” y, en febrero de 2016, la represión de Gendarmería contra niños de una murga de la villa 1-11-14. Después vinieron los desalojos de Pepsico y AGR-Clarín, entre otras acciones represivas contra trabajadores que actuaban en defensa de sus fuentes de trabajo. Las fuerzas de seguridad recibieron el mensaje: vía libre para su accionar violento. Sea en la represión de la protesta o en la prepotencia callejera. Saben que cuentan con el amparo oficial y su “versión”, así hayan provocado la muerte, tendrá “carácter de verdad”. 

El Poder Judicial está en el centro de la escena. Juega su propio partido. Por venganza, por revancha, por defensa de intereses corporativos y por alianza con el poder de turno. Por alguno de estos motivos y por todos ellos juntos. Los jueces son especialistas en la materia. El Gobierno sabe explotar esta realidad en una jugada a varias bandas: da vía libre a la arbitrariedad, la impulsa cuando le conviene y al mismo tiempo se desliga de las consecuencias con el insostenible argumento de la “independencia de la Justicia”. Lo sufren desde Milagro Sala hasta los ahora detenidos y procesados por la fraudulenta causa de traición a la patria montada en torno al memorándum con Irán. En medio, todos los demás que fueron cayendo, con y sin motivos. Todo perpetrado con la complicidad la Corte y burlándose de los organismos internacionales que reclaman amparo de los derechos de los ciudadanos.  

Pero como no basta con la adhesión incondicional del poder mediático, con el coro repiqueteante de aduladores mediáticos que en unos casos demandan y en otros anticipan las acciones conjuntas de la alianza político-judicial de Cambiemos, desde la Casa Rosada se impulsan acciones para acallar a los pocos medios opositores, por ahogo económico o por intimidación de diverso tipo. Se despiden periodistas críticos, se cierran medios o se intenta hacerlo. 

Sin embargo, de nada de ello se hará cargo Cambiemos, el Presidente y los integrantes del “mejor equipo” de los últimos cincuenta años. La respuesta sistemática es “no sabe, no contesta”. Tal como ahora lo sostiene Macri cuando inmutable le dice a la CNN que la ex presidenta “tiene que rendir cuentas ante la Justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán”. Porque, como queda claro “el Presidente no tiene por qué meterse en eso”. Para no olvidarnos que se trata del mismo Poder Judicial que ni siquiera investiga y no le pide cuentas a este Presidente por hechos tan graves como el escándalo del Correo Argentino. Entre otros asuntos.

Los expertos en economía –no es el caso de quien escribe– podrán exponer con toda claridad el entramado entre toma de deuda, recorte del gasto público, caída del salario real, inflación, reforma previsional, reforma impositiva y laboral. Todo tiene que ver con todo. Más allá de las explicaciones técnicas –siempre necesarias– el damnificado en todos los casos es el mismo: el sector constituido por asalariados y grupos vulnerables.

Para no aburrir con el recuento. Estamos volviendo a la “normalidad” argumentan los relatores oficiales. Y en este capítulo se integra también la idea de nuestro “regreso” al mundo y la alienación de Argentina con las potencias. Aunque esto no nos ayude ni a vender limones a Estados Unidos ni biodiesel a Europa para mejorar nuestra balanza comercial. Macri lee como un “reconocimiento” que el país presida el G-20 y no encuentra contradicción alguna, ni con su discurso sobre el diálogo y la institucionalidad, ni con su prestigio internacional, habilitar una lista de visitantes indeseables con ocasión de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en una Buenos Aires sometida a medidas extremas de seguridad. No extrañaría tampoco una explicación que vincule a los delegados de ONG impedidos de ingresar al país, con las milicias del ISIS y a unos y otros con la RAM del sur argentino. Seguramente todos ellos forman parte de la misma coalición que puede resumirse en “el enemigo” dispuesto a “poner palos en la rueda”. Llegará quizás el día en que hasta el papa Francisco podría quedar incluido en esta categoría porque insiste en su prédica en favor de los pobres y su crítica al capitalismo.

Son apenas algunos hechos. Todo tiene que ver con todo. Por eso sería un error aceptar la lógica del relato oficial que tiende a aislar cada uno de los hechos y, al mismo tiempo, a presentarlos todos apenas como decisiones técnicas, de gestión o medidas supuestamente institucionales. El objetivo oculto detrás de la trama invisibilizada es modificar de raíz las condiciones estructurales y el modo de vida de una Argentina que comenzaba a molestar a los verdaderos dueños del poder.