Ningún funcionario acepta la responsabilidad por vetar y deportar representantes de organizaciones no gubernamentales que habían sido acreditados para participar en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. “Nosotros no pusimos ningún impedimento para que ingresen al país. Nuestra única fuente de datos es el Departamento de Interpol de la Policía Federal”, aseguró ayer a PáginaI12 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras supervisaba el operativo de seguridad montado para el evento. La versión de la funcionaria contradice la explicación ofrecida por los diplomáticos de Cancillería, que habían justificado la decisión oficial en supuestos “llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales”. Desde la cartera que conduce Jorge Faurie explicaron a los medios que las “amenazas” que sirvieron de base para expulsar del país al activista noruego Petter Titland fueron identificadas por el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Algunos activistas lograron revertir el veto tras la intervención diplomática de Brasil, Francia, Noruega y Bélgica. 

–¿El gobierno argentino le quitó las acreditaciones y le prohibió el ingreso al país a 63 representantes de la sociedad civil en base a informes del Ministerio de Seguridad?, preguntó este diario a Bullrich.

–Nosotros no pusimos ningún impedimento para que ingresen al país. Nuestra única fuente de datos es el Departamento de Interpol que pertenece a la Policía Federal y no tiene impedimentos para la entrada de nadie.

–¿Entonces de dónde vino la orden?

–No sé. Nosotros le dijimos al juez que no pusimos ninguna restricción.

–Existe una lista con nombres de miembros de distintas ONG internacionales a los que se les prohibió la entrada al país.

–Eso es mentira. 

–Los nombres de los activistas vetados figuran en un cable diplomático oficial distribuido a las embajadas y consulados en el exterior.

–Eso es mentira. Nadie tenía impedimentos para entrar. No podían ingresar a la OMC pero eso es otra cosa. Esto lo hizo la Cancillería y lo fue corrigiendo con el tiempo.

–Deportaron a un ciudadano noruego en la madrugada del viernes.

–Eso es porque mintió en migraciones.

–Cuando lo expulsaron le dijeron que era por razones de seguridad.

–No.

La existencia de la lista negra se conoció a comienzos de mes cuando las ONG vetadas revelaron que el Gobierno les había retirado las acreditaciones para participar en la conferencia. PáginaI12 reveló además la existencia de un cable diplomático remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores por el cual ordenaba a las embajadas y consulados del país denegar visados a activistas, académicos y militantes pertenecientes a organizaciones de 17 países. “Llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”, expresó la Cancillería a través de un comunicado oficial donde buscó justificar la decisión que despertó cuestionamientos alrededor del mundo. A comienzos de la semana pasada, la ex titular del Palacio San Martín y presidente del evento internacional de la OMC, Susana Malcorra, reiteró a este diario que la decisión fue tomada a partir de “revisiones de antecedentes realizadas por el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Investigaciones”. Para la ministra Bullrich no fue así.

Aunque la funcionaria aseguró que el Departamento de Interpol de Policía Federal no estuvo involucrado en el veto de los expertos extranjeros, las autoridades migratorias de Aeroparque le aseguraron a dos profesores universitarios brasileños que existían alertas de Interpol sobre sus pasaportes. A pesar del hostigamiento, los activistas de la Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (Rebrip), una organización brasileña que figuraba en la lista negra, pudieron ingresar al país, aunque fue necesaria la intervención de la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

El intercambio entre este diario y la funcionaria sucedió ayer por la tarde mientras Bullrich supervisaba el despliegue de fuerzas de seguridad para la conferencia de la OMC. Acompañada por más de tres docenas de prefectos y policías que, a su vez, eran seguidos por siete vehículos de seguridad, la ministra caminó los 200 metros que separan el Hilton con el control de ingreso administrado por la Gendarmería en la esquina de Perón y Huergo. PáginaI12 se acercó a la ministra mientras saludaba a una hilera de gendarmes que ya habían sido relevados del servicio y negó ser la responsable de las deportaciones.