Pasado el mediodía de este miércoles, las autoridades del Partido Justicialista Distrito Salta ingresaron nuevamente a la sede de la calle Zuviría y retomaron formalmente sus funciones. 

La restitución se concretó tras el fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, quien el martes declaró nula la intervención dispuesta por el Consejo Nacional del PJ el 24 de febrero. El fallo, de alto impacto institucional, se conoció el mismo día en que el Congreso Nacional del partido, reunido vía Zoom, votó por amplia mayoría a favor de mantener la intervención: 451 votos afirmativos y 38 negativos.

La tensión entre la conducción nacional del justicialismo y la estructura partidaria salteña quedó nuevamente visible. Mientras en Buenos Aires se insiste con que hubo una desviación doctrinaria de los representantes legislativos nacionales de Salta, en los tribunales se resolvió que esa razón no justifica una intervención en términos jurídicos.

Según el fallo de Servini, “la mera discrepancia política o la votación legislativa disidente no constituyen, por sí solas, justificación para una intervención”; además, la jueza remarcó que se trató de una decisión tomada por un órgano incompetente. Advirtió que sólo situaciones como acefalía, desgobierno partidario, inactividad institucional o incumplimientos legales graves pueden habilitar una medida de esa naturaleza. Aunque también reconoció que el Congreso Nacional del partido es el órgano facultado para intervenir en los distritos: "la medida es inválida por no haber sido adoptada por el órgano competente –el Congreso Nacional del partido– y por carecer de causa justa y lícita”, afirmó. 

El Consejo Nacional había argumentado que legisladores nacionales electos por el PJ salteño –Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, actualmente integrantes del bloque Innovación Federal en Diputados– votaron en el Congreso en contra del ideario partidario y de las posturas del bloque Unión por la Patria, lo que fue considerado una “afrenta doctrinaria”. Pero para la justicia, esas diferencias políticas no son motivo para desplazar a autoridades elegidas por los afiliados.

Con el fallo en mano, una comitiva integrada por el apoderado del PJ Salta, Raúl Romeo Medina, los consejeros Luis Mendaña y Nancy del Valle Montero, y los miembros del Tribunal de Disciplina partidario Marcelo Villagrán y Pedro Mellado, ingresaron ayer a la sede partidaria. Fueron recibidos por la supervisora designada durante la intervención, Claudia Toconás, a quien le solicitaron que informara de inmediato a los interventores designados por el PJ nacional, Sergio Berni y María Luz Alonso, quienes no se encontraban en la provincia.

Además de entregar copia del fallo, el grupo solicitó la restitución de toda la documentación entregada el 10 de marzo al momento de la intervención; una rendición de cuentas de la gestión interventora y la devolución del control de las cuentas bancarias del partido.

El acto de restitución quedó formalmente certificado por la escribana Laura Gabriela Anna, y se realizó sin incidentes. Las autoridades locales, que asumieron el 10 de abril de 2023, tienen mandato vigente hasta 2027.

"Una intervención injustificada y nula"

En diálogo con Salta/12, el vicepresidente primero del PJ Salta, Gastón Galíndez, consideró que el fallo judicial representa un triunfo político e institucional. Explicó que para las autoridades locales el fallo es claro y que se da en el marco de uno de los dos caminos que habían tomado para tratar de revertir la intervención: el reclamo institucional al propio partido y la vía judicial. "La sentencia judicial es clara porque toma del dictamen fiscal que el órgano que la dictó no es competente, pero también avanza sobre la cuestión de fondo”, subrayó.

Y sostuvo que una diferencia de criterios en la votación de los diputados nacionales no puede ser causa suficiente para intervenir un partido. "No es el remedio adecuado", insistió Galíndez. Además, consideró que "la jueza distingue bien lo que es el Consejo y el Congreso, y declara la nulidad de la intervención dispuesta por el Partido Justicialista, es decir, por todos sus órganos. Por lo tanto, está vigente la decisión judicial de restituir a las autoridades”, afirmó.

También refirió que la resolución judicial tiene un alcance superior a cualquier decisión interna del partido: “El fallo deja sin efecto la intervención. El Congreso podrá opinar políticamente, pero judicialmente la intervención ha sido anulada. Y eso está en plena vigencia”, aseguró. 

A pesar de ello, la ratificación de la intervención por parte del Congreso Nacional del PJ abre una nueva incógnita. Si bien la justicia ya se pronunció, para el partido a nivel nacional la conducta de los legisladores salteños sigue siendo motivo de conflicto. El Consejo Nacional del PJ puede evaluar recurrir a la Cámara Nacional Electoral en caso de querer sostener la intervención.

Desde Salta, las autoridades restituidas afirmaron que la discusión ya está zanjada por la vía judicial, y que cualquier intento de sostener la intervención sin nuevos elementos probatorios carece de asidero.