En un país donde el presidente Javier Milei celebra la motosierra como símbolo de libertad, el acceso a productos de gestión menstrual se ha convertido en una batalla de primera necesidad. 

Un informe presentado por la concejala salteña Malvina Gareca expuso que la Canasta Básica Menstrual (CBM) aumentó un 6.383% entre 2018 y 2025, lo que equivale a más de $140.000 anuales por persona que menstrúa. Sin embargo, el gobierno nacional decidió eliminar el programa MenstruAR, que garantizaba el acceso gratuito a estos insumos para sectores vulnerables.

“El gasto mensual ronda los $11.773, una cifra que representa alrededor del 10% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de una persona adulta”, advirtió Gareca durante una sesión del Concejo Deliberante de Salta. Y señaló que en hogares donde hay dos personas menstruantes, el gasto asciende a $282.552 por año, un monto similar al de servicios esenciales como la energía o la alimentación.

La canasta incluye productos básicos, como toallitas, tampones, protectores diarios, analgésicos y una copa menstrual como alternativa reutilizable. El estudio destacó que aunque la copa menstrual reduce el gasto a largo plazo y es más sustentable, el acceso económico y cultural sigue siendo limitado, puesto que solo el 12% de las personas menstruantes reporta su uso, mientras que el 82% aún depende de productos descartables.

Los datos no son nuevos, pero el desinterés estatal los vuelve urgentes, remarcó la edil. Según informes de la Defensoría del Pueblo (2020) y UNICEF (2021), entre el 10% y el 47% de las personas menstruantes han dejado de asistir al trabajo, la escuela o actividades sociales por no poder costear productos de higiene menstrual.

Milei, contra la equidad de género

El informe fue presentado casi en simultáneo con la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el programa MenstruAR, junto a otras 12 políticas públicas del desaparecido Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. El anuncio vino de la mano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien lo celebró como una muestra de “eficiencia” económica. “Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, entre ellos el insólito MenstruAR”, escribió en redes sociales, agregando que así “se ahorran más de $6.000 millones de pesos por año”.

Pero lo que Cúneo Libarona llama "despilfarro", para millones de personas significaba dignidad. Gareca viene insistiendo desde hace años en que menstruar no es una ideología. Es una función fisiológica, no optativa, por lo que se convierte en una cuestión de justicia social y de derechos humanos. En ese sentido, su informe cuestionó la falta de perspectiva de género en las políticas de ajuste e instó a que el Estado y los gobiernos locales actúen para reducir esta desigualdad estructural. 

Lejos del desinterés del gobierno nacional, en la ciudad de Salta la ordenanza 15.993, impulsada por Gareca y aprobada en 2022, creó el Programa Municipal de Gestión Menstrual, que contempla la provisión gratuita de productos en contextos de vulnerabilidad y espacios comunitarios. El presupuesto municipal 2025 incluye una partida específica para su implementación, lo que se convierte en un gesto político que cobra más fuerza frente al desmantelamiento de políticas nacionales.

“El gasto mensual en productos de gestión menstrual representa una carga económica importante, especialmente en hogares vulnerables. Además, el acceso desigual tiene impacto directo en derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo”, subrayó el documento.

Impuestos sobre la menstruación

Además del costo directo, el informe denunció un agravante fiscal: todos los productos de gestión menstrual pagan 21% de IVA, lo que los encarece innecesariamente. “Ese impuesto es una forma de penalizar una necesidad biológica”, explicó la edil. Por eso, una de las recomendaciones centrales del informe es impulsar la eliminación del IVA a estos productos y exigir al Congreso Nacional su tratamiento.

Gareca propuso medidas concretas para avanzar en una política menstrual integral, que contempla entregar productos de gestión menstrual en escuelas, hospitales, comedores y cárceles; crear un observatorio municipal de precios y acceso a la canasta básica menstrual; promover campañas educativas sobre salud menstrual y alternativas sustentables, e impulsar desde lo local la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica menstrual.

La eliminación de MenstruAR y de otras 12 políticas de protección de género no es sólo un recorte presupuestario, es parte de una visión política que niega las desigualdades estructurales. En ese sentido, el informe de Gareca representa una advertencia urgente sobre los efectos invisibles del ajuste. “El Estado no puede correrse del deber de garantizar el acceso a derechos básicos. Menstruar no debe ser un privilegio. La gestión menstrual debe reconocerse como un derecho humano que garantice equidad, salud y dignidad”, concluye el informe.