En las últimas horas la CGT presentó un recurso de amparo ante la Justicia laboral para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei pretende cercenar el derecho a huelga.
"La Justicia nos dio la razón: es inconstitucional, no pueden tratar de legislarlo a través de un decreto y está en contra de los tratados internaciones. Vuelven a desobedecer no solamente el reconocmiento de los derechos de los trabajadores sino un reconocimiento de la Justicia, que se los había dicho ya en tres sentencias", recapituló el jefe de prensa de la central obrera, Jorge Sola, este lunes por la tarde en la 750.
La presentación fue hecha ante el Juzgado Laboral 3, a cargo de Moira Fullana, en un escrito que pone en jaque la constitucionalidad de ese DNU desde varias aristas. Una de ellas tiene que ver con el debido proceso legislativo, ya que “la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto” sino a través de ley sancionada por el Congreso.
"La lógica es que tratan de vaciar de contenido una medida de quite de colaboración. Entre las fuerzas que se tensionan en una relación laboral, que son las de empleadores y trabajadores, van en contra de la fortaleza que tienen los trabajadores, que es que, cuando sus reclamos no se resuelven en una mesa de diálogo, pueden llegar a una medida extrema como la de quite de colaboración. Al poner un porcentaje tan alto de obligación de presencia le quitan la razón de ser a un derceho natural de los trabajadores reconocido no solo por la Constitución sino por los tratados internacionales y por la mirada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que especifica qué áreas son esenciales y cuáles no", remarcó Sola.
Consultado por las expectativas de la CGT con respecto a la decisión judicial, "el encargado de prensa de la central obrera se mostró convencido de que el DNU va a quedar "sin efecto": "Entendemos que la Justicia va a resolver en tiempo porque los recursos de amparo tiene tiempos procesales claros y cortos. Y entendemos que, por los antecedentes que ya se dirimieron en un juzgado y en una Cámara de trabajo, (la Justicia) va a mantener el mismo criterio", señaló Sola.
Por otra parte, apuntó contra la actitud beligarante del gobierno para con el movimiento obrero. "Esto lo digo a modo personal: no puede ser que todas las cuestiones en las que tengamos diferencias se resuelvan viendo quién va más lejos. No hay un espacio de diálogo ni mesa donde nos puedan haber plantado la necesidad de establecer criterios para limitar el derecho de huelga. Por lo tanto dicen: 'bueno, tengo la lapicera, tiro este decreto y después vemos qué hacemos'. Y mientras tanto se olvidan de todo. Es una condición de cómo gobiernan", criticó.
Y concluyó: "Tratan de debilitar a las asociaciones gremiales. Ya lo dijo (Federico) Sturzenegger en una de las masterclass que dio en Miami, cuando decía que tenían que debilitar al movimiento obrero argentino. Y una forma era desfinanciarlo, y la otra era sacarle el poder de fuego. ¿Y qué herramientas tienen los trabajadores para demostrar que son fuertes? El quite de colaboración, la posibilidad de hacer una huelga, una asamblea".
"A partir del 3 de junio empieza la Conferencia de la OIT y vamos a llevar una denuncia puntual del incumplimiento del gobierno argentino para con las asociaciones gremiales", adelantó.
Un DNU contra el derecho de huelga
El DNU 340 publicado el miércoles último en el Boletín Oficial refiere al Régimen de Excepción de la Marina Mercante pero en uno de sus artículos modificó el capítulo de Convenios Colectivos de Trabajo. Avanza sobre el derecho de huelga a través de la redefinición de los servicios esenciales y la incorporación del concepto de actividades trascendentales. Sobre los esenciales, exige que durante una huelga se garantice una cobertura mínima del 75 por ciento, y del 50 por ciento en las actividades trascendentales.
El decreto es un eco del cuestionado DNU 70/2023 con el que Milei, a días de haber asumido, intentó avanzar contra los derechos del trabajo. Por este motivo fue declarado inconstitucional y ese capítulo laboral quedó inactivo.
La acción de amparo presentada por la CGT ante la jueza Fullana plantea que el DNU de Milei limita el derecho a huelga y “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”.
