El Consenso Fiscal que acordaron el gobierno nacional y las provincias establece, en una de sus cláusulas, el compromiso de incluir en la Ley de Presupuesto 2018 un artículo específico que le permita al Tesoro Nacional apropiarse de 20.000 millones de pesos de las utilidades líquidas del Banco de la Nación Argentina (BNA) y, en los ejercicios sucesivos, hasta el 20 por ciento de las que obtenga. 

En el último balance anual (31/12/2016) el BNA declaró utilidades netas no distribuidas por 21.665 millones de pesos. Lo que propone el Consenso es autorizar al gobierno a echarle mano a la casi totalidad de sus utilidades y, en lo sucesivo, hacerse de un flujo anual que hoy equivale al monto de las reservas que la entidad está legalmente obligada a constituir.

Solo los necios creen que, alguna vez, alcanzarán el éxito repitiendo una y otra vez los errores del pasado. Precisamente, la utilidad de la historia como ciencia social es que permite prevenir esta tendencia tan recurrente en nuestra dirigencia política. La historia, decía Alberdi, sirve para explicar las causas de sucesos desgraciados para aprender a prevenirlos y a reemplazarlos, en el futuro, por otros más felices.

Un breve repaso histórico: el Banco de la Nación Argentina se creó en octubre de 1891 luego de la quiebra de los bancos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. A raíz de la crisis de la deuda pública en 1890, la quiebra de las dos principales entidades de la banca nacional fue una entre tantas condiciones que el gobierno argentino debió cumplir para satisfacer a los bancos londinenses, preocupados por evitar la bancarrota de Baring Brothers.  

Dos décadas antes, durante la presidencia de Sarmiento, el Congreso había sancionado la ley que creó el Banco Nacional, una entidad financiera privada con participación accionaria estatal que abrió sus puertas al público en noviembre de 1873. Las principales funciones asignadas a esta entidad fueron las de emitir moneda, otorgar préstamos al sector público y actuar como agente financiero del gobierno nacional.   

Durante 18 años el Banco Nacional tuvo una existencia errática y finalmente fracasó, en gran medida, por la misma causa que cometieron sus antecesores y su principal y eterno rival: el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

En 1826, durante la efímera presidencia de Rivadavia se fundó el Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata –el primer Banco Nacional– que absorbió la atribución del Banco Provincia para emitir papel moneda convertible. Si bien en sus orígenes los billetes se canjeaban a la par con el Peso Fuerte de plata, la situación se desbarrancó rápidamente: en cuatro meses apenas, el Banco se desangró por los enormes gastos derivados de la guerra contra el Imperio de Brasil, la cotización del papel moneda se desplomó y la convertibilidad debió ser abandonada. Finalmente, este primer Banco Nacional fue disuelto en mayo de 1836, durante el gobierno de Rosas. En 1863, emulando la experiencia de Rivadavia, el presidente Mitre intentó sin éxito impulsar una ley que transformara al Banco de la Provincia de Buenos Aires en un nuevo Banco Nacional. Una vez federalizadas las aduanas, la intención del gobierno era adueñarse del monopolio de la emisión monetaria, un resorte fundamental para financiar el creciente déficit público. En aquella ocasión la legislatura bonaerense –hegemonizada por los autonomistas de Adolfo Alsina– impidió esta maniobra.       

El denominador común de estos hechos es el deseo inconfesado de los gobiernos por convertir a los bancos públicos en bombas de succión para atraer depositantes y absorber sus fondos para, luego, atender con ellos sus necesidades financieras. 

El BNA fue creado con el propósito original de romper con esta lógica para convertirse en una verdadera institución promotora del crédito. Previo a su creación tuvo lugar, como ya se señaló, la quiebra del Banco Nacional. El texto del decreto de abril de 1891 mediante el cual el presidente Carlos Pellegrini ordenó su liquidación exponía claramente la causa principal de aquella decisión extrema: “al hacer de los Bancos parte integrante de la administración política y económica del Estado, obliga a su administración a tener en cuenta y a ceder a razones o a exigencias ajenas a las únicas que deben presidir a la dirección o administración de una institución de crédito”. Idéntico fue el vínculo de subordinación política del Banco Provincia respecto del gobierno bonaerense, hasta que también cayó en la quiebra en agosto de 1891.

El nuevo Consenso Fiscal ha obviado, sin dudas, estas valiosas lecciones de la historia. Las necesidades financieras del actual gobierno lo empujan a “raspar la olla” y echar mano de cualquier recurso que encuentren a su alcance. A lo largo de nuestra historia hemos visto reiteradamente que las decisiones políticas y fiscales exclusivamente fundadas en la “racionalidad de la caja” siempre nos han enfrentado con peligrosas fugas hacia adelante.

Echar mano a las utilidades acumuladas de la principal entidad bancaria del país para cubrir parte del rojo fiscal –distrayéndolos de su principal misión– no es una solución aconsejable en términos sustentabilidad fiscal, sea o no consensuada con los gobernadores. No lo es ahora, como tampoco lo fue en el pasado 

* Politólogo. Autor de Hacienda y Nación. Una historia fiscal y financiera de la Argentina (Eudeba).