Por unanimidad, solo con observaciones del senador Walter Wayar (alineado con el kirchnerismo) y en una sesión atravesada por la agitación provocada por la confirmación de la condena a Cristina Fernández, la Cámara de Senadores de Salta le dio media sanción ayer al decreto de necesidad y urgencia por el que el gobernador Gustavo Sáenz establece un Régimen Promocional Transitorio para las Tasas Retributivas de Servicios, que implica una baja en los impuestos que paga la actividad minera. 

El senador Juan Cruz Curá (de Orán, e integrante del bloque del oficialismo provincial, que en el Senado es casi absoluto) fue el encargado de explicar por qué el gobierno decidió ahora bajar la tasa de servicios a la actividad minera luego de que la Legislatura aprobara, en noviembre de 2023, una ley, la 8419, que subía esta tasa para determinados servicios mineros.  

"El contexto por el cual se aprobó en su momento la ley 8419 ha cambiado y por ello amerita readecuar lo estipulado en dicha norma”, sostuvo el legislador. Bajó el precio del litio, que es la actividad minera de mayor envergadura en la provincia; la inflación subió la tasa tributaria, además de las "dificultades del sector para concretar inversiones", enumeró sobre las razones que motivaron el dictado del DNU. 

Curá no dió detalles sobre las razones que dificultan las inversiones pero antes el senador Miguel Calabró (cuando se manifestó por lo de Cristina) había dado una pista: dijo que las empresas mineras están reticentes a invertir en el país porque el gobierno nacional no les garantiza gobernabilidad. 

El senador Curá dijo que este decreto del gobierno salteño busca reactivar el sector minero; recordó que el gobierno viene tomando medidas para promocionar a la provincia "como un espacio propicio y competitivo para la producción minera”. 

Curá reconoció sin ambages que el régimen especial tributario, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 con posibilidad de prorrogarlo por un año más, fue diseñado en conversación con los principales actores de la industria minera, incluidas las cámaras empresarias. Dijo que de esta manera se garantizó “un enfoque integral y equilibrado para las necesidades del sector”.

“El gobierno provincial busca aliviar las cargas económicas que enfrentan las empresas mineras", destacando el rol estratégico de esta actividad como "motor de desarrollo económico, social y ambiental (sic)”, aseguró. 

Según detalló, cuando el Senado decidió subir la tasa, costaba "alrededor de 4.200 pesos" hacer una exploración minera, “lo cual nos parecía demasiado bajo por eso se acordó subir”, dijo. Pero la inflación provocó “un aumento muy grande”, con lo cual se pasó de 4.200 pesos a 34 millones de pesos, “lo cual nos parece ya demasiado alto y nos deja fuera de competitividad como provincia”. Por eso, con el DNU una exploración quedaría “más o menos en 4 millones 300 mil pesos”.

Bajas para unos, y subas para otros  

El senador Wayar pidió que se le explicara de nuevo la decisión de bajar la tasa de servicios por exploración. “No hace mucho este Senado trató la suba impositiva al sector minero ya que era el sector que más se desarrollaba, el que más ganancia daba y el que más dinamización de la economía iba a producir”, señaló.

Curá reiteró su explicación y Wayar, poco convencido, dijo que hubiera preferido un proyecto de ley en lugar de un DNU, para poder debatir su contenido. Reconoció que no asistió a la reunión de comisión, no pensó que podía modificarse en tan poco tiempo una ley aprobada por la Cámara, “sobre todo en esta magnitud”, se sinceró. 

Con el DNU no hay tiempo para analizar si la decisión es lo justo o no, o si la unidad es competitiva o no, ¿será posible seguir su tratamiento en otra sesión para poder conversarlo más?, consultó. Curá recordó que hubo dos oportunidades para analizar el DNU, en una reunión con la secretaria de Minería, Romina Sassarini, y ayer mismo en la visita del equipo de Economía por la baja de ingresos brutos. 

“Veo que estamos subiendo el boleto del colectivo permanentemente, o sea, al bolsillo del que menos tiene le aumentamos las cosas y al bolsillo de los que más tienen les bajamos costos. Estas son las cosas que me hacen ruido”, objetó Wayar. “¿Qué nos está pasando que a los que menos tienen les subimos con total facilidad y a quienes más tienen les habíamos subido de común acuerdo todos y luego desde el Ejecutivo nos envían un decreto de necesidad y urgencia?”, una ley hubiera permitido una mayor discusión, insistió. 

Esta vez le respondió el senador Leopoldo Salva (del minero departamento Los Andes, y también del oficialismo). Dijo que la secretaria de Minería fue muy clara al explicar: “Es a raíz de la baja en los precios de los minerales” y eso se había dicho cuando se aprobó la suba, porque hay minerales que dependen mucho del precio internacional, en este caso el del litio, que pasó de 80 mil dólares la tonelada a unos 10 mil, detalló.

También aclaró que se está hablando de tasas que cobra la provincia, no de un canon minero, y son facultades que tiene el Ejecutivo. 

“Me encanta cuando me quieren dar lecciones”, se molestó Wayar, por lo de la diferenciación entre tasa y canon. “Entonces tenemos que decir que hemos aprobado una ley hace un año irresponsablemente, en este Senado, propuesta por este Senado”. "Hay contradicciones en la forma de gestionar”, observó. Añadió que, sin embargo, si los senadores de los departamentos mineros creen que bajando impuestos será conveniente para su comunidad, iba a acompañar con su voto, aunque recordó que siempre se quejan por necesidades insatisfechas en su zona, como la mala condición de los caminos y el acceso a la salud. 

Salva aclaró que no quiso "faltar el respeto a nadie”, y afirmó que le reclamó a la secretaria de Minería por la falta de controles a la actividad minera y Sassarini se comprometió a que “La provincia va a poner controles en la Puna”.

El DNU fue aprobado y pasó a la Cámara de Diputados.