El haber jurado como concejala y participar luego de una sesión en la Cámara de Diputados le puede costar muy caro a Ana Martínez. Es que para el reconocido abogado constitucionalista Domingo Rondina la situación "es un delito, usurpación de funciones públicas" y podría caberle una pena de prisión de uno a tres años. La irregularidad, quizás en otro caso, podría invalidar la sesión preparatoria del Congreso. Es que la dirigente PRO se sentó en una banca para reelegir al presidente Emilio Monzó cuando unas horas antes había asumido como edila y votado a favor del presidente del Legislativo rosarino, Alejandro Rosselló.

Martínez presentó su renuncia el día 7 de diciembre, cuando podría haberlo hecho mucho tiempo antes y evitar sinsabores a sus compañeros macristas, por un lado, y desprolijidades institucionales, por el otro. Demoró así la jura de su reemplazante Astrid Hummel y en el medio se permitió jurar como concejala el lunes 4, votar en la sesión preparatoria ese mismo día y dos días más tarde, el miércoles 6, sentarse en una banca del Congreso para formar parte de la sesión preparatoria que reeligió a Monzó. Ella lo comunicó de manera natural vía redes sociales, pero a sus pares del bloque PRO el movimiento les hizo mucho ruido.

"Estuvo mal, si su voto fue tenido en cuenta en la Cámara de Diputados fue inválido", apuntó Rondina en diálogo con Rosario/12. "No soy partidario de mezclar lo penal con la política en estos delitos formales y quiero dejarlo en claro, pero es un delito, usurpación de funciones públicas. Ella ya no era diputada, era una dipu trucha", añadió. Como este diario contó el día viernes, Martínez asistió a la preparatoria del Congreso, cuando el grueso de diputados salientes se encontraba en las gradas del recinto, no en las bancas. Se espera que hoy, si hay sesión, asuma Hummel, más de diez después de la jura de 126 electos y entrantes.

"Podría invalidar la sesión de diputados, si implica una presencia sustantiva para el quorum, puede traer muchos problemas", dijo Rondina, aunque en rigor la elección de Monzó fue casi unánime, apoyado por todas las bancadas, salvo la de la izquierda que se abstuvo. "Seamos claros, Diputados no tenía formas de saber la situación, el que tenía que verificar era el Concejo", agregó el abogado santafesino. Rosario/12 llamó en varias oportunidades a la concejala para que brinde explicaciones, pero no recibió respuesta. "Anita por el momento definió no salir en medios y quizás esta no sea la excepción", apuntaron desde su entorno sobre la falta de respuesta ante el requerimiento periodístico sobre la irregularidad que cometió.

Se entiende por usurpación de funciones públicas a "el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial". Es un delito que está contemplado en el artículo 402 del Código Penal. En la provincia hay un antecedente similar, en el año 1996. A Enrique Llopis se le superpusieron dos cargos, el de subsecretario de Cultura provincial, bajo la gobernación de Jorge Obeid, y el de legislador nacional. Como recuerda La Nación, pidió licencia en la Cámara, "pero inmediatamente volvió a ocupar su banca para votar una norma decisiva, la llamada ley de superpoderes impulsada por el presidente Carlos Menem, que necesitaba de todos los votos que pudiera recoger. En los hechos, Llopis ejerció dos funciones al mismo tiempo".